La fundación de los puticlubs dio decenas de cursos sin que el profesor controlara la asistencia

La extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), la entidad de la Junta de Andalucía que gastó dinero público en puticlubs, gestionó decenas de cursos de formación sin que los profesores encargados de los mismos controlaran la asistencia de los alumnos. De ello da cuenta la auditoría externa realizada por la empresa ATD y remitida por el propio Gobierno andaluz a la Comisión de investigación parlamentaria sobre el presunto fraude en esta actividad de la Faffe.

Esta irregularidad aparece en uno de los 12 expedientes seleccionados y analizados por dicha auditoría de forma aleatoria de entre las 55 subvenciones que recibió la Faffe a través de la Consejería de Empleo en los años 2009, 2010 y 2011, coincidiendo con los mandatos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Esta ayuda nominativa destinada a “la mejora de la cualificación profesional de las personas desempleadas y ocupadas en la Comunidad Autónoma Andaluza” tuvo un presupuesto de 25 millones de euros, de los cuales ejecutó casi 20 millones. Fue otorgada por acuerdo del Consejo de Gobierno siendo Griñán presidente de la Junta y se autorizó el abono sin justificación previa.

Este expediente estuvo compuesto de 728 cursos de formación que fueron impartidos por terceras entidades en cinco módulos (programación no homologada para personas ocupadas, desempleadas, colectivos en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género y tipo programación homologada). Sin embargo, la auditora ATD no analizó todos esos cursos debido a su elevado volumen y a que, según le indicó el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) -organismo de la Consejería de Empleo que absorbió a la Faffe desde mayo de 2011-, la documentación se encontraba repartida por las distintas delegaciones territoriales.

De ese modo, la firma ATD sólo estudió una selección de 25 cursos (de un total de 728) abarcando todos los módulos salvo el de las víctimas de violencia de género , que quedó al margen por la «confidencialidad» de las beneficiarias. En este contexto, la auditoría externa detectó que en 23 de los cursos seleccionados (el 92%) el programa informático Gefoc incluía una «Hoja resumen mensual del control de asistencia de los/as alumnos/as». Pero, sorprendentemente, el informe de ATD Auditores apunta que «de la documentación física recibida, en sólo 3 de los cursos seleccionados (el 12% del total) el mencionado documento está firmado por el profesor encargado del curso». Por tanto, tres cursos con firma, y 20 cursos sin firma.

La auditoría añade que la Faffe disponía de los partes semanales firmados por los alumnos, pero ello no garantiza que todos los beneficiarios de estos cursos asistieran a todas las clases, puesto que estas firmas, sin el control del profesor, puede haber sido perfectamente falsificadas.

Las pesquisas de Alaya

Mucho antes de la realización de esta auditoría, la magistrada Mercedes Alaya ya se interesó en septiembre de 2014 por los «certificados de asistencia» y la emisión de «diplomas» en cuatro expedientes de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Así, dictó un auto reclamando esta documentación a la Consejería de Empleo de la Junta. Sin embargo, con la llegada de María Núñez Bolaños al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en 2015, estas pesquisas se frenaron. En el último año, el caso Faffe, investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha sido retomado por Núñez Bolaños, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción.