La hipocresía de Sánchez: de aprobar la OPA de BBVA a defender a Sabadell a dos días de las elecciones

La opa hostil lanzada ayer por BBVA sobre la totalidad de las acciones del Banco de Sabadell -después del fracaso del intento amistoso de compra- se ha convertido en un campo de batalla que traspasa al estricto mundo de la economía y de los negocios en los prolegómenos de las elecciones autonómicas del próximo domingo. Los partidos independentistas Esquerra Republicana, que gobierna la Generalitat, y Junts per Cataluña, la formación del prófugo Carles Puigdemont, han rechazado de manera contundente la propuesta de compra de BBVA de una entidad que consideran autóctona, o sea catalana, pero a la que forzaron a huir de la región en pleno Procés, y con motivo de la declaración de independencia fugaz declarada en 2017 por el mismo Puigdemont. Y Sánchez está a dispuesto a no perder comba en esta carrera.

Con motivo de los acontecimientos desatados en 2017, Sabadell decidió trasladar con la máxima celeridad su sede a Alicante, ante el temor a perder eventualmente la cobertura del Banco Central Europeo (BCE) y el objetivo de evitar un castigo en su cuenta de resultados. Lo mismo sucedió en aquellos momentos con el Grupo La Caixa, cuyo máximo responsable, Isidro Fainé, imploró al entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, que habilitara una fórmula expeditiva que facilitara con premura la huída ante el desarrollo de los acontecimientos.

Y así fue. El Gobierno de Rajoy aprobó un decreto que hacía innecesaria la convocatoria de una Junta de Accionistas para aprobar el traslado de sede, lo que multiplicó la fuga ininterrumpida de empresas. A finales de 2023, el número de compañías que se ha ido de Cataluña asciende a casi 9.000. En 2017, Pedro Sánchez era diputado, ya líder del Partido Socialista después de ganar las primarias, y dio su consentimiento -es verdad que a regañadientes- a la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución que permitió la intervención del Gobierno catalán.

Entonces, Sánchez votó a favor, a pesar de que durante los años siguientes, una vez obtenida la Presidencia del Gobierno tras una moción de censura, ha venido defendiendo, y con más énfasis ahora -cuando depende para seguir en el poder de los independentistas catalanes-, que la decisión de intervenir la autonomía fue un error.

En el caso de la opa de BBVA al Sabadell, ante la precipitación de los acontecimientos y la incertidumbre máxima sobre el resultado de las elecciones del domingo, el Gobierno de Sánchez ha pasado de ver con buenos ojos la propuesta primera de adquisición amistosa a calificarla, una vez convertida en hostil, de «lesiva para la competencia y los consumidores», arrastrando al Partido Socialista de Cataluña, y su candidato a la Generalitat, Salvador Illa, a decir textualmente que «Cataluña rechaza esta operación porque no es buena para nadie».

Medios cercanos al PSC consultados por OKDIARIO sostienen una versión ligeramente diferente. La tesis es que ante la reacción furibunda de los partidos independentistas competidores en contra de la opa, Illa no tenía otra alternativa que sumarse a la oposición para evitar cualquier pérdida de votos en un momento en que las encuestas, de manera mayoritaria, siguen dándole como claro favorito para ganar las elecciones. En cualquier caso, el hecho evidente es que el Gobierno ha cambiado radicalmente de opinión en apenas unos días. Donde dije digo digo Diego.

A finales de la semana pasada, el ministro de la Presidencia -además de Justicia y Relaciones con las Cortes-, Félix Bolaños -indudablemente con el visto bueno de Sánchez- declaró que la oferta de fusión por absorción de BBVA sobre Sabadell le parecía «una buena noticia» porque «España necesita empresas líderes, punteras en Europa y en el resto del mundo». Todo esta aproximación al suceso cambió repentinamente ayer, una vez que se conoció la apertura de hostilidades por parte del banco presidido por Carlos Torres y los diversos pronunciamientos públicos de los independentistas que compiten con el socialista Illa para la presidencia de la Generalitat.

El primero en saltar a la palestra, de manera sorprendente, fue el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ocupa el puesto desde diciembre del año pasado en sustitución de la ex vicepresidenta Nadia Calviño, y que ayer se despachó a gusto sobre la operación. A su juicio, la opa hostil tendría «efectos lesivos potenciales» en el sistema financiero español, pues supondría un incremento en el nivel de concentración «que podría tener un impacto negativo en el empleo y en la prestación de servicios financieros».

«Un excesivo nivel de concentración introduciría un riesgo potencial adicional a la estabilidad financiera, como indicó ayer el gobernador del Banco de España», apuntó el ministro, que también declaró que la operación afectaría también a la cohesión territorial por la presencia de estas entidades financieras en el territorio. «España tiene actualmente un sistema bancario fuerte y solvente. Nuestro deber es velar por mantener un sistema financiero sólido, que siga contribuyendo al crecimiento de nuestra economía y a la agenda de inclusión financiera y protección de los clientes», concluyó.

De triunfar la opa hostil, el resultado de la concentración bancaria a que dará lugar deberá ser estudiado a fondo por la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) -a cuyo frente está Cani Fernández, una persona de total confianza del Gobierno- y someterse igualmente a la opinión del Banco Central Europeo, cuyo número dos, irónicamente, es Luis de Guindos, el principal facilitar del éxodo de miles de empresas establecidas hasta 2017 en Cataluña a petición de ellas mismas.