Yolanda Díaz recluta 554 inspectores de trabajo para perseguir a las empresas

Yolanda Díaz ha vuelto a criminalizar a las empresas, ahora con la aprobación de una nueva estrategia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el periodo 2025-2027 que incluye un aumento de 554 inspectores y subinspectores. Además, el ministerio incorporará nuevo personal técnico y administrativo, y llevará a cabo una «fuerte inversión» para mejoras tecnológicas, según ha informado este martes, 26 de agosto.

Sólo respecto a las mejoras tecnológicas, la nueva estrategia de la ministra contempla una inversión de 28,5 millones de euros para utilizar la tecnología en «las nuevas formas de lucha contra las distintas formas de fraude».

De esta forma, el Gobierno del PSOE pretende crear un laboratorio de informática forense especializado en la obtención de evidencias digitales a través de la aplicación de técnicas de informática forense que permiten controlar los sistemas informáticos, y simultáneamente, aumentarán el personal técnico y administrativo.

Igualmente, se crearán nuevas reglas algorítmicas para el control del fraude a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude y se potenciarán las actuaciones informativas derivadas del cruce masivo de datos.

La legislación exige a las entidades estatales un plan de actuación que se revise cada tres años, y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social plantea un proyecto para 2025-2027 que, según el Ministerio, «garantiza los derechos laborales y sociales en un contexto económico de intenso crecimiento económico y del empleo tras la introducción de medidas normativas que mejoran los derechos laborales y la calidad en el empleo» si bien es cierto que el Gobierno socialista no ha sido capaz de garantizar los derechos laborales ni sociales básicos, ni ha habido un crecimiento real de la economía ni del empleo.

El plan contiene 17 objetivos agrupados en dos bloques. El primero se centra en la actividad de control y define las líneas de actuación prioritaria en 10 objetivos que abarcan las relaciones laborales individuales y colectivas, seguridad y salud en el trabajo, igualdad y no discriminación, promoción y protección del empleo, seguridad social y lucha contra el trabajo no declarado. El segundo eje identifica las medidas estructurales, organizativas y operativas que tienen por fin ofrecer un servicio público «eficaz».

El Ministerio indica que en los últimos años se ha observado un notable interés en la actividad de la Inspección tras incrementarse el número de denuncias y comunicaciones en su buzón un 43% entre 2021 y 2024. El Gobierno presume de más denuncias pese a que no es un logro, sino la prueba de que los problemas se agravan y la acción del Gobierno llega tarde.

Por otro lado, esta «hoja de ruta» prevé mejorar los servicios electrónicos a disposición de los ciudadanos con una nueva sede electrónica que funcione como el punto central de la comunicación entre la Inspección y el ciudadano.

«Esta estrategia busca alcanzar altos estándares de calidad en el cumplimiento de un servicio público en un contexto de incremento de demanda de actuaciones, con nuevas leyes que garantizan los derechos laborales, la calidad del empleo y fomentan el empleo decente», ha destacado la vicepresidenta segunda.

Es cierto que la tasa de paro en España se ha reducido a mínimos de la crisis económica anterior, pero la calidad del empleo, a pesar de la prohibición de hacer contratos temporales que fijó la ministra en 2022, ha empeorado significativamente. Así, los contratos firmados en julio de 2025 con una duración menor a un mes han aumentado hasta los 540.471, un 34% del total (en comparación al 31% de julio de 2022).

La nueva estrategia de Yolanda Díaz

La estrategia tiene el objetivo anunciado de convertir a la entidad de Inspección en una institución «moderna, eficaz y transparente». Para ello, el organismo prevé incrementar los efectivos tanto en las inspecciones provinciales como en los servicios centrales con la incorporación de 554 inspectores y subinspectores de Empleo y Seguridad Social, así como subinspectores de Seguridad y Salud Laboral durante los próximos tres años, hasta 2027.

La idea de la política es potenciar la cualificación y formación permanente de la plantilla para contar con un equipo más especializado. «Estas medidas evidencian el refuerzo presupuestario sostenido que el Ministerio ha estado dedicando al organismo en los últimos años», ha recalcado Yolanda Díaz, que si bien ha sido un refuerzo económico significativo, no se ha traducido en una mejora de las condiciones del mercado laboral, los salarios, o el desempleo.