El Gobierno trabaja en el Congreso para que las coacciones de los piquetes sindicales no sean delito

El Gobierno está tratando de realizar un cambio de relevancia dentro del código penal y concretamente en las huelgas que afectaría a los piquetes sindicales, llamados en ocasiones piquetes informativos pero que a veces pueden ejercer su actividad con violencia o coacción. El Congreso debatirá esta semana en su Comisión de Justicia la posibilidad de derogar el artículo del Código Penal dirigido a castigar con penas de cárcel las coacciones para iniciar o continuar una huelga,

Después de ir a la Comisión, pasará por el Pleno del Congreso.

Esta semana se ha valorado la proposición de ley del PSOE y se ha concluido que si la Comisión de Justicia da el visto bueno, la iniciativa se pueda aprobar en el próximo Pleno de la Cámara Baja, previsiblemente el 11 de marzo.

Con esta proposición de ley del PSOE se quiere derogar el artículo 315.3 del Código Penal que prevé penas de prisión para los piquetes sindicales violentos y pide que se revisen las sentencias firmes dictadas de conformidad con la legislación que se deroga.

Según el informe de ponencia al que ha tenido acceso Europa Press, la iniciativa llega a Comisión sin cambios sustanciales, únicamente varias correcciones de carácter técnico en la exposición de motivos.

Mayoría absoluta

El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos necesita mayoría absoluta para cambiar el código penal y que los piquetes sindicales violentos no estén cometiendo delitos. Como se trata de una proposición de ley que busca modificar una Ley Orgánica -el propio Código Penal-, la Cámara tiene que aprobarla con mayoría absoluta, por lo que los grupos que apoyan el Gobierno, que son el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos, que suman 155 diputados tienen que sumar al menos 21 votos más.

Con casi toda probabilidad, el Gobierno tirará una vez más de su pléyade de alianzas con independentistas, proetarras y el partido de Íñigo Errejón, que es uno de los diputados mejor pagados del Congreso en compensación por el cheque en blanco que ha ofrecido al Gobierno.

Estos partidos con los que se aprobará la moción son Esquerra Republicana de Catalunya (13 votos), EH-Bildu (5 votos), Más País-Equo (2 votos), la CUP (2 votos), Compromís (1 voto), BNG (1 voto) y Nueva Canarias (1 voto).

Enmiendas del centroderecha

Los partidos de centroderecha, bien sean nacionalistas catalanes, vascos o españoles, quieren meter enmiendas. La proposición de ley acumula enmiendas del PP, Vox, el PNV y el PDeCAT.

El PP quiere conservar la ley actual, Vox quiere que se amplíen las penas de prisión para los piquetes sindicales y los nacionalistas catalanes del PDeCAT quieren que se presente una ley de huelga

Concretamente, el PP busca conservar la redacción vigente de la ley; Vox intenta ampliar las penas de prisión para los piquetes sindicales; y el PDeCAT trata de ampliar la iniciativa, comprometiendo por ley al Gobierno a presentar un proyecto de Ley de Huelga, previo acuerdo con los agentes sociales, para sustituir la regulación actual, «de base preconstitucional».

En su enmienda, el PDeCAT cree que es necesario regular este derecho «de manera integral». «Tras más de 40 años de democracia sorprende que todavía no lo haya abordado ningún Gobierno», manifiesta en la justificación de su enmienda.

Misma pena

Mención aparte merece el PNV, partido históricamente proempresa a pesar de que desde hace años ha unido su camino a los populistas de izquierdas. Marcando distancias con el Gobierno de coalición, el PNV propone en su enmienda mantener en el Código Penal las penas de cárcel para los abusos que puedan cometer los piquetes en una huelga, aunque rebaja los años de prisión previstos a solo uno, o dos en caso de que se lleven a cabo con coacciones.

El PNV quiere mantener las penas de prisión para los piquetes sindicales violentos pero además quiere que se igualen las penas entre aquellos que limiten la libertad sindical y los que ejerzan violencia.

Según la propuesta de los nacionalistas vascos, que cuentan con una posición de dominio absoluto en su comunidad autónoma desde hace años y plena gestión económica, hay que equiparar y rebajar las penas para quienes «mediante engaño o abuso de situación necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical, el derecho de huelga o condujeren a otras personas a iniciar o continuar una huelga».

La propuesta del PNV limita a un año la pena máxima de prisión prevista en este artículo -actualmente se fija en dos años de cárcel- y en caso de existir coacciones se rebaja de los tres años de prisión vigentes a dos años. El artículo vigente para las coacciones en el ámbito de una huelga contempla penas de cárcel de hasta tres años.