La OPA de EQT sobre Solarpack recibe la ‘luz verde’ del Gobierno

La opa de EQT sobre Solarpack recibió la autorización del Gobierno en el pasado Consejo de Ministros, tal y como la empresa ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El fondo de inversión sueco realizará su oferta por la totalidad de compañía vasca, valorada en máximo 881,2 millones de euros, a través de la sociedad Veleta BidCo y aspira a captar, al menos, un 75% del capital para posteriormente excluirla del mercado.

Para ello, cuenta con acuerdos con accionistas por el 50,9% del capital. Beraunberri, Burgest 2007 y Landa LLC, los accionistas vendedores, se comprometieron irrevocablemente con la sociedad oferente a aceptar la oferta en relación con un total de 16.944.855 acciones, representativas en conjunto del 50,957% del capital de Solarpack. Ahora, debe esperar la autorización de la CNMV, que admitió a trámite la operación, para proceder con la oferta.

Solarpack cerró el primer semestre de 2021 con un beneficio neto de 0,1 millones de euros, lo que supone un descenso del 97% respecto al resultado de 4,8 millones del primer semestre del año pasado, debido principalmente a la menor actividad constructiva para terceros registrada durante este año.

Hasta junio ha alcanzó unos ingresos operativos de 72,7 millones, frente a los 81,0 millones del mismo periodo de 2020, y un ebitda de 24,2 millones (29,6 millones). Según explicó la empresa radicada en Getxo se trata de unos «sólidos resultados» durante el primer semestre de 2021 y que continúa con la ejecución de su cartera de proyectos en construcción, que suma 180 MW repartidos en Malasia, Chile, donde pondrá en marcha 22MW, y España, donde ha comenzado las obras de instalación de otros 10 MW.

El consejo de administración de Solarpack acordó constituir un comité de seguimiento de la opa integrado por los consejeros que no se encuentran en situación de conflicto de interés. Asimismo, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 del reglamento del consejo y en la recomendación 29 del Código de Buen Gobierno, contrató los servicios de JP Morgan AG como asesor financiero y de Uría Menéndez Abogados como asesor legal en relación con la operación «para el mejor desempeño de sus funciones».