El Gobierno admite la «emergencia» migratoria y licita contratos inmediatos por 3,5 millones

El ministerio de Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, ha aprobado varios contratos de emergencia para habilitar una dependencia en la Bahía de Algeciras (Cádiz) para atender a los inmigrantes que lleguen a las costas. La suma de esos contratos —estimada para tres meses— asciende a casi 3,5 millones de euros, entre los que destaca una partida de 350.000 para traductores e intérpretes.

La resolución —a la que ha tenido acceso OKDIARIO— habla de la «emergencia» provocada por la «llegada inesperada y masiva de las embarcaciones con inmigrantes a las costas españolas» —en los últimos dos días, 1.200 personas han arribado al país por la zona del Estrecho, Murcia y Alicante— y alerta de que no se trata de algo «temporal».

En este concreto, se destaca el notable aumento de los inmigrantes llegados  a las costas de Cádiz —3.060 personas solo en el mes de junio, una cifra que duplica la del año pasado— lo que obliga a la Administración a «tener medios propios y convenientemente acondicionados para dar una primera respuesta asistencial, previa a su puesta en libertad o solicitud de entrada en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) para su propuesta de expulsión cuando las circunstancias personales de los migrantes así lo demande».

El Gobierno admite que la situación no es temporal y alerta del aumento de la llegada de inmigrantes sobre años anteriores

Los contratos se destinan a la dotación de varias naves y terrenos cedidos por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, y que permitirán albergar diariamente a unas 350 personas, mientras se tramitan las diligencias de identificación y comprobación de antecedentes, antes de ser derivados a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o puestos a disposición de las ONGs.

El importe de los contratos asciende a 3.472.332 euros —para tres meses— que se distribuyen en 768.537 euros para suministros (ropa, calzado, elementos de aseo, mantas, sábanas, papel higiénico), 18.480 para mobiliario de distinto tipo y 2.100.000 euros para ‘servicios’. Este capítulo se reparte en transporte (50.000 euros), alimentación (600.000 euros), asistencia sanitaria (250.000), limpieza y lavandería (450.000), traducción e interpretación (350.000) y suministros de energía o agua (400.000). Especialmente llamativo son los 350.000 euros que se dedican a ‘traducción e interpretación’, lo que supone un gasto de unos 120.000 euros mensuales.

Interior aprueba un gasto de casi 120.000 euros mensuales para traductores e intérpretes de inmigrantes

El Gobierno viene a admitir en la resolución que la situación es preocupante, especialmente porque «la temporalidad (de la misma) no parece tal» y por tanto es preciso tomar medidas, más allá de una primera asistencia improvisada en pabellones deportivos puestos a disposición por parte de los Ayuntamientos de la zona.

El Ejecutivo señala además que a la vista de la situación de «emergencia» es necesario hacer frente a las necesidades «con carácter inmediato» y por tanto los contratos «no pueden tramitarse por el procedimiento ordinario» ni por la «tramitación de urgencia», sino «de emergencia».

Tras varios días de silencio en plena crisis de la inmigración, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazó el sábado a Algeciras (Cádiz) donde reconoció que se está produciendo una «situación absolutamente excepcional y extraordinaria» con la llegada de cientos de inmigrantes a diario en las últimas semanas a las costas españolas-1.200 personas-especialmente andaluzas.

Marlaska negó sin embargo que se esté dando un «colapso» migratorio, porque la situación está «absolutamente controlada y controlable» por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cruz Roja y otras ONG, así como por los medios que desde el Gobierno se están «implementando».

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha distribuido un gráfico con el que ilustran el origen de las personas acogidas en atención humanitaria, incidiendo en el plan de emergencia que se ha aprobado para «mejorar la dotación de los programas de atención en costa».