PSOE y Sumar usan la Ley de Paridad para evitar el veto del Senado a los objetivos presupuestarios

El Gobierno de coalición, compuesto por PSOE y Sumar, ha registrado una enmienda a la Ley de Paridad para retirar el veto irrevocable del Senado a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que anteceden a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), conocidos como techo de gasto. El Partido Popular ya ha utilizado dos veces este mismo año dada su mayoría absoluta en la Cámara Alta.

El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue quien introdujo una cláusula en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 obligando a que el conocido como techo de gasto tuviera el visto bueno del Congreso y del Senado, sin que haya opción a poder levantar el veto en la Cámara Baja.

La enmienda de los socios del Gobierno de coalición tiene por objeto modificar ese apartado sexto del artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es el que establece que los objetivos de estabilidad presupuestaria tienen que ser aprobados por el Parlamento.

Ley de Paridad para deshacerse del Senado

La nueva redacción propone eliminar la irrevocabilidad de la decisión del Senado, de modo que si los objetivos de estabilidad y deuda son aprobados por el Congreso y rechazados por la Cámara Alta, estos «se someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple». Si son rechazados también en la Cámara Baja, el Gobierno, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento en el plazo máximo de un mes.

En su justificación, PSOE y Sumar esgrimen que España necesita de un procedimiento de aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública «que sea ágil y adecuado a la importancia de cada órgano constitucional en el sistema institucional».

Como ahora el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y puede tumbar los objetivos que presente el Gobierno, el Ejecutivo cree que actualmente el apartado sexto del artículo 15 de la ley «no cumple con esos requisitos», al imponer un proceso «que no respeta» la posición atribuida por la Constitución al Congreso de los Diputados y al Senado.

Además, las formaciones creen que la ley actual «abre la puerta a un bloqueo político que puede poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias contraídas por España». Por eso, abogan por una redacción de «una mayor coherencia» y no suponga una «merma de las exigencias constitucionales que se imponen en este ámbito».

«La redacción vigente responde a un modelo de bicameralismo perfecto que no se corresponde con el que establece nuestra Constitución», apostillan PSOE y Sumar, que aluden también a la propuesta del Consejo de Estado para resolver el posible bloqueo de la Cámara Alta.

Pero además esgrimen que el Tribunal Constitucional destacó en 2002 la «diferente posición» que ocupan en el Congreso y el Senado en el procedimiento legislativo ordinario: «La STC 97/2002 destacó la diferente posición que ocupan el Congreso de los Diputados y el Senado en el procedimiento legislativo ordinario, así como de las relaciones entre una y otra Cámara en el ejercicio de la potestad legislativa que el artículo 66.2 CE residencia en las Cortes Generales».

Por otra parte, PSOE y Sumar defienden que la modificación que proponen no implica que las comunidades autónomas no intervengan en la fijación de estos objetivos, ya que esta participación se garantiza a través de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera.

No es la primera vez que el Gobierno trata modificar este apartado de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En la pasada legislatura se registró una reforma al respecto e incluso superó un debate de enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox. Pero la reforma no pasó de ahí y finalmente decayó cuando se disolvieron las Cortes por el adelanto electoral de julio.

Esas elecciones dejaron al Gobierno en minoría en el Senado y al PP con mayoría absoluta en esta Cámara, que utilizó para tumbar los objetivos de estabilidad presentados por el Ejecutivo hasta en dos ocasiones. El Gobierno tuvo que esquivar ese veto del Senado con un informe de la Abogacía del Estado que avalaba fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria remitidos a la Comisión Europea en abril de 2023.

Y ahora los partidos del Gobierno han vuelto a la carga y, en vez de un proyecto de ley del Ejecutivo o una proposición de ley de los grupos, han preferido presentar una enmienda conjunta a la Ley de Paridad, aunque el objeto de esta ley orgánica aparentemente no guarde relación con el cambio legal que se pretende.