Hacienda analiza un posible delito de malversación de fondos públicos para el ‘cupo catalán’

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha anunciado este viernes, 24 de octubre, que está analizando si se puede estar produciendo malversación de dinero público en torno al despliegue del cupo catalán y ha confirmado que está estudiando la posibilidad de adoptar medidas penales como consecuencia de esa supuesta desviación de fondos.

«Se está produciendo un gasto, una utilización del dinero público en algo que todavía no tiene una plasmación en una norma», ha denunciado Ana de la Herrán, presidenta de la asociación en el XXXV Congreso de los Inspectores de Hacienda del Estado.

La presidenta ha confirmado que desde la asociación están analizando con su despacho jurídico si se puede estar produciendo algún tipo de desviación de fondos públicos y están estudiando la posibilidad de adoptar medidas penales como consecuencia de esa supuesta malversación.

La asociación ha criticado que, con la financiación singular, se está empezando «la casa por el tejado», ya que aún no se ha conseguido plasmar en una ley orgánica las modificaciones necesarias para hacerla posible.

«No se está haciendo porque saben perfectamente que no pueden hacerlo, que no cuentan con las mayorías, porque se necesitaría en su caso», ha explicado De la Herrán.

Lo que sí que se conoce, a día de hoy, es que se ha creado el Consejo Asesor y el Comisionado y que se ha impulsado la norma para modificar el régimen jurídico de la agencia, para adaptarlo a la singularidad fiscal.

«Se están gastando el dinero en este tipo de aparatos y estructuras. Es decir, se está produciendo un gasto, una utilización del dinero público en algo que todavía no tiene una plasmación en una norma», ha advertido la presidenta de la asociación.

En esta línea, los inspectores han vuelto a insistir en que la «financiación singular de Cataluña no está regulada en la Constitución e incumple principios constitucionales».

Según han denunciado, desde que se inició el proceso de aplicación del «Acuerdo de Singularidad Fiscal para Cataluña», ningún experto ha puesto de manifiesto algún efecto positivo de dicho régimen, por lo que sólo obedece a la exigencia política de los independentistas catalanes para apoyar el nombramiento del presidente de la Generalitat.

El colectivo de inspectores entiende que se está produciendo una modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas por la «puerta de atrás», dado que no se ha modificado la normativa fundamento de dicho régimen. Esta alteración del régimen jurídico, que conllevaría también el fraccionamiento de la Agencia Tributaria española, puede conllevar a situaciones de vulneración del principio de igualdad, según han alertado.

La nacionalización de Hacienda

Por otro lado, la Asociación ha propuesto la nacionalización de las competencias de la inspección financiera y tributaria, eliminando la competencia regionalizada en función del domicilio fiscal.

Según los inspectores, con esta nacionalización se ganaría en flexibilidad en la asignación de recursos humanos, permitiendo con ello movilizar funcionarios allí donde haya mayor carga de trabajo o existan casos complejos, evitando cuellos de botella en determinadas delegaciones.

«Se sabe el paraguas que supone las miles de millones de empreasa que se concentral en Madrid. Si tienes una empresa grande o mediana en Cuenca, lo más probable es que tengas una inspección, pero si esa empresa en Madrid, pasa desapercibida», ha explicado el portavoz de la asociación, José María Peláez.

Además, Hacienda ha garantizado que esta nueva organización implicaría un refuerzo en el principio de unidad de actuación de la Agencia Tributaria que, aunque está descentralizada territorialmente, sigue siendo un órgano estatal.