Los precedentes de Bankia y SNS Bank abren una vía para que accionistas de Popular recuperen su dinero

Los accionistas y bonistas de Banco Popular se han encontrado en los últimos días con dos novedades judiciales en Europa que abren la puerta a una devolución de su dinero, más allá de la posible falsedad contable que investiga la Audiencia Nacional. Por un lado, el abogado general de Tribunal de Justicia de la UE considera que los grandes inversores también tienen derecho a recuperar el dinero invertido en la salida a bolsa de Bankia (y no solo los pequeños, como hasta ahora); por otro, un tribunal de Ámsterdam ha obligado al Estado holandés a devolver 800 millones a los bonistas de SNS Bank, una entidad que también fue nacionalizada en 2013.

«Hay cierto temor en Banco Santander [heredero de los derechos y obligaciones de Popular] a que estos casos sienten un precedente en Europa y que, al final, tenga que devolver el dinero de la ampliación de capital de 2016 a inversores pequeños y grandes, y también las pérdidas de los tenedores de bonos, en su mayoría fondos de inversión internacionales como Pimco», señala un experto en el caso.

Santander ya ofreció unos bonos a 115.000 pequeños accionistas de Popular que habían acudido a dicha ampliación para compensarles por la pérdida sufrida en la resolución de la entidad el 7 de junio de 2017. Estos títulos, que el banco presidido por Ana Botín ofreció voluntariamente, tenían un bajo interés y eran perpetuos, aunque el banco indicó su disposición a amortizarlos a finales de 2024.  Fueron aceptados por unos 100.000 inversores particulares.

Pero la compensación dejó fuera a los grandes inversores y a aquellos que habían comprado acciones antes de la citada operación, siguiendo el ejemplo sentado por Bankia cuando el Tribunal Supremo consideró que debía devolver el dinero invertido en la salida a bolsa porque las cuentas no eran reales al haber sido reformuladas posteriormente. El banco rescatado por el Estado en 2012 solo había retornado su inversión a los minoristas (y, posteriormente, la Audiencia Nacional sentenció que no hubo falseamiento contable, pero no se exigió a los inversores devolver de nuevo el dinero recuperado).

Si es falso para los pequeños, es falso para los grandes

Ahora, el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE ha considerado que, si las cuentas incluidas en el folleto de salida a bolsa no reflejaban la realidad de la entidad, serían igual de irreales para todos los inversores, grandes y pequeños. Por ello, sostiene que los grandes también tienen derecho a reclamar la devolución de su dinero. Las conclusiones del abogado general no son vinculantes para el Tribunal, pero la sentencia suele coincidir con ellas en la mayoría de los casos.

Bankia tiene a su favor la citada sentencia de la Audiencia Nacional que le exime de culpa, por lo que va a ser complicado que prosperen las reclamaciones de algunas instituciones que acudieron a la OPV de 2011; por ejemplo, Iberdrola lo peleó en los tribunales, pero perdió en 2018 con el argumento de que «se le presumen mayores conocimientos que a los particulares», que es justo lo que tumba ahora el abogado general. La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán desistió de recurrir ante el Supremo.

Aunque sea difícil recuperar el dinero invertido en Bankia, si finalmente el Tribunal de Luxemburgo falla en el sentido apuntado por el abogado general, se abriría una vía para que los accionistas de Popular a los que Santander no ofreció bonos de compensación le reclamen su dinero. No obstante, en este caso hay que tener presente que se trató de una acción comercial que no estaba forzada por ninguna sentencia y, por tanto, lo más probable es que Santander no los ofrezca hasta que un tribunal le obligue a devolver el dinero de la ampliación (algo que podría ocurrir en el caso Popular que instruye el juez José Luis Calama en la Audiencia).

Holanda sienta un precedente para los bonistas

Además, los inversores de Popular cuentan con otro precedente a su favor: el fallo de un tribunal holandés que obliga al Estado a devolver 804 millones de euros más intereses a los titulares de bonos del grupo SNS, que incluye la aseguradora SNS Reaal y el banco SNS Bank. Esta entidad fue nacionalizada en 2013 cuando era ministro de Finanzas Jeroen Dijsselbloem (que posteriormente fue presidente del Eurogrupo) y los accionistas y tenedores de bonos perdieron todo su dinero, como ocurrió con Popular.

Curiosamente, en este caso el tribunal no establece una compensación para los accionistas sino solo para los inversores en la deuda del grupo. El argumento utilizado es que las acciones de SNS no valían nada porque estaba al borde de la quiebra y, por tanto, los accionistas no merecen ninguna compensación; argumento muy similar al utilizado por la JUR (Junta Única de Resolución) cuando resolvió el Popular, refrendado posteriormente por Deloitte.

Sin embargo, la sentencia sí reconoce el derecho a recuperar su dinero a los tenedores de bonos. Un precedente que abre la puerta a que suceda lo mismo en el caso Popular, donde una serie de grandes fondos de inversión (Anchorage, Algebris, Carin Capital y Pimco) y también pequeños inversores perdieron cerca de 2.000 millones de euros en la resolución de 2017.