Nueva derrota de Ribera por los impagos a las renovables: Reino Unido confirma un laudo de 101 millones

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 23/10/2024 06:45
  • Actualizado: 23/10/2024 06:45

Nueva derrota de España y de los impagos a las renovables decidido por Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y próxima vicepresidenta de Competencia y Transición Verde de la Comisión Europea, como estrategia judicial contra los fondos internacionales que están ganando los arbitrajes en el Ciadi, ligado al Banco Mundial.

El Tribunal de Apelación de Reino Unido ha emitido un fallo desestimando la apelación de Reino de España en el caso Antin, lo que confirma la decisión original de la justicia británica de 2023 que obliga a España a pagar una indemnización de 101 millones de euros a los demandantes en virtud del laudo arbitral emitido por el Ciadi. Este tribunal de arbitraje juzgó el caso bajo la cobertura del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) del que España era firmante.

El laudo, emitido de forma definitiva en 2019, ordenó a España indemnizar a las empresas demandantes, ambas vinculadas al sector de energías renovables, por los daños causados a raíz de los cambios retroactivos que sufrió el régimen de primas e incentivos concedidos a las energías renovables. Este caso es uno de los más de 25 que han sido dirimidos en los tribunales internacionales de arbitraje y que han resultado en el reconocimiento de indemnizaciones por valor de 1.560 millones de euros, cifra a la que hay que sumar cerca de 325 millones de euros de sobrecostes judiciales o financieros.

España argumentó en su apelación que el laudo arbitral debía ser anulado por razones de inmunidad soberana, apoyándose en decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que sostienen que el arbitraje entre Estados miembros de la UE bajo la Carta de Energía es incompatible con el derecho de la Unión Europea. Esta estrategia le ha servido a Ribera para ganar algunos arbitrajes por los impagos a las renovables.

Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Reino Unido rechaza esta argumentación, citando decisiones previas, y reafirma que los laudos emitidos bajo el sistema del Ciadi son vinculantes y deben ser reconocidos y ejecutados por los países vinculados a dicho tratado de arbitraje.

El fallo confirma la responsabilidad de España a la hora de asumir el pago de la compensación y confirma la ejecución de la sentencia a través del embargo de bienes, que se pueden practicar, salvo en el caso de activos sujetos a protección especial por inmunidad soberana.

La decisión de la justicia británica critica que «los argumentos presentados por España invitan a desviarnos del significado ordinario de las palabras utilizadas en la Convención y a subvertir en lugar de aplicar su objeto y propósito». De esta forma, los tribunales de las islas dejan claro que los intentos de España por cuestionar la validez del laudo arbitral carecen de fundamento legal.

En 2023 y 2024, las empresas afectadas han reclamado el embargo de distintos bienes del Reino de España, como medida de protección ante los impagos de los laudos. Los tribunales de Estados Unidos, Australia, Bélgica y Reino Unido han fallado a favor de los inversores y, en el caso de la justicia belga y de la magistratura británica, ya han autorizado la congelación de distintos activos financieros e inmobiliarios, caso de tres edificios radicados en Londres (entre ellos, la sede del Instituto Cervantes), cuatro cuentas bancarias, el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige o los pagos mensuales de Eurocontrol a Enaire.

Este conflicto se remonta a 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una prima del 25% para las inversiones en energías renovables para fomentar su uso. Cuando Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, y en medio de una crisis económica mundial que dejó las arcas vacías, decidió eliminar unilateralmente esas primas. A partir de ahí, los fondos iniciaron procesos de arbitraje que algunos han derivado en procesos en tribunales ordinarios por la negativa de España a pagar esos arbitrajes, decisión de Ribera.