La trampa de la deuda en España: no incluye casi un 3% de PIB que deben las empresas públicas

La deuda pública española tiene una trampa, y es que lo que deben las empresas del Estado no cuenta en el pasivo de la Administración Pública (AAPP). Así lo reconoce el propio Banco de España, quien desvela que el agujero de estas compañías alcanza el 2,8% del Producto Interior Bruto (PIB), algo que aumentaría el monto total de la deuda desde el 109% a cerca del 112% del PIB.

En concreto, la deuda del conjunto de las administraciones aumentó en el primer trimestre del 2024 el 5,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el organismo que dirige en funciones Margarita Delgado.

Así, el endeudamiento alcanza el 109% del PIB de España, 1,3 puntos superior al dato del cierre de 2023. En términos absolutos, el Estado debe 1,613 billones de euros. Sin embargo, si se suma la deuda de las empresas públicas, la cosa cambia.

La trampa de la deuda pública

«La deuda de las empresas públicas españolas que no forman parte del sector AAPP y, por tanto, no se incluyen dentro de la deuda PDE (pasivos de las Administraciones Públicas, excluyendo los créditos comerciales y las deudas que tienen las Administraciones Públicas entre ellas)», revela el banco central.

Con los datos que ofrece el organismo y calculando cuánto es el 2,8% del PIB de 2023, la deuda de las empresas públicas asciende a cerca de 41.000 millones de euros.

Por tanto, si se suma el endeudamiento de estas compañías, los españoles deben un total de 1,654 billones de euros en realidad, es decir, el 112 % del PIB español.

En términos nominales, la variación de la deuda de las mercantiles del Estado supuso un incremento de 3.000 millones de euros y se concentró principalmente en las empresas públicas controladas por la Administración Central, cuyo saldo alcanzó 34.200 millones de euros, el 2,3% del PIB, frente al 2,4% de 2022.

En cuanto a los saldos de la deuda de las empresas públicas dependientes de las administraciones de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, estos fueron más reducidos, alcanzando los 4.200 millones de euros y 2.300 millones de euros, respectivamente.

Las empresas públicas de las comunidades autónomas experimentaron un incremento de 1.400 millones de euros respecto a 2022, mientras que el saldo de las empresas públicas de las corporaciones locales se mantuvo en niveles muy similares a los del año anterior.

Las ratios de deuda sobre el PIB se situaron en el 0,3% para las empresas públicas dependientes de las comunidades autónomas, lo que representa un aumento de una décima en comparación con 2022, y se mantuvieron en el 0,2% para las empresas vinculadas a los ayuntamientos.

Para realizar una comparativa internacional, la última información disponible publicada por Eurostat correspondiente al año 2022 muestra algunas diferencias metodológicas respecto a los datos difundidos por el Banco de España.

Eurostat incluye, además de las cifras previamente mencionadas, la deuda de otras entidades como el Instituto de Crédito Oficial y la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). Teniendo en cuenta esta metodología, la deuda de las empresas públicas españolas ascendió al 4,2% del PIB en 2022.

En ese año, la deuda pública de España cerró en el 113,1% del PIB, por lo que, teniendo en cuenta esa revisión estadística de la oficina de la Comisión Europea, el verdadero endeudamiento en 2022 fue de 117,3% del PIB.

El Gobierno no asume responsabilidades

Con todo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, no ha querido asumir responsabilidades sobre esta trampa de la deuda pública y ha afirmado este lunes que la economía española alcanzará un superávit primario el año que viene. Eso sí, si no se tienen en cuenta los intereses del endeudamiento que tiene España.

En su comparecencia en el Congreso para informar sobre la evolución de los fondos europeos en España, el titular de Economía ha destacado la senda de «responsabilidad fiscal» ejecutada por el Gobierno, asegurando que ha permitido rebajar el déficit progresivamente para situarlo, en 2023, en un 3,6%.

«Estamos en el camino correcto hacia ese 3%, que es un objetivo clave en el ámbito de las reglas fiscales europeas», ha remarcado el político durante su intervención en el Congreso.

En este punto, el ministro ha destacado que aunque se prevé un déficit del 2,5% para ese año, si se elimina el gasto correspondiente a los intereses de la deuda pública, la economía española ya entraría en superávit.