Ni casas ni garajes: el objetivo de los okupas que preocupa en los pueblos de España

En los últimos años, hablar de okupación en España ha dejado de ser una conversación exclusiva de las grandes ciudades. Aunque sigue siendo en los entornos urbanos donde se registran más denuncias, el fenómeno ha empezado a extender sus raíces también en zonas rurales. Los pueblos están viendo cómo sus campos y fincas se convierten en el nuevo foco de atención para quienes buscan ocupar propiedades de forma ilegal.

Este cambio de escenario ha cogido por sorpresa a muchos propietarios del entorno rural. No se trata ya de pisos desocupados o de chalets vacacionales: el objetivo ahora son las casetas de aperos, pequeñas construcciones agrícolas que tradicionalmente se han utilizado para guardar herramientas o refugiarse del sol durante las jornadas de campo. Aunque algunas disponen de una cama improvisada, una toma de agua o incluso luz, la mayoría carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad. Y, sin embargo, se están convirtiendo en el blanco de ocupaciones.

El problema no solo está en la acción de ocupar, sino en la incertidumbre legal que rodea este tipo de situaciones. La justicia, en más de un caso reciente, ha dejado claro que entrar a vivir en una caseta en mal estado y sin servicios básicos no constituye delito. Para los dueños de estas fincas, esto supone una auténtica pesadilla: pierden el control de su propiedad, pero no tienen herramientas penales claras para recuperarla.

El objetivo de los okupas que preocupa en los pueblos de España

Las casetas de aperos son pequeñas edificaciones que se encuentran en muchas fincas agrícolas. No están pensadas para vivir, sino para almacenar materiales, descansar puntualmente o incluso protegerse del mal tiempo. Suelen ser construcciones de una sola planta, hechas de bloques o piedra, muchas veces sin ventanas ni sistemas de cierre seguros. Y, precisamente por su simplicidad, están completamente desprotegidas frente a una okupación.

En Mallorca, por ejemplo, un reciente caso ha generado gran inquietud entre los propietarios rurales. Una pareja fue descubierta residiendo en una caseta que no tenía ni agua corriente ni electricidad. A pesar de que inicialmente fueron condenados por un delito leve, la Audiencia de Palma acabó revocando la sentencia. ¿La razón? Según el tribunal, no se trataba de un inmueble habitable ni cerrado, y por lo tanto no se podía aplicar la legislación penal de usurpación. Esta interpretación sienta un precedente que podría repetirse en otros puntos del país.

El fallo del tribunal ha encendido las alarmas en el sector agrícola. Muchos agricultores cuentan con este tipo de edificaciones en sus campos y temen que puedan ser ocupadas sin que haya una respuesta jurídica clara. A diferencia de una vivienda convencional, las casetas de aperos parecen moverse en una especie de limbo legal, donde la propiedad privada pierde fuerza frente a la interpretación de lo que se considera habitable.

Una vía lenta y poco efectiva: la respuesta administrativa

Al no considerar delito la ocupación de este tipo de casetas, los tribunales están trasladando el problema al ámbito administrativo. En el caso mencionado, la Audiencia recomendó que fuera el ayuntamiento quien iniciara un expediente sancionador, con el fin de aplicar una multa y, eventualmente, facilitar que el propietario pudiera recuperar su espacio.

Sin embargo, este procedimiento está lejos de ofrecer una solución rápida o eficaz. Cualquier expediente administrativo puede tardar semanas o incluso meses en resolverse. Además, la efectividad de las sanciones económicas contra personas que probablemente no tienen recursos es muy limitada. Para los propietarios, esto supone un doble castigo: ver invadida su propiedad y, encima, tener que depender de trámites lentos y burocráticos para recuperarla.

La situación se complica aún más cuando se considera que en muchos pueblos pequeños no hay suficientes recursos municipales para afrontar este tipo de procesos. La falta de personal jurídico o técnico en los ayuntamientos puede hacer que, en la práctica, estos expedientes ni siquiera lleguen a iniciarse, dejando al afectado en una posición de absoluta impotencia.

La reforma que llega contra la okupación

En paralelo a este fenómeno rural, a nivel nacional se han dado pasos para combatir con más contundencia la okupación en general. El pasado 3 de abril entraba en vigor una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que busca agilizar los procesos judiciales en casos de allanamiento de morada y usurpación. Gracias a esta modificación, ciertos casos ya pueden resolverse por la vía de juicios rápidos, en un plazo de apenas 15 días.

No obstante, esta reforma no incluye la ocupación de casetas rurales ni la inquiokupación (el caso de inquilinos que dejan de pagar pero se niegan a abandonar la vivienda). Así, aunque representa un avance en ciertos contextos urbanos, la medida deja fuera precisamente el tipo de situaciones que más preocupan ahora a los habitantes del entorno rural.

Es decir, si bien se endurece el tratamiento judicial de la okupación en viviendas habitables, las construcciones agrícolas siguen sin protección efectiva. Esto deja una gran laguna legal que, de no abordarse con reformas específicas, podría aumentar la sensación de impunidad entre quienes ocupan y de desamparo entre quienes pierden sus propiedades.

Las cifras de la okupación en España

Los números no engañan. Según datos del Ministerio del Interior, la okupación en España aumentó un 7,4% en 2024, con más de 16.000 denuncias registradas. Cataluña encabeza la lista, con más de 7.000 casos, seguida por Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid. Aunque la mayoría de estas cifras se concentran en núcleos urbanos, hay una tendencia clara a la expansión hacia zonas rurales.