La mala gestión del Gobierno de la crisis del Covid se lleva por delante 81.000 empresas

Ni los créditos ICO, ni los ERTE, ni las ayudas directas que nunca llegan… Ninguna de las «exitosas medidas» de Pedro Sánchez ha conseguido frenar la sangría de compañías que se ha producido tras el estallido de la crisis sanitaria del Covid. En concreto, más de 81.000 empresas han echado el cierre definido desde que comenzó la pandemia hasta este mes de abril, dejando latente la inacción del Gobierno y la fragilidad del tejido empresarial y la situación que sufren ante el alza de los costes y el descenso en el consumo.

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, en marzo de 2020 -cuando estalló la crisis del Covid-19- se destruyeron 141.948 empresas. Un número que, pese a la paulatina recuperación que se ha producido a partir del segundo trimestre de 2021, queda todavía muy lejos: en marzo de 2021 se crearon tan sólo 19.334 empresas y en el mismo mes de este año poco más de 41.000. De esta forma, sólo se han recuperado cerca de 60.500, por lo que el número de empresas que han cerrado asciende a 81.000 si se tiene en cuenta el ciclo económico y se compara con 2019.

Parte de esta problemática deriva de la falta de ayudas del Gobierno. Después de poco más de un año desde que Pedro Sánchez anunciase a bombo y platillo una partida de 7.000 millones de euros en ayudas directas para empresas que hubiesen sufrido el impacto de la crisis del Covid-19, ha quedado demostrado que han sido un fiasco. Los duros requisitos del Ejecutivo socialista para poder acceder a estos fondos hacen que el 42% de los 7.000 millones de euros aprobados para ayudar a las empresas más afectadas por la pandemia aún no se han repartido y en torno a un tercio se quedarán previsiblemente sin ejecutar, ya que las solicitudes registradas no cubren todos los recursos a disposición de las comunidades autónomas.

En estos momentos, sólo Baleares y Canarias, a las que les correspondían un total de 2.000 millones de esas ayudas directas -1.000 a cada una- han repartido la totalidad de sus fondos. De esta forma, el 30% de los 5.000 restantes, unos 2.000 millones, se han dejado sin gastar y las comunidades tendrán que devolvérselos a Hacienda. A esos 2.000 millones que las autonomías no han repartido hay que sumar los más de 9.000 millones de las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que todavía no han sido comprometidos, aunque, a diferencia de las ayudas directas de Sánchez, siguen disponibles para su solicitud.

Pesimismo para el futuro

Las empresas españolas llevan dos años de pandemia a sus espaldas y no acaban de ver la luz. Sus cuentas empezaban a notar cierta recuperación, pero el alza de los costes energéticos y la invasión de Ucrania, con la desaceleración económica que ello implica, ha sido la puntilla. Tanto es así, que los administradores concursales ya prevén una ola de quiebras para el cuarto trimestre. Y mientras, el Gobierno se sigue cerrado en banda a bajadas de impuestos que den algo de oxígeno al tejido empresarial español en esta comprometida situación.

El número de empresas que lo están pasando mal es «muy significativo», pero en este momento están «anestesiadas» por los préstamos otorgados durante el Covid y porque no hay obligación de presentar concurso por las moratorias que se han aplicado, explica. Muchas de ellas aún tienen en marcha expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) «Sobreviven porque han recibido ayudas públicas, pero su competitividad es nula. Bajarán la persiana y desaparecerán», vaticina. «El problema es que no vamos a ser capaces de anticiparnos».