Sánchez e Iglesias quieren más populismo tras el golpe al Supremo: pisos públicos para los desahuciados

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (izda), y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la firma del acuerdo sobre el proyecto de ley de presupuestos para 2019. (Foto: Efe)
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El Gobierno quiere reconocer el derecho a vivienda social de los desahuciados por impago. Tras haber desautorizado al Tribunal Supremo por dar la razón a los bancos en el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, ahora el Ejecutivo quiere sacar adelante junto con Podemos una ampliación del derecho de vivienda para todos los desahuciados que sean expulsados del piso.

A todos ellos les quiere garantizar una vivienda social, algo que puede disparar no sólo las necesidades presupuestarias de dotación del parque de viviendas sociales sino que, además, puede disparar las situaciones de impago falsas para acceder de forma prioritaria a una vivienda de estas características.

En el PSOE lo denominan “dotar de contenido el derecho a la vivienda mediante la previsión de obligaciones concretas para los poderes públicos, especialmente en casos de desahucio”. Y es que pretenden llevar la reforma hasta la Constitución, algo que haría muy difícil darle marcha atrás en caso de lograrlo.

El cambio principal y la base de la negociación con Podemos pasa por que en el caso de desahucio del alquiler o vivienda en propiedad con crédito hipotecario, se active automáticamente una notificación a los servicios sociales competentes para que intervengan y garanticen la instalación inmediata en caso de tratarse de familias sin patrimonio o recursos para alquilar por su cuenta otra vivienda.

Todo ello llevará aparejado un fuerte gasto en vivienda social, para lo que el PSOE plantea aumentar la financiación de la vivienda pública de alquiler. Una línea de actuación del ICO, de este modo, será la de ampliar su apuesta por la construcción de viviendas sociales para integrarse en el parque público de viviendas de alquiler, en línea con los objetivos de los planes estatales de vivienda ya existentes.

En ese mismo capítulo, los socialistas incluyen un cambio en la gestión de la Sareb para, respetando los derechos del accionariado privado que ha invertido en Sareb, contribuir a crear un parque de vivienda social de alquiler al que puedan acogerse, también, familias desahuciadas de su vivienda habitual.

Se trata de un paso más en lo que los socialistas y podemitas consideran que es su programa de vivienda social. El primer paso lo dieron ya los socialistas con la proposición de Ley en el Congreso para controlar la subida de precios del alquiler. La proposición, ya trasladada a las Cortes pretende reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos retomando el mínimo de 5 años de contrato del inquilino, desgravaciones fiscales para inquilinos y de hasta un 100% para los propietarios que ofrezcan rentas asequibles y referenciadas por los ayuntamientos, y limitaciones a la posibilidad de fijar libremente la fianza a los inquilinos.

Los socialistas, además, pretenden realizar cambios en la Ley del Suelo para aumentar el parque de viviendas en alquiler.

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