La UE confirma el cambio de norma para España: envío masivo de cartas para cumplir con la ley

Cada cierto tiempo, la Comisión Europea publica los procedimientos de incoación que inicia cuando algún Estado miembro no cumple correctamente con la transposición de leyes aprobadas por el Parlamento Europeo. En el último de estos procedimientos, España se encuentra entre los países implicados. «La Comisión Europea está tomando medidas contra varios Estados miembros de la UE, entre ellos España, que no han notificado a la Comisión las medidas que han adoptado para transponer las directivas europeas a sus legislaciones nacionales. El plazo para transponer estas directivas ha expirado recientemente», detalla en la nota de prensa publicada el 27 de marzo.

«La Comisión va a enviar una carta de emplazamiento formal a estos Estados miembros, dándoles dos meses para responder y completar la transposición de las directivas. Si no lo hacen, la Comisión puede pasar a una siguiente fase y emitir un dictamen motivado. Los Estados miembros en cuestión no han transpuesto completamente las directivas de la UE. La Comisión les insta a adoptar medidas inmediatas para adaptar sus legislaciones a los requisitos de la Unión Europea».

España no cumple con varias directivas de la UE

«La Comisión Europea toma medidas contra varios Estados miembros de la UE, entre ellos España, que no han notificado las medidas que han adoptado para transponer ciertas directivas de la UE a su legislación nacional. El plazo para transponer estas directivas ha expirado recientemente. La Comisión ha enviado a estos Estados miembros cartas de emplazamiento, concediéndoles un plazo de dos meses para responder y completar la transposición de las Directivas. Si no lo hacen, la Comisión podrá pasar a la siguiente fase y emitir un dictamen motivado».

1. Directiva ómnibus relativa al punto de acceso único europeo (PAUE) (Directiva (UE) 2023/2864): Su objetivo es centralizar la información pública de las empresas para mejorar el acceso de los inversores, beneficiando especialmente a las pequeñas empresas en mercados de capital reducidos. El plazo de transposición fue el 10 de enero de 2026, aplicable a 15 directivas modificadas. Los Estados miembros que no cumplieron son: Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Estonia, España, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Suecia.
2. Sexta Directiva sobre requisitos de capital (CRD 6 – Directiva (UE) 2024/1619): Esta directiva busca reforzar la supervisión bancaria, armonizar las normas para sucursales de terceros países e integrar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en los marcos prudenciales. El plazo de transposición fue el 10 de enero de 2026, y los Estados miembros no conformes son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Suecia.
3. Directiva sobre pruebas electrónicas en procesos penales (Directiva (UE) 2023/1544): Su finalidad es permitir que las autoridades de la UE obtengan pruebas electrónicas de proveedores de servicios, incluso fuera de la UE, mediante representantes legales designados. El plazo de transposición fue el 18 de febrero de 2026. Los Estados miembros no conformes son: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Chequia, Estonia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia.

La transposición es el proceso mediante el cual los Estados miembros de la Unión Europea (UE) incorporan las directivas europeas a sus legislaciones nacionales. A diferencia de los reglamentos y las decisiones, las directivas no se aplican directamente en todos los Estados miembros, sino que requieren que cada país adapte sus leyes nacionales para cumplir con lo que establece la directiva. Cada Estado debe adoptar estas medidas dentro del plazo indicado en la propia directiva y notificar a la Comisión Europea las acciones tomadas.

La Comisión Europea se encarga de revisar los textos legales para garantizar que cumplan los objetivos de la directiva que la legislación se aplique correctamente y dentro de los plazos establecidos. Si un Estado miembro no adopta las medidas nacionales necesarias o si la Comisión considera que las adoptadas no son satisfactorias, puede llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si el Tribunal confirma la infracción y el Estado no cumple la sentencia, se pueden imponer multas coercitivas o pagos a tanto alzado.

País con más casos de infracción abiertos

Según el informe anual de la Oficina del Parlamento Europeo de 2025, España tenía 92 infracciones abiertas con riesgo de sanción por no transponer en tiempo y forma normativa aprobada por la UE, la gran mayoría por no cumplir en plazo. Por detrás se sitúan Polonia con 88 posibles sanciones y Bélgica y Bulgaria con 80. Cierran la lista Finlandia con 30 infracciones y Lituania con 25.

A las 92 casos abiertos por infracción al sobrepasar la fecha límite, hay que sumar las que España debe transponer en 2026, lo que ascendería a 101 normas europeas por transponer, según datos ofrecidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Entre ellas, se encuentra la Directiva UE 2024/0825, relativa a la protección del consumidor contra las prácticas desleales.