La Plataforma de Pesca denunciará a Ribera por «dañar el ecosistema marino» en favor de la energía eólica

La Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos denunciará ante el Tribunal Supremo al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por «11 ilegalidades manifiestas». Según la demanda a la que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, el Gobierno podría estar vulnerando los artículos 9 y 130 de la Constitución Española al dar prioridad al sector energético antes que al pesquero y legislar siguiendo criterios arbitrarios. En consecuencia, las decisiones del Ministerio de Teresa Ribera estarían «dañando al sistema marino», siguiendo «un sesgo evidente de priorizar la implantación de la energía eólica marina».

Torcuato Teixeira, portavoz de la plataforma, ha afirmado a este medio que el Ministerio está «jugando con cosas muy serias que no se pueden tomar a la ligera». «Parece que han cogido un mapa y han dibujado unas zonas arbitrariamente» pues «no se ha valorado si hay partes que pueden ser sensibles a estas industrias, no tienen ni idea», sentencia Teixeira.

«Han hecho un Real Decreto de Ordenación del Espacio Marino sin tener los mínimos informes científicos que exige el principio de precaución. No se entiende como pueden hacer algo que afecte a una actividad tan importante como la pesca sin un solo estudio sobre el impacto socioeconómico», defiende el portavoz.

Vulneración de la Constitución

La Plataforma en Defensa de la Pesca señala que el Ministerio ha infringido «explícitamente el mandato constitucional», en concreto; que ha vulnerado los artículos 9 y 130 de la Carta Magna.

El precepto constitucional 130 establece que «los poderes públicos atenderán a la modernización y desenvolvimiento de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, con el fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles». Según la denuncia de la plataforma, el Gobierno estaría priorizando los intereses de los sectores que desarrollan la eólica marina antes que los de la pesca. Por ello, el Ministerio estaría contraviniendo la prioridad que el sector pesquero tendría por mandato constitucional.

La demanda argumenta que Transición Ecológica está realizando «una promoción y preferencia del sector energético, en detrimento del sector pesquero».  Esto constituiría un problema pues «el sector energético no aparece entre los sectores que demandan esa especial protección y promoción de los poderes públicos» en el texto constitucional.

De otro lado, el precepto constitucional noveno prohibe «la arbitrariedad de los poderes públicos» a la hora de legislar. La plataforma se acoge a este principio para denunciar que los documentos que establecen los lugares para desarrollar eólica marina se habrían realizado «de modo absolutamente arbitrario, sin justificación alguna».

Las demarcaciones marinas seleccionadas por el Gobierno para la implantación de la eólica marina son la Noratlántica, Estrecho y Alborán, Levantino-Balear y Canaria. En ellas, el Ministerio ha elegido varios lugares que «interfieren en zonas de intensidad pesquera», según la demanda.

«No hay nada en el texto que permita conocer las razones que han llevado a la eliminación de unas zonas y al mantenimiento de otras, en claro perjuicio para el sector pesquero», apuntala.

Presunta arbitrariedad del Ministerio

Teixeira afirma que su plataforma no pretende oponerse a la eólica marina. «Yo estoy de que los puertos exteriores se aprovechen para construir las infraestructuras para montar estructuras de eólica marina para exportar a Asia o a donde se necesite».

Es decir, el portavoz no rechaza la posibilidad de utilizar la superficie marítima para el desarrollo de las piezas que necesita esta tecnología. «El problema es aprovechar las infraestructuras portuarias para llenar los mares más próximos a costa de la pesca y el medioambiente en vez de para exportar y ser competitivos a nivel externo».

Por tanto, la denuncia de la Plataforma en Defensa de la Pesca no va dirigida a la industria sino a la presunta arbitrariedad que estaría siguiendo el Ministerio. Los pescadores reclaman a la cartera ministerial de Ribera que siga criterios socioeconómicos y medioambientales con respaldo científico.