La industria se rebela contra Sánchez por no bajar la luz y subir el gas en plena crisis del coronavirus

La gran industria está que trina con el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por los altísimos costes energéticos que soporta en España (muy superiores a los de los principales países de Europa) y considera que las últimas normas aprobadas para abaratarlos son simples medidas de cara a la galería. El Estatuto del Consumidor Electrointensivo apenas rebaja la factura de la luz y el nuevo Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) les subirá todavía más el precio del gas.

Diversas fuentes del sector advierten de que estos elevados costes de la energía pueden dar la puntilla a muchas compañías que, además, tienen que lidiar con la gravísima crisis provocada por el coronavirus y la falta de ayudas en España, a diferencia de otros países. «Si no baja la energía, las grande fábricas se irán una tras otra a países con climas más cálidos para las empresas», augura una de las fuentes, que pone como ejemplo el cierre de Nissan en Barcelona o el de Alcoa en Lugo (frenado por la anulación del ERE y que, en el mejor de los casos, acabará con la venta de la planta, pero el gigante del aluminio se marchará de España en todo caso).

Como informó OKDIARIO, el recibo de la luz para los hogares no bajará en 2021 por culpa de que el gas es el que marca el precio y de la enorme cantidad de impuestos que pagamos por la electricidad en España. Algo que se confirmó con los máximos históricos de ayer. ¿Y para los grandes consumidores? Pues tampoco, pese a que el Ejecutivo aprobó el 15 de diciembre -con dos años de retraso- el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, la norma que debía abaratar el coste para la industria.

El bluf del Estatuto del Consumidor Electrointensivo

Pero esta norma se quedó a años luz de lo que pretendía el sector, ya que no le libera de los llamados «costes» del recibo: las primas a las renovables, el déficit de tarifa acumulado durante años (porque costaba más producir la electricidad de lo que se pagaba por ella) y la insularidad, es decir, que los habitantes de las islas paguen el mismo precio que los de la península. Tampoco les compensa por el llamado CO2 indirecto, que se limita a 61 millones de euros, solo 25% de la ayuda máxima permitida por Bruselas; otros países han utilizado el 100% de las ayudas autorizadas por la UE. Y, por supuesto, ni se plantea una rebaja de impuestos, cosa que sí han hecho algunos de nuestros competidores.

Además, la norma del Gobierno de Sánchez concede el estatus de electrointensivo a un abanico amplísimo de industrias, lo que diluye a las que de verdad lo son. Es decir, si las ayudas son pequeñas y encima se reparten entre mucha gente, los grandes consumidores apenas las notan en su factura eléctrica. Geográficamente, perjudica a las comunidades de la cornisa cantábrica, donde se ubica gran parte de la industria tradicional española.

«La industria electrointensiva necesita un precio eléctrico competitivo, estable y predecible, similar al de países como Alemania y Francia, y requiere disponer de certidumbre y seguridad jurídica para seguir desarrollando su actividad en España. El Estatuto aprobado no llega a contemplar medidas claves que sí supondrían para la industria más electrointensiva una verdadera vía de solución a los problemas de desventaja competitiva que le supone el coste eléctrico en España, que en 2020 es más del doble que el de sus competidores directos, cuando éste alcanza hasta el 50% de los costes de producción totales», explica Fernando Soto, presidente de AEGE (Asociación Española de empresas con Gran consumo de Energía).

El rejón al gas del nuevo fondo para la sostenibilidad

Por tanto, la luz no va a bajar… y encima, el gas va a subir. ¿Por qué? Por el citado FNSSE, el fondo con el que el Gobierno quiere rebajar en cinco años el recibo de la luz de los hogares al sacar las primas de las renovables, para que las asuma la industria petrolera y gasista. Eso se trasladará, lógicamente, al precio de los combustibles en las gasolineras y del gas natural que consumen muchas industrias.

Pero el problema no acaba ahí. En España está extraordinariamente desarrollada la cogeneración, es decir, muchas industrias utilizan el gas que consumen no solo para su actividad (por ejemplo, las que requieren calor como la cerámica), sino al mismo tiempo para generar electricidad. De esta forma, reducen su recibo e incluso venden electricidad a la red cuando les sobra, es decir, cuando generan más de la que necesitan. Con el «rejón» que supone el nuevo fondo, esta actividad será la más penalizada. Y no es baladí: hay 600 plantas de cogeneración que consumen el 43% del total del gas que va a la industria.

Por eso, muchas compañías y asociaciones sectoriales están trabajando a marchas forzadas a la vuelta de las fiestas para presentar alegaciones a la norma que crea el fondo de marras, cuyo plazo termina el lunes (no es casualidad haberlo fijado así). Pero, a la vista de los precedentes, la industria tiene muy pocas esperanzas de conseguir algo de Sánchez.