Otro problema para Teresa Ribera: alerta en Europa por su política de impagos a las renovables

Diputados europeos alertan de lo que pueda hacer Teresa Ribera, todavía ministra de Transición Ecológica, como próxima vicepresidenta europea y comisaria de Competencia y Transición Limpia en el expediente abierto en Bruselas por el arbitraje de Antin contra España por los impagos a las renovables. Esa investigación, abierta por la Comisión en 2021, podría declarar el pago de los arbitrajes perdidos por España como ayudas estatales contrarias al derecho europeo, lo que permitiría a España no pagar nada a los fondos que reclaman más de 5.000 millones por recortar unilateralmente las primas a las inversiones en energías renovables en 2012.

Si finalmente la Comisión declara que si España paga esos arbitrajes perdidos a los fondos serían ayudas estatales contrarias al derecho europeo, el Gobierno se libraría de tener que abonar miles de millones que reclaman estos fondos que han ganado sus arbitrajes en el Ciadi y en otros tribunales de arbitraje, pero daría una mala imagen de Europa a los inversores. Este es el argumento de diputados europeos, que piden a Ribera que se abstenga de participar en el expediente que está abierto sobre el laudo de Antin.

Lo que tiene que decidir la Comisión, donde Ribera será la número dos de Úrsula von der Leyen, es si los 100 millones de euros que le reclama el fondo Antin -sentencia del tribunal de arbitraje en 2018- serían ayudas de Estado ilegales. La clave es que España no notificó a Europa el sistema de primas a las renovables aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, por lo que el fondo estaría recibiendo ayudas no consideradas legales por Europa.

En definitiva, Ribera podría influir en que la Comisión declarase ilegales esas ayudas y librar a España de un grave problema. Pero eso iría en contra de Europa porque lanzaría un mensaje erróneo a los inversores internacionales, justo en un mandato que Von der Leyen ha calificado como el de la inversión -el informe Draghi habla de que hay que invertir 800.000 millones de euros-.

Por eso, eurodiputados han alertado de esta situación y han pedido a Ribera que no se inmiscuya en el expediente abierto en Bruselas sobre el arbitraje de Antin. Markus Ferber, diputado europeo alemán de la CSU, ha señalado que «dado que Teresa Ribera, como ex miembro del Gobierno español , es parcial en este asunto, haría bien en no interferir en este procedimiento específico y dejar el asunto en manos de sus departamentos».

Las autoridades de competencia europeas ya concluyeron que este tipo de reclamaciones no eran viables entre dos países de la Unión Europea. Ahora, Competencia tiene que decidir si los pagos a Antin serían ayudas de Estado ilegales, dando un espaldarazo a la estrategia de Ribera de no pagar los laudos que ha ido perdiendo España.

«No puedo anticiparme a la evaluación de la Dirección General de Competencia, pero a primera vista no es tarea de la ley de ayudas estatales impedir pagos de compensación que deban atribuirse a daños reales», ha advertido públicamente el eurodiputado Damian Boeselager, de los Verdes.

¿Qué decidirá finalmente la Comisión? Que el departamento europeo que va a dirigir Ribera declare esas ayudas ilegales podría librar a España de pagar miles de millones de euros y avalar la estrategia que ha seguido Ribera en este asunto, aunque en las últimas semanas se ha abierto a alcanzar un pacto con los fondos. Pero, a cambio, golpearía la credibilidad de Europa como destino de inversiones justo en una legislatura que Von der Leyen ha definido como la de la inversión.

El conflicto de las renovables parte de 2007, cuando el Gobierno de Zapatero aprobó primas del 25% para las inversiones en energías renovables. En 2012, cuando el PP llega al poder, decide unilateralmente limitar esa primas al 7% para hacer frente a la grave crisis económica. Los fondos decidieron acudir a los tribunales de arbitraje, que les han dado la razón en muchas ocasiones. Ribera decidió no pagar esos arbitrajes y algunos han acudido a los tribunales ordinarios, que han ordenado el embargo de bienes españoles en algunos países.