El Gobierno afronta un aluvión de demandas de exhumaciones en el Valle de los Caídos

El Gobierno de Pedro Sánchez busca cómo encarrilar la expectativa de muchas familias a ver satisfechas sus demandas para la exhumación de los restos de sus allegados enterrados en el Valle de los Caídos, a la vista de las dificultades que, avisan los expertos, conlleva esa operación.

Las reclamaciones de estos familiares se ha visto alentada, en los últimos días, por el inicio de la exhumación de dos cuerpos, el de los hermanos Lapeña, fusilados en Calatayud en 1936 y trasladados tiempo después de su muerte al Valle de los Caídos y cuya familia llevaba años litigando por su exhumación en los tribunales.

Este precedente abre la puerta a nuevas reclamaciones, y a un aluvión de demandas en los tribunales, que el Gobierno Sánchez afronta con contradicciones. En el Valle de los Caídos hay restos de más de 33.000 personas, 12.000 de ellas sin identificar. Hasta la de los hermanos Lapeña, solo se habían realizado tres aperturas, y ninguna de ellas por la vía de los tribunales.

En su día, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, Patrimonio Nacional avisó de los riesgos y conflictos por esta operación, fundamentalmente, por la posibilidad de que las familias con allegados en el Valle tuviese intereses contrapuestos con las exhumaciones.

«Si finalmente se comprueba que los columbarios en los que pueden encontrarse los restos de los hermanos Lapeña se han convertido actualmente en un osario, en el que se encuentran confundidos con los restos cadavéricos de las demás personas inhumadas en el mismo piso (…), deberá hacerse saber esta circunstancia a su familia, para que interponga una demanda en el correspondiente proceso declarativo ante la Jurisdicción ordinaria», se explicaba.

Esa advertencia hizo que el Ejecutivo de Rajoy se tomase con cautelas las exhumaciones, en vistas a no abrir un conflicto de familias. Sin embargo, ya bajo el gobierno de Sánchez, se autorizó al inicio de los trabajos «con la mayor brevedad posible».

Los expertos de la Comisión encargada de Zapatero afirmaron que las exhumaciones eran «imposibles» 

La circunstancia genera recelos entre los expertos, que se plasman incluso en los informes que el propio Ejecutivo maneja como base para su proyecto del Valle de los Caídos.

El informe encargado en 2011 por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, era concluyente al rebajar al extremo las opciones de atender a las reclamaciones de las familias y recogían una visión crítica de las exhumaciones generalizadas, que llegaron a considerar «imposibles» a la vista del estado de los restos en el Valle.

«La Comisión entiende que les asiste un derecho moral (a los familiares) a que se satisfaga en la medida de lo posible dicha reclamación. En cuanto a la viabilidad de su identificación, exhumación y devolución, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el deterioro de las criptas y de los columbarios, unido al volumen de restos enterrados, hace prácticamente imposible como norma general, la identificación individualizada», recogía el texto, coordinado por los juristas Virgilio Zapatero y Pedro José González-Trevijano.

«Huesos mezclados»

El informe-base para los planes del Gobierno con respecto al conjunto del Valle de los Caídos-admitía como un «problema especialmente difícil de aclarar» para los miembros de la Comisión «la viabilidad técnica de la identificación» de los restos. En este contexto, se remitía además a un informe forense-en posesión de los familiares-en los que se «argumenta la dificultad técnica de una operación de este tipo». «En  unos casos por no haber sido localizado el columbario en cuestión, a veces, por haberse fragmentado los columbarios y mezclado los restos de numerosas personas y, en otros supuestos, por no haber podido entrar en la cripta e inspeccionar en los sucesivos niveles de los osarios».

Los expertos advierten del riesgo de que las familias de los allí enterrados tengan intereses contrapuestos 

En conclusión, se enfriaba al máximo la posibilidad de dar cumplimiento a las demandas de los familiares, porque, aún cuando técnicamente fuera posible, se exigiría evaluar «problemas legales», como derechos de las familias que pudiesen tener intereses contrapuestos, «así como el volumen de recursos personales y materiales precisos».

Aluvión en los tribunales: el Ejecutivo de Sánchez ha autorizado que se exhumen los restos de los hermanos Lapeña

Entre tanto, el foco principal está en la exhumación de los restos de Francisco Franco, una operación que el Ejecutivo trata de encarrilar a la desesperada para cumplir con uno de los grandes compromisos de Sánchez.

Como informó OKDIARIO, el Gobierno ha recurrido en los últimos días a los contactos informales para tratar de convencer  a los Franco-que advierten con llevar la exhumación a los tribunales-a través de intermediarios, es decir, personas del círculo de amistades de la familia y con relación con el Gobierno. Los Franco presentarán una querella contra Sánchez si persiste en los planes.