Sánchez castiga al pequeño propietario de vivienda: niega con mentiras indemnizar por topar alquileres

El Gobierno de Pedro Sánchez castiga al pequeño propietario de viviendas que han puesto su inmueble en alquiler. No sólo porque el Ministerio de Vivienda tarde hasta un año en contestar a las reclamaciones que están haciendo diferentes propietarios de forma particular, abocándoles a acudir a la vía judicial, sino también porque utiliza argumentos contradictorios en sus respuestas a los denunciantes.

El fondo de la cuestión es la decisión del Ejecutivo de Sánchez de topar el incremento en el precio de los alquileres de las viviendas al 2% aunque la inflación a final de año fuera superior, como así sucedía en 2022 y 2023 y, presumiblemente, también en 2024. El problema es que esa medida, que iba contra los grandes tenedores de viviendas, los fondos de inversión, ha afectado también a los pequeños propietarios, que completan a veces su pensión con el alquiler de una vivienda.

Al limitar el incremento en el precio al 2%, muchos pequeños propietarios presentaron una reclamación ante el Ministerio -paso previo necesario para poder acudir después a la vía judicial si es rechazada- alegando que «la Constitución consagra el derecho de resarcimiento ante una expropiación respecto a las condiciones contractuales», explican los propietarios. «En los contratos de alquiler se incluía la subida conforme al IPC, y el Gobierno lo limitó al 2% así que hay un perjuicio que debe ser resarcido según la Constitución», insisten estas fuentes.

La respuesta del Ministerio está siendo rechazar el derecho a recibir esas indemnizaciones. Pero lo está haciendo, primero, con una demora de hasta casi un año. Este diario ha tenido acceso a una respuesta denegando ese derecho que ha sido recibida por el particular en febrero, un año después de iniciar la reclamación ante el Ministerio de Vivienda que dirige Isabel Rodríguez, portavoz también del Gobierno.

Además, en el escrito recibido destaca que está firmado por el Director General de Vivienda y Suelo el 17 de julio de 2023, cinco meses después del inicio de la reclamación, pero el afectado no la ha recibido hasta febrero de 2024.

Pero, además del tiempo en responder a los ciudadanos, en la carta se utilizan argumentos que pudieran ser considerados hirientes para ciudadanos que necesitan esos ingresos. En la página 4 de la respuesta del Ministerio, bajo el título de Valoración de los daños alegados, se dice textualmente que «no puede entenderse la existencia de un daño efectivo al considerar esta circunstancia en la aplicación de una medida que no ha impedido en modo alguno la actualización de la renta, sino que la ha limitado de manera extraordinaria y siempre que así lo solicite el arrendatario, a la evolución del Índice de Garantía de Competitividad, que se ha situado en el 2%».

Este argumento indigna a los propietarios ya que los inquilinos no aceptan una subida del 8% o del 5% si pueden pedir una del 2%. «¿Pero como no lo va a pedir el arrendatario? Es un argumento mezquino. De facto, es una imposición de un precio que va contra el contrato firmado con el cliente. El Estado contra el ciudadano», señala un afectado.

En la página 5 de la respuesta que envía el Ministerio, en el apartado Relación de causalidad entre la aplicación del acto legislativo y el daño producido, el Gobierno argumenta que «además, en el caso de que el arrendador no sea un gran tenedor (…) el pacto entre arrendador y arrendatario puede establecer un incremento superior a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad».

De nuevo, indignación entre los afectado. «¿Que el inquilino va a pactar una subida superior? Son argumentos que son casi peor que si no hubieran dicho nada y hubieran denegado la indemnización», señalan afectados.

Por si fuera poco, después de tardar un año en responder a la reclamación de los miles de afectados que decidieron defender sus derechos, el Ministerio da diez días para aportar más información en caso de que no se esté de acuerdo con la resolución.

En la práctica, el Gobierno dificulta las reclamaciones, porque el dinero reclamado es la diferencia entre el 2% y el 8% de la inflación y la burocracia echa para atrás a muchos afectados. De hecho, la asociación Asval, que empezó encargándose de las denuncias renunció poco después al verse desbordado.