El Gobierno obliga a dar «preferencia» a la mujer sobre el hombre en los consejos de las empresas del Ibex

El Gobierno avanza en la conocida como ley de «paridad», que obligará al sector privado a tener una representación «equilibrada» de mujeres y hombres en sus consejos de administración, bajo amenaza de sanciones. El Congreso votará este jueves las enmiendas a la totalidad a la ley, un trámite que no presenta aparentes complicaciones para que Moncloa pueda seguir adelante con la norma. El texto obliga a las empresas cotizadas a tener un porcentaje «equilibrado» entre sexos del 40 al 60%, e insta, entre otras medidas, a «dar preferencia» a los candidatos «del sexo menos representado» en los procesos de selección de sus consejeros. En la práctica, ello significa que la mujer tendrá prioridad frente a un hombre que esté igualmente capacitado, dado que el porcentaje de mujeres consejeras es, actualmente, inferior al de hombres.

El objetivo es que haya un porcentaje de al menos el 40% de mujeres en la dirección de cualquier empresa cotizada o entidad de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio anual.

Así, para conseguirlo, la ley de paridad obliga a que, en los procesos de selección de consejeros, y «en caso de que varias personas candidatas estén igualmente capacitadas desde un punto de vista de competencia, prestaciones profesionales y aptitud, las sociedades cotizadas deberán dar preferencia a la persona candidata del sexo menos representado».

Únicamente se podrá incumplir dicha obligación «en supuestos excepcionales». Y esto es, «cuando existan motivos de mayor alcance jurídico, como que se persigan otras políticas de diversidad, que se aduzcan tras una evaluación individualizada y una apreciación objetiva por parte de la sociedad cotizada, y siempre sobre la base de criterios no discriminatorios».

Además, las «sociedades cotizadas estarán obligadas a informar a toda persona candidata que así lo solicite, y siempre que su candidatura se haya examinado en el proceso de selección» sobre los «criterios de capacitación en que se basó la elección», «la apreciación comparativa de las personas candidatas que se ha realizado» y «en su caso, los motivos que llevaron a elegir a una persona candidata que no fuese del sexo menos representado».

Incluso se contempla que, en los eventuales procesos judiciales, la empresa deberá justificar por qué eligió a un candidato si éste pertenecía al sexo más representado, y tendrá que hacerlo de forma «objetiva y razonable, suficientemente probada». Igualmente, además de los consejos de administración, se determina que las empresas cotizadas deberán «velar por qué la alta dirección tenga una composición que asegure la presencia, como mínimo, de un cuarenta por ciento de personas del sexo menos representado».

Sanciones

La ley de paridad establece que incumplir esa representación paritaria supondrá una infracción grave, con sus correspondientes sanciones, entre las que se incluyen multas por hasta «el 2 por ciento de los recursos propios de la entidad infractora», «suspensión o limitación del tipo o volumen de las operaciones o actividades que pueda realizar el infractor en los mercados de valores durante un plazo no superior a un año» o incluso «la suspensión de la condición de miembro del mercado regulado o del sistema multilateral de negociación correspondiente por plazo no superior a un año».

«Meritocracia»

En diciembre, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, señaló que «una sociedad que avanza hacia la paridad es una sociedad que confía en la meritocracia». Y preguntada por las posibles «resistencias» del mundo empresarial, insistió en que «todas las empresas quieren los mejores beneficios, y eso viene de la mano de la meritocracia».  Una «meritocracia» que, paradójicamente, la ley suprime al imponer el sistema de cuotas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores se encargará de la inspección.

«Este tema no es baladí, es central para el Gobierno feminista que preside Pedro Sánchez. Vamos a ir con todo con esa ley. La meritocracia sin paridad no es posible», advirtió la ministra, señalando que en España existe un «problema de machismo estructural», que es «un problema secular».

La ley obligará también a una representación paritaria en las listas electorales -las conocidas como «listas cremallera»- o el propio Gobierno. Además de la composición del Consejo de Ministros, las personas titulares de órganos superiores y directivos, como secretarías de Estado, subsecretarías o direcciones generales, entre otros-, se nombrarán de forma que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40% en el ámbito de cada ministerio.

La misma norma se aplicará al sector público institucional, como organismos autónomos, agencias o empresas públicas.