El Gobierno catalán suprime los tipos reducidos en el impuesto sobre las hipotecas ahora que lo paga la banca

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern de Cataluña, Elsa Artadi, ha anunciado este martes que suprimirán los tipos reducidos para determinados préstamos hipotecarios, como los que se formalizan para compra de vivienda protegida, porque como a partir de ahora esos impuestos los pagarán los bancos, «no tiene sentido» que sean reducidos.

Tras el cambio de criterio del Tribunal Supremo sobre quién debería asumir el impuesto hipotecario, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió aprobar vía Decreto Ley que fueran las entidades bancarias quienes se hicieran cargo. Por eso, Artadi ha anunciado que el Govern suprime los apartados a) y d) del artículo 7 de la ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas que fijaban tipos impositivos reducidos del impuesto hipotecario en determinados supuestos.

Ese tipo reducido se aplicaba en la formalización de préstamos hipotecarios para comprar viviendas protegidas (0,1%), para contribuyentes de 32 años o menos con unos ingresos limitados (0,5%) o con una discapacidad acreditada igual o superior al 33% (0,5%).

Para el resto de casos, el impuesto era del 1,5 por ciento, y las comunidades autónomas eran las encargadas de recaudarlo y supuso para las arcas de la Generalitat 203,3 millones de euros en 2017, una cifra que, eliminando los tipos reducidos, el Govern prevé incrementar en 16,5 millones al año.

«Desde el momento en que lo pagan los bancos, no tiene sentido que paguen tipos reducidos», ha explicado Artadi tras aprobar la medida por la que todos los documentos que formalizan un préstamo o crédito hipotecario estarán sujetos al tipo general del gravamen del 1,5%.

FGE

Artadi ha afirmado además que la Generalitat denunciará ante la Fiscalía General del Estado el cambio de criterio del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas. En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha explicado que tanto el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, como el presidente de la Sala Tercera Contenciosa Administrativa del mismo tribunal, Luis María Díez-Picazo, «podrían haber incurrido en un delito».

Ha destacado que el presunto delito puede derivarse de la revocación de una sentencia firme que el Govern considera que vulnera las propias leyes del tribunal: el fallo determinaba que el impuesto de actos jurídicos documentales que grava las escrituras públicas que documentan los préstamos con garantía hipotecaria lo debían pagar los bancos y no los clientes.

Así, tienen previsto pedir a la Fiscalía que abra diligencias que permitan determinar la existencia de «ilícitos penales y las eventuales responsabilidades» de ambos jueces y de otras personas que hayan podido intervenir de forma activa y consciente de la comisión del presunto delito.

Artadi ha recordado que Díez-Picazo, tras dictar sentencia firme, informó de que trasladaba la cuestión al pleno de la Sala para «decidir si el giro jurisprudencial debe ser o no confirmado» y que el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, explicó que la decisión tomada en el pleno tenía por objeto un control de daños.

Para el Govern, esta apreciación se identifica más «con un control de oportunidad que con un control de legalidad» que, además, acabó provocando que el impuesto se mantuviera para el cliente y no el banco, beneficiando a éste y perjudicando al cliente, y generando así un perjuicio a su vez en el coste del acceso a la vivienda, ha dicho.

«Ni la convocatoria del pleno ni las razones que lo han justificado, ni las circunstancias en torno a las que se ha producido el cambio de criterio parece que respondan a lo que se entiende por administración de justicia», ha concluido Artadi.

En respuesta a los periodistas, ha explicado que los servicios jurídicos de la Generalitat ya trabajan para presentar esa denuncia, una labor que compaginarán con el estudio de la sentencia del Tribunal de Cuentas que condena al expresidente Artur Mas y a los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs a pagar los gastos del proceso participativo del 9N de 2014.