Los técnicos del Ministerio de Economía temen un impacto de 5.000 millones con un Govern separatista
La economía nacional podría tener un impacto de más de medio punto del PIB en la economía nacional si el golpismo vuelve al gobierno de Cataluña. El resultado de las elecciones del 21-D arroja un panorama incierto y esa incertidumbre ha hecho rescatar los estudios de impacto económico elaborados a raíz del 1-O. El Ministerio de Economía calculó tras el referéndum ilegal un coste de entre cuatro y cinco décimas del PIB porque, según sus explicaciones, confiaban en una vuelta a la normalidad.
El resultado de las elecciones catalanas, sin embargo, pone en duda la premisa máxima de la vuelta a la estabilidad. Y, por lo tanto, los técnicos del Ministerio de Economía no descartan que un escenario de continuidad en las aspiraciones separatistas del Govern provoque nuevas fugas de empresas y una mayor detracción de la captación de inversión.
El resultado de todo ello sería un impacto económico superior a ese medio punto, es decir, por encima de los 5.000 millones de euros en toda España.
Tras el 1-O y con el 155 en funcionamiento, Economía anunció una previsión de crecimiento para 2018 de toda España superior al 2,3% porque estaba convencido de que «el tema catalán se acabará solucionando». El Ejecutivo rebajó en ese momento en tres décimas – del 2,6% al 2,3% – su previsión de avance del PIB para 2018 e incluyó este anticipo en el documento remitido oficialmente a Bruselas.
El ministro de Economía, Luis de Guindos explicó que ese dato era «relativamente prudente» y que si no existiese la «cuestión catalana» el aumento del PIB del próximo año podría haber sido de hasta el 2,8%.
El escenario podría ahora volver a una situación de tensión política dependiendo de los planteamientos del nuevo Govern.
Cataluña sería obviamente la que saldría peor parada. El impacto de una vuelta al golpismo podría agudizar la pérdida de confianza de empresas y consumidores y, en el peor de los escenarios, podría llegar a provocarse una recesión económica, tal y como anunció en su momento la agencia S&P.
«El mayor riesgo que detectamos es que la tensión entre Cataluña y el Gobierno central podría reducir la confianza de las empresas y los consumidores», especialmente en Cataluña, donde «el posible aumento regulatorio y la inseguridad jurídica» ya ha provocado la salida masiva de empresas y la pérdida del ritmo creador de empleo, señaló la agencia de calificación.