La renta mínima dispara el número de personas sin empleo anterior que se apuntaron al paro en junio

El número de personas sin empleo anterior que se han apuntado al paro en el mes de junio se ha elevado en un 75% respecto al mes anterior, hasta alcanzar un incremento de 16.000 personas. Es la subida más alta en lo que va de año y muy superior a la de junio de 2019, cuando los parados sin empleo anterior se redujeron en casi 4.000 personas. Estar apuntado al paro es uno de los requisitos obligatorios para optar al ingreso mínimo vital, que el Gobierno ha aprobado en junio y que ya han cobrado casi 75.000 personas.

Según los datos del Ministerio de Trabajo referidos a junio, conocidos este jueves, junio ha cerrado con 314.172 personas sin empleo anterior apuntadas al paro. El incremento real sobre el mes de mayo es de 30.781 personas. Sin embargo, el Gobierno ha explicado que 14.781 personas sin empleo anterior se dieron de alta en las oficinas del paro en la Comunidad Valenciana para poder optar a la oferta pública de empleo como ‘auxiliar planes de contingencia playas covid-19’, que incluía como requisito estar apuntado en las oficinas del SEPE.

Incluso con esta circunstancia, el incremento de las personas sin empleo anterior que se han apuntado al paro -ciudadanos que no buscan empleo o que no confían en que el SEPE les encuentre un trabajo- es de 16.000 personas frente a las 9.058 de mayo, el citado 75% de subida.

Es la mayor en lo que va de año, justo en el momento en que el Gobierno ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital, una prestación mensual de hasta 1.100 euros para familias con hijos a cargo que exige estar apuntado al paro. En mayo aumentó en 9.058 personas; en abril en 7.861; 4.984 personas en marzo; en febrero en 5.902 y en enero, descendió en 3.145 personas. En junio de 2019, hace un año, descendió en casi 4.000 inscritos.

Problemas para pagar

El incremento de este tipo de parados justo el mes que se aprueba y se puede empezar a solicitar telemáticamente la renta mínima es un dato más que muestra el interés que ha despertado la medida y sus efectos tanto en las arcas públicas como en la búsqueda de empleo por parte de los posibles beneficiarios, que podrían preferir cobrar esa renta a trabajar.

Respecto al efecto en las arcas públicas, Trabajo aseguró hace unos días que el 26 de junio ya se pagó la renta mínima a 74.119 hogares con un coste de 31,8 millones para la Seguridad Social. Eso significa que el coste anual de la medida será de 382 millones de euros sólo para esos 74.119 hogares.

Si la renta mínima llega a los 850.000 hogares, previsión de Escrivá, el coste total de la medida se dispararía hasta los 4.400 millones de euros, un 46% más que la previsión del ministro, 3.000 millones. Vox ha criticado esta medida precisamente porque al final será como la Ley de Dependencia, que ningún Gobierno va a ser capaz de pagar.

Además, la previsión de llegar a 850.000 hogares podría verse superada y alcanzar el millón, como ha repetido en varias ocasiones el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. De momento, y según los datos facilitados también por el Gobierno, hasta el ministerio han llegado casi 345.000 solicitudes en los primeros diez días. Se trata de solicitudes telemáticas, que no todas se aprobarán, pero que se incrementarán cuando se abran las oficinas y los ciudadanos puedan solicitarlo en persona.

«En la actual situación el Gobierno socialista no sólo no podrá pagar el Ingreso Mínimo Vital, sino que no podrá pagar los sueldos de los funcionarios ni de los pensionistas», ha señalado Inés Cañizares, diputada de Vox en las Cortes.

Búsqueda de empleo

El otro aspecto que se ha criticado de esta medida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es la posibilidad de que desincentive la búsqueda activa de empleo. Así lo ha denunciado al menos la patronal CEOE.

El primer aviso de esto ya se ha producido. Los hosteleros de Cantabria han advertido públicamente este miércoles de que están teniendo problemas para contratar a gente y reforzar las plantillas de cara al verano porque los candidatos les contestan que prefieren cobrar el ingreso mínimo vital antes que reincorporarse a trabajar.

Según la denuncia del presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, Ángel Cuevas, la negativa de los candidatos a incorporarse a trabajar para la reapertura de los negocios es algo generalizado, no puntual.