Las 10 claves de una Ley de Seguridad que abonará el terreno para el terrorismo callejero

El PSOE está dispuesto, a cambio de mantener los apoyos parlamentarios de Podemos, EH Bildu, ERC y PNV, a reformular la Ley de Seguridad Ciudadana desde los cimientos del texto sacado adelante por el Gobierno de Mariano Rajoy. Las modificaciones sobre esa Ley Orgánica 4/2015 le pondrá las cosas mucho más difíciles en la calle a policías, guardias civiles, agentes autonómicos y locales, así como mucho más fácil a los delincuentes y terroristas callejeros. Por ello se van a manifestar contra el proyecto de reforma que plantea el Gobierno. Pero ¿cómo les afectará en su día a día?

Algunos de los puntos de la reforma y de las enmiendas presentadas por los grupos de la mayoría Frankenstein que más inquietan a los funcionarios policiales, por las que van a echarse a las calles el próximo 27 de noviembre, son las siguientes:

Grabar a policías

Hasta ahora, policías y guardias civiles estaban relativamente blindados ante la posibilidad de que sus rostros apareciesen en internet en vídeos y fotografías captados mientras realizan una actuación. Sin embargo, con la reforma legislativa, grabar a policías dejará de constituir una infracción y los agentes no podrán siquiera solicitar a quienes les graban que dejen de hacerlo. Tampoco podrán identificarles por ello. Punto muy polémico, ya que como incluso recuerda Europol, la protección de la identidad de los policías es un punto fundamental para su seguridad, con España en un nivel de alerta 4 antiterrorista.

Detenciones limitadas a dos horas

Dentro del trabajo diario que realizan los policías y guardias civiles, uno de los más habituales es la detención y conducción de presuntos delincuentes a las comisarías y cuarteles, donde, tras identificarles, se les toma declaración sobre los hechos ocurridos y, según se estime, se les deja o no en libertad. Un proceso que muchas veces es arduo y laborioso, ya que exige mucha burocracia y los atestados, para ser los más eficaces posibles en su objetivo, deben ser claros, explícitos y contener toda la información sobre los hechos. Hasta ahora se establecía un límite de seis horas, pero la reforma de la ley lo reducirá a sólo dos. En la práctica, dicen, eso llevará a que muchos detenidos se vayan de comisaría sin prestar declaración, especialmente en grandes ciudades donde los tiempos de espera son mayores. O en situaciones con muchos detenidos, como en grandes disturbios callejeros como los de Pablo Hasèl, donde el número de personas conducidas a comisaría es muy alto.

Devolución al lugar de detención

Por si ese margen de tiempo de dos horas ya fuera excesivamente escueto, a los agentes se les exigirá además que devuelvan al detenido al lugar de la intervención. Hasta ahora, transcurrido el tiempo en comisaría y al permitir que la persona se fuese libre, ésta se iba por sus propios medios. Ahora, un vehículo policial deberá devolverle al punto exacto en el que fue detenido. Un gasto extra de tiempo, medios materiales y humanos que hará que se resienta la labor policial.

Manifestaciones sin previo aviso

Todas las manifestaciones son legales en España en virtud del derecho de reunión que recoge la Constitución. Sin embargo, pueden excepcionalmente prohibirse o limitarse en función de criterios objetivos de seguridad. Por ejemplo, la previsión de que la organización convocante o algunos manifestantes puedan provocar disturbios o que el motivo de la manifestación pueda entenderse como delito de odio contra un colectivo protegido. Por eso se exige comunicarlas con antelación a la Delegación del Gobierno. A partir de ahora ese requisito desaparece: cualquier manifestación, incluidas las de corte violento como las vividas en Madrid por Pablo Hasél, podrá celebrarse sin impedimento. Al no comunicarse, la Policía también tendrá más difícil organizar un dispositivo acorde e identificar a los cabecillas en caso de disturbios graves.

Cacheos

Según la modificación que plantea el PSOE, se acabaron los cacheos como se conocían hasta ahora. De hecho, se introduce una variante sobre la libertad sexual, de forma que, por ejemplo, si una persona manifiesta una identidad de género diferente a su apariencia, los agentes podrían estar cometiendo una falta si proceden a su cacheo. Además, se deberán realizar en lugares apartados de la vista de otras personas.

Limitación a los antidisturbios 

Lo admitían los Mossos abiertamente: los disturbios posteriores a la publicación de la sentencia del procès en Cataluña habrían sido imposibles de frenar sin ayuda de los antidisturbios de Policía y Guardia Civil. Entre otras cosas, por una cuestión puramente de medios, ya que los Mossos no pueden recurrir a lanzadores de pelotas para disolver multitudes mientras que las UIP de Policía y los GRS de la Guardia Civil sí. Al menos hasta ahora, ya que la propuesta de reforma establece limitaciones -aunque sin precisar hasta qué punto- al uso de estos equipamientos.

Sin presunción de veracidad

Este es un cambio fundamental de la propuesta. Hasta este momento, un atestado policial gozaba de presunción de veracidad en un proceso judicial. Es decir, que la palabra de un agente de Policía se valoraba como la de una autoridad. Ahora esta garantía desaparece. Si la defensa de un acusado consigue convencer al juez de que el atestado policial carece de lógica o veracidad, la palabra de un policía o un guardia civil será papel mojado. Eso, por ejemplo, podría haber supuesto un cambio crucial en el juicio contra el ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez, condenado por patear a un policía. El testimonio del agente fue clave.

Un mando único para Cataluña

¿Qué hubiera pasado durante el referéndum del 1-O si, en vez de estar el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos al frente del operativo policial, hubiese estado el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero? Pues eso es precisamente lo que busca una de las enmiendas presentadas por ERC. El socio de Sánchez quiere que, ante futuros operativos policiales conjuntos en Cataluña, el liderazgo del mando único recaiga directamente sobre los Mossos y que la Guardia Civil y la Policía Nacional se plieguen a sus órdenes y, por tanto, a las de la Generalitat.

Menudeo de drogas

La posesión de drogas para a ser una falta leve, en vez de un delito grave contra la salud pública. De esa forma, advierten los policías, se abre la puerta a que el menudeo, la venta de droga a pequeña escala, se dispare en algunas zonas ante la impunidad normativa que plantea la reforma.

Inseguridad generalizada

La impresión de policías y guardias civiles es que la reforma busca, en último término, generar un clima de inseguridad a los agentes a la hora de realizar su labor profesional en las calles. Las decisiones que toman a diario les pueden conducir ante un juez, y con las nuevas normas será mucho más fácil que eso pueda ocurrir. Sospechan que el nuevo modelo policial, que parece inspirado en el que la CUP quiere sacar adelante en Cataluña, tiene precisamente como objetivo debilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.