Pánico en el ministerio de Ribera: no sabe cómo bajar la luz porque no esperaba que la UE lo permitiera

«En el Ministerio de Transición Ecológica están en pánico, no saben cómo llevar a cabo la rebaja del precio de la luz y cada hora tienen una propuesta distinta», asegura una fuente cercana al departamento de Teresa Ribera. Tal es así, que incluso no se descarta que las medidas (o parte de ellas) no puedan aprobarse en el Consejo de Ministros de este martes junto al resto del llamado «plan de respuesta a la guerra».

Según estas fuentes, Ribera confiaba en que Bruselas vetara cualquier medida que rompiera el mercado único europeo de electricidad, y esa era la explicación que había dado a Pedro Sánchez para justificar su inacción. Pero resulta que el viernes, el presidente y el primer ministro de Portugal lograron que nos concedieran una excepción argumentando que la Península Ibérica es «una isla energética». Algo totalmente inesperado y que ha pillado desprevenido al Ministerio.

De ahí que este lunes tuvieran que ponerse a trabajar a toda prisa para encontrar una fórmula que permita llevar a la práctica esta autorización de la UE. Una tarea que no es nada fácil porque todas las opciones tienen alguna pega. Pero además, el lunes estuvo lleno de contradicciones dentro del propio Gobierno. La vicepresidenta Nadia Calviño dijo que el citado plan se pagará con dinero público (que incluye también la rebaja de las gasolinas, la limitación del alquiler o la prohibición de despedir) cuando Sánchez lo había negado en Bruselas. Y el propio marido de Ribera, Mariano Bacigalupo (vicepresidente de la CNMC), se pronunció a favor de alguna de las opciones.

Todas las opciones tienen efectos negativos

Una de las posibilidades que se barajan en el Ministerio es hacer dos subastas: una siguiendo el sistema actual -donde el gas es el que marca el precio- de ‘mentirijillas’ para fijar el precio de las interconexiones con Francia y otra para fijar el precio en España en la que se pondría un tope al que pueden pujar las centrales de gas (ciclo combinado). En ese caso, habría que compensar a estas centrales por la pérdida en la que incurrirían al generar la electricidad por debajo de lo que les cuesta la materia prima.

Sea con una o con dos subastas, se abre otro abanico de posibilidades. Se podría compensar a las gasistas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado -lo que negó Sánchez el viernes pero ayer admitió Calviño-. O bien se podría meter en los cargos del recibo eléctrico de 2023 en una especie de nuevo déficit de tarifa, con lo que el Gobierno bajaría la luz a los consumidores este año pero se la subiría el próximo. También se plantea que ese coste lo asuman las otras tecnologías en un «prorrateo horario», pero eso supondría fijar un precio marginal -el que se traslada al consumidor- artificial en las horas en que el gas no marca el precio. Y eso es muy difícil que lo acepte Europa.

No acaban ahí los problemas. Si sólo se fija un tope al gas, otras tecnologías como la hidráulica o las renovables podrían pujar por encima de ese precio: las centrales no pujan por el coste de producir electricidad, sino para maximizar el beneficio. Y, en ese caso, no bajaría la luz, o no tanto como pretende el Ejecutivo. Entonces, tendría que poner un tope a todas las generadoras, no sólo al gas… y debería compensar a todas, ya que al fijar el precio marginal no tendrían «beneficios caídos del cielo» por definición (o, al menos, no podría obligarles a pagar para compensar a las de gas).

Riesgo de que la oferta sea insuficiente para atender la demanda

Y aún hay más. Existe también el riesgo de que a los ciclos combinados no les interese pujar si la compensación no es suficientemente adecuada. En cuyo caso, podría darse un problema de falta de oferta para atender a la demanda en determinadas horas, es decir, podría haber insuficiencia de electricidad.

Por tanto, es necesario que las medidas estén muy bien afinadas para evitar todos estos posibles efectos negativos y, al mismo tiempo, para que sean asumibles para la Comisión Europea. Algo que está muy lejos de estar claro, como demuestra el precedente del decreto de septiembre, que el Gobierno tuvo que anular por los enormes daños colaterales que provocaba.

El Ministerio sólo tiene claras dos cosas: alargar tres meses la rebaja de impuestos en vigor y que las renovables más antiguas van a adelantar 1.800 millones de primas cobradas de más: el precio de la luz hace que su rentabilidad sea superior al 7,1% garantizado que se fijó en su día y deben devolver el exceso. Pero lo harán ahora en vez del próximo año. Un dinero que se usará para bajar la parte fija del recibo.

Pero el resto de medidas está en el aire. Algunas fuentes afirman incluso que, si Ribera no consigue esta vez un sistema eficaz sin efectos negativos, podría estar viviendo sus últimas horas como ministra.