Seitt, la empresa nacional de autopistas que nadie quería y que este año perderá 28 millones de euros

La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt), cerrará 2023 con unas pérdidas próximas a 28 millones de euros según la previsión incluida en los Presupuestos Generales del Estado para este año. Convertida en la empresa nacional de autopistas que nadie quería, al tener que hacerse cargo de nueve autopistas de peaje construidas a principios del milenio y posteriormente ‘quebradas’, la Seitt duplicará en 2023 su facturación hasta los 265,3 millones frente a los 113,4 millones del ejercicio pasado.

En esa cifra se incluyen 181 millones de ingresos obtenidos por su actividad de construcción de carreteras entregadas a la Administración General del Estado (AGE). Una partida que, desde su creación ha aportado a la Seitt 5.582 millones en concepto de obras finalizadas y traspasadas a la AGE o al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

La mejora de los ingresos, sin embargo, no será paralela a la de su vuelta a la rentabilidad. Sólo en términos operativos, la compañía prevé unas pérdidas de explotación de 36,6 millones.

La debilidad de los tráficos es uno de los grandes problemas, algo que la Seitt afronta con fuertes inversiones en rehabilitación de firmes y mantenimiento. Sólo en lo que va de año la empresa ha ejecutado gran parte de la rehabilitación de las radiales madrileñas R-2 y la M-12 (presupuesto de 20,8 millones de euros).

Hasta julio, la empresa ha licitado 230,3 millones en obras de rehabilitación y mejora del firme de la circunvalación exterior de Madrid, la M-50 (tramo Arroyo Culebro), en la circunvalación de Alicante en los tramos de la A-7  Elche-Crevillente y Camino de Castilla y en la variante de El Campello de la N-332.

Ingresos insuficientes y elevada inversión explican el resultado de la empresa pública de gestión de infraestructuras.

La mayor red de peajes pública

Seitt fue creada en noviembre de 2005 y está presidida por Xavier Flores, secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que ejerce la tutela de la sociedad.

Bajo su gestión se encuentran las nueve autopistas que hubo de rescatar el Estado, con sus correspondientes áreas de servicio, 29 en total (nueve gestionadas directamente y, el resto, arrendadas a terceros) y varios tramos asociados a las mismas, libres de peaje, cuyo mantenimiento tiene asignado. Al ‘heredar’ las autopistas quebradas Seitt tiene que hacerse cargo también de las compensaciones acordadas por las concesionarias con el Estado.

Eso supone que la empresa tiene que realizar el mantenimiento de diversos tramos de las circunvalaciones madrileñas M-50, M-21, M-31, A-40, A-43; además de otros en las autovías A-7 y A-77 y la carretera nacional N-332.

En total, la operadora cuenta con una red de 700 kilómetros de vía; lo que la sitúa, según la propia Seitt, como «el mayor concesionario de autopistas de España por kilómetros de gestión».

Esta red de autopistas de peaje bajo gestión pública incluye todas las radiales de Madrid, autopistas paralelas a autovías saturadas con las que se pretendió agilizar el acceso a la capital. Es decir, la R-2 entre Madrid y Guadalajara, la R-3 que enlaza la capital con Arganda del Rey (Madrid); la R-4 que enlaza Madrid y Ocaña (Toledo) y la R-5 (Madrid-Navalcarnero). Además del Eje Aeropuerto (M-12), la autopista de Madrid a Toledo (AP-41); y la AP-36 entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete).

A ellas se suman dos tramos de la AP-7: la Circunvalación de Alicante y el tramo entre Cartagena (Murcia) y Vera (Almería) por el que el gobierno pagará 310 millones más los intereses de demora según el valor de la reversión acordado.

Unos intereses que, según el tipo de mora fijado por el Ministerio de Economía y Transición Digital de Nadia Calviño para este semestre (12%) pueden suponer el desembolso adicional de 180 millones de euros. Aunque el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que lidera Raquel Sánchez señala que «el interés legal del dinero que se aplica es el que se deriva de las sentencias dictadas por los tribunales respecto a los cálculos de las RPA; en este caso, el 8% hasta 2022 y el 10,5% desde entonces»; lo que, según sus cálculos dejará la cifra en unos 100 millones.

Gestión hasta 2039

En febrero de 2018, el entonces Ministerio de Fomento inició el rescate de las autopistas de peaje en quiebra. La primera fue la radial R-4 (Madrid-Ocaña). Poco después, el ministro socialista José Luis Ábalos, anunciaba la intención del Gobierno de sacar a concurso esas autopistas para volver a ceder su gestión a la iniciativa privada. Ábalos cifraba entre 700 y 1.000 millones de euros los fondos que el Estado podría recuperar.

Cinco años y medio después -pandemia del Covid y posterior crisis mediante- esos planes han quedado aparcados a la espera de poner los activos en condiciones adecuadas para su reprivatización.

El 22 de diciembre pasado, la Seitt suscribió un convenio con la Administración General del Estado (AGE), según el cual, la compañía gestionará estas autopistas durante los próximos diez años, prorrogables otros siete.

En ese plazo, la empresa implementará su plan estratégico para «devolver a un estado óptimo aquellas infraestructuras que conforman las autopistas que fueron revertidas al Estado».

Jurídicamente, la Seitt se integra en el grupo de empresas de Patrimonio del Estado dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública que encabeza María Jesús Montero.

Patrimonio incluye a la Seitt dentro de sus ‘Empresas de Inversión’ junto a Aguas de las Cuencas Mediterráneas (AcuaMed), la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse, encargada del desarrollo de nuevas cárceles) y la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) y la Sociedad Canal de Navarra (Canasa) creada en 1998 por un convenio entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad Foral de Navarra.