Las promotoras advierten: las propuestas de vivienda de Iglesias reducirán la inversión y la oferta

Las promotoras y constructoras españolas rechazan de plano las propuestas que la formación de Pablo Iglesias quiere incluir en la futura Ley de Vivienda, como el control del precio de los alquileres o la obligación de que los grandes tenedores destinen el 30% de sus inmuebles a alquiler social. Desde la Asociación de Promotores de España (APCE) se muestran especialmente críticos con la segunda medida, y advierten de que tendría consecuencias muy negativas para el sector inmobiliario: habría menos inversión y menos oferta en el mercado.

«La concepción de que una empresa con más de 10 viviendas debe sustituir en su papel social a la administración nos parece desacertada. Como primera consecuencia retraerá la inversión, lo que provocara una menor oferta en el mercado. Por otra, provocará que la profesionalización de las empresas dedicadas al alquiler, muy comunes por otra parte en otros países europeos, no llegue a consumarse, manteniendo un sector muy atomizado de pequeños propietarios que es más probable no estandaricen los requisitos de calidad y mantenimiento de una vivienda en alquiler», explica Daniel Cuervo, secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APC).

La redacción de la futura Ley de Vivienda ha abierto una nueva grieta entre los dos socios de Gobierno. El PSOE ha rechazado públicamente varias  propuestas de Unidas Podemos, mientras que la formación morada ha dejado claro que llegará hasta el final para que se incluyan sus medidas. En medio de este tira y afloja, los promotores y constructores reclaman un pacto sobre política de vivienda a largo plazo. Quieren que cuente con una dotación presupuestaria del 0,8% del PIB -en línea con la media europea- y que la Administración actúe en su suelo mediante una colaboración público privada. A su entender, los jóvenes podrían resolver el problema de acceso a la vivienda -tanto en alquiler asequible como en compraventa – mediante ayudas directas y fiscales.

La redacción de la futura Ley de Vivienda ha abierto una nueva grieta entre los dos socios de Gobierno

Los promotores y constructores españoles también son críticos con la llamada ley antidesahucios que el Gobierno reformuló por sorpresa a comienzos de año. Entienden que la propiedad privada es un pilar del Estado de Derecho, y que las administraciones deben cumplir, en el caso de que se generen situaciones de desigualdad, su papel social procurando que las personas que lo necesiten tengan la asistencia necesaria, también en materia de vivienda. Sin embargo, también advierten de que la falta de seguridad jurídica retrae la oferta y expulsa del mercado a los demandantes en peor posición económica, al ser los propietarios más exigentes en sus condiciones de acceso.

A la espera de los fondos europeos

Los promotores y constructores esperan como agua de mayo la llegada de los fondos europeos, pendientes todavía de la negociación con Bruselas. El sector trabaja en un  macroproyecto tractor en regeneración urbana y vivienda que incluye la regeneración de barrios completos. Por el momento, desde el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana están preparando un Plan de Rehabilitación dotado con más de 2.000 millones de euros, que se utilizarán para rehabilitar el parque existente de viviendas, así como actuaciones de regeneración urbana para cumplir con los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

«Las ciudades necesitan reducir las emisiones y aumentar la sostenibilidad de sus viviendas posibilitando actuar en los edificios existentes aumentando edificabilidades que compensen los costes que conllevan esas mejoras en calderas, fachadas, cubiertas, etc.…así como la regeneración de ciertas manzanas de infravivienda cuyas actuaciones pasan por su demolición y edificación de vivienda nueva», cuentan.

Cerca del 70% del producto de vivienda residencial se ha vendido para este año en curso

Sobre el impacto que el Covid-19 ha causado en el sector inmobiliario, las promotoras explican que cerca del 70% del producto de vivienda residencial se ha vendido para este año en curso. Aunque reconocen que el número de visados ha llegado a hundirse hasta un 30%, y son conscientes de que repercutirá en la actividad de los próximos años, esperan que la demanda de obra nueva siga al alza. Además, confían en que la vivienda se confirme como valor refugio.

«Hay que tener en cuenta que, al haber menos lanzamiento de promociones, y bajos tipos de interés, la vivienda puede convertirse en un valor refugio en el que invertir. Estas circunstancias ayudarán también a recuperar el pulso, lo que será más notable hacia el segundo semestre del año. Respecto a los precios en vivienda nueva no ha tenido prácticamente cambios», explican desde la Asociación.