Caso Bankia

La Audiencia Nacional salva la cara del Banco de España y la CNMV con la sentencia de Bankia

El ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el ex presidente de CNMV, Julio Segura
El ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el ex presidente de CNMV, Julio Segura

«Los van a absolver. Nadie gana si los condenan porque Rato ya está en la cárcel y la gente ha recuperado su dinero; al contrario, pondría a los pies de los caballos al Banco de España y a la CNMV porque Bankia no pudo falsear las cuentas ni salir a bolsa sin su complicidad». Así se expresaba una fuente cercana al supervisor bancario a finales de 2018. Y ha dado en el clavo.

La sentencia publicada el martes por la Audiencia Nacional absuelve a Rato, a su cúpula, a la propia Bankia y al auditor Deloitte de los delitos de falsedad contable y estafa a inversores. Y lo hace con unos argumentos bastante controvertidos, incluso asombrosos, como decir que no hay falsedad contable porque las cuentas no estaban auditadas… cuando Deloitte se negó a auditarlas  porque las consideraba falsas. Otro ejemplo: habla del prestigio de Lazard como argumento de autoridad sin tener en cuenta que la presidía Rato antes de irse a Bankia. Todo lo cual hace pensar a muchos en el mundo financiero que su objetivo es únicamente salvar la cara de Banco de España y CNMV, tal como anunciaba esta fuente.

De hecho, el gran argumento de la magistrada Ángela Murillo (ponente de la sentencia) para absolverles es, precisamente, que el Banco de España y la CNMV avalaron todas las actuaciones de Rato: desde la fusión de las siete cajas en BFA -origen de Bankia- hasta las cuentas de 2011 que tuvo que reformular Goirigolzarri y que dieron pie al rescate (que, por cierto, parece no haber existido a tenor de la sentencia), pasando por la salida a bolsa, que es la operación donde se produjo el perjuicio económico para los incautos que acudieron a la colocación de acciones.

Si el Banco de España y la CNMV dijeron que estaba bien, es que estaba bien. Por cierto, entre los supervisores incluye al FROB y a la EBA (Autoridad Bancaria Europea), que no tienen esa función. Y le da igual lo que digan los peritos del propio supervisor nombrados por el juez instructor del caso, o los correos del inspector Casaus que alertaron ya en 2010 de la que se avecinaba.

MAFO y Segura miraron para otro lado para salvar a Bankia

Pero la realidad es justo la contraria: los reguladores, y el Gobierno de Zapatero, emprendieron una huída hacia delante para tratar de salvar unas entidades que se hundían por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la recesión. Primero, dando sus bendiciones a las fusiones; de hecho, la sentencia reconoce que «la integración de las siete cajas de ahorros que conformaron BFA fue impulsada por las autoridades económicas y financieras, las cuales ejercieron una fuerte presión». Y después, forzando una salida a bolsa que convirtieron en una cuestión de Estado y permitiendo que se colocaran masivamente las acciones a los minoristas porque los extranjeros no pusieron ni un euro. Y de eso no dice nada la Audiencia.

Por tanto, la Audiencia podría haber llegado a una conclusión o a su contraria con el mismo argumento: los supervisores aprobaron todas estas operaciones para favorecer esa huída hacia adelante. O, como dijo el propio Luis de Guindos en sede parlamentaria, miraron para otro lado. Murillo despacha esta posibilidad sugerida por las acusaciones calificándola de «contubernio».

Ahora bien, en el caso de una condena, el entonces gobernador del Banco de España, Miguel ángel Fernández Ordóñez, y el presidente de la CNMV, Julio Segura, serían cómplices o cooperadores necesarios en estas tropelías. Y eso, aparte de dejar en evidencia a Fernando Andreu -que los imputó y desimputó dos veces-, crearía una crisis institucional enorme porque, en España, criticar a los responsables de una institución se interpreta como cuestionar la propia institución (así lo dijo el sucesor de MAFO, Luis Linde).

Casi ningún beneficiado de una condena

Como sostenía esa fuente, frente a ese perjuicio y descrédito de los supervisores, los beneficios de una condena eran magros. Por un lado, Rodrigo Rato ya está en la cárcel por las tarjetas black cuando, precisamente, hay muchos más argumentos jurídicos para condenarle por la salida a bolsa que por aquella golfería (una cosa es que fuera inmoral y otra distinta es que fuera ilegal). De hecho, hay quien sostiene que todo el escándalo de las tarjetas opacas -denunciadas por su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri- salió a la luz precisamente para poder condenar a Rato por algo que no fuera la OPV y de esta forma salvar la cara de Banco de España y CNMV.

Por otro lado, los minoristas ya han recuperado su dinero porque el Tribunal Supremo, sin encomendarse a Dios ni al diablo, decidió en una sentencia civil de 2016 que había que devolverles el diner. Según el Alto Tribunal, les habían engañado en la salida a bolsa porque las cuentas que aparecían en el folleto fueron reformuladas y, por tanto, no reflejaban la realidad de la entidad. Y como la inversión se había basado en  una información irreal, se consideraba nula. Se les devolvieron 1.850 millones y su reparto entre BFA (100% del Estado) y Bankia provocó una pelea entre Guindos y Montoro en la que tuvo que mediar Soraya Sáenz de Santamaría. Una sentencia, por cierto, que queda ahora cuestionada por el fallo de la Audiencia. ¿Qué habría que hacer ahora? ¿Obligar a los minoristas a entregar ahora el dinero que se les devolvió?

Por tanto, los únicos perjudicados de una absolución del caso Bankia serían los grandes instituciones que acudieron a la OPV, como Mapfre o Iberdrola. Y la Justicia, claro. Pero eso parece ser lo menos importante en este fallo.

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