C’s quiere que los responsables políticos que autoricen homenajes a etarras respondan con su patrimonio

cristina cifuentes
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

La proposición de ley de Ciudadanos para castigar a los responsables de los homenajes a etarras-cada vez más frecuentes en el País Vasco-incluye que los cargos públicos implicados tendrán que responder con su patrimonio personal de las posibles sanciones, de hasta 250.000 euros. 

El partido de Albert Rivera aclara que «en ningún caso, sería posible su imputación, directa o indirecta, al patrimonio público».

El texto-publicado este viernes en el Boletín Oficial de las Cortes Generales-recoge una modificación de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, de 2011, para incluir las infracciones por homenajes o exaltación pública del terrorismo «por su afectación a la seguridad ciudadana».

Así, estarían sujetos a infracción los responsables de la «realización, organización y exhibición públicas de monumentos, escudos, insignias, placas u otros objetos, así como las menciones conmemorativas, de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas» o «la organización, realización y participación en espacios, lugares o establecimientos públicos o abiertos al público de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas».

Las multas van de los 50.000 euros a los 250.000 euros «en función del grado de culpabilidad, el ánimo, singularmente relevante, de ocasionar un perjuicio o menosprecio a las víctimas, los medios utilizados para incrementar la humillación a las víctimas y la reiteración».

Además, a los responsables de estas infracciones se les podrá imponer la obligación de indemnizar por los daños producidos, se les prohibirá, durante un periodo no superior a los tres años, contratar con las Administraciones públicas o recibir subvenciones o ayudas.

«Si el responsable de las infracciones tuviese la condición de cargo público, tanto la sanción como la indemnización, deberán ser satisfechas con cargo a su patrimonio. En ningún caso, sería posible su imputación, directa o indirecta, al patrimonio público», se advierte.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, consideró «intolerable» que en una democracia como España se celebren homenajes a «aquellos que han asesinado a personas inocentes».

A finales del pasado febrero, el ex preso de ETA Lander Maruri, condenado por complicidad en el asesinato del guardia civil José Manuel García Hernández en 1997, fue homenajeado en la localidad vizcaína de Santurtzi. Anteriormente, los etarras Iñaki Igerategi e Ignacio Otaño, que participaron en el asesinato del ertzaina Joseba Pagazaurtundua en 2003, recibieron un homenaje en Andoain (Guipúzcoa).

Según Covite, en 2017 se registraron 77 «actos de enaltecimiento del terrorismo» en País Vasco y Navarra. Entre ellos, como reveló OKDIARIO, una cena de Nochebuena celebrada en Galdácano en apoyo a once presos de la banda.

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