Giro en la ley contra los okupas: llegan los desahucios exprés y así funcionan

Pese a que Pedro Sánchez siga empeñado en afirmar que la okupación en España tiene que ver con «campañas de promoción y la desinformación», lo cierto es que, lejos de la Moncloa, hay un problema real con los okupas. Por ello, en el Congreso se ha aprobado en las últimas semanas una reforma a propuesta del PNV que permitirá los desahucios exprés en menos de 15 días. La nueva norma podría entrar en vigor el 3 de abril de 2025 mientras Podemos intenta torpedearla.

La okupación en España se representa en números y, pese a lo que diga Pedro Sánchez, estos son claros. En este caso, dato también mata relato. Según los datos publicados por el Ministerio de Interior de Grande-Marlaska, en 2023 se contabilizaron un total de 15.289 denuncias por okupación ilegal en España. Pese a ello, el CIS de Tezanos informó en su día que la okupación era un problema sólo para el 0,5% de los españoles, mientras que un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios aseguró en un informe que el 34% de los encuestados aseguró que esto era un problema real en el país.

Por ello, en los últimos meses ha liderado una enmienda que ha quedado incorporada a la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, aprobada por el Congreso después de un intenso debate y publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 3 de enero. Esta nueva norma modifica el artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a partir de ahora se incluyen los delitos de allanamiento de morada y usurpación de la vivienda entre aquellos que se tramitarán mediante juicios rápidos. Hasta la fecha esto sólo sucedía en caso de robos y hurtos.

La ley de los okupas y los desahucios exprés

Después de ser aprobada en su día en el Congreso y devuelta por el Senado, finalmente, hace unos días, la Cámara Baja aprobó esta enmienda del PNV gracias a los votos a favor de PP, Junts, UPN, Coalición Canaria, además de Bildu y ERC, que votaron por error. Pedro Sánchez y sus socios de Sumar y Podemos votaron en contra y el ex partido de Pablo Iglesias sigue poniendo trabas para que se introduzca una ley que pondrá fin a los problemas de muchos propietarios que hasta la fecha estaban condenados a muchos embrollos burocráticos cuando un okupa invadía su propiedad.

De esta manera, el artículo modificado tiene que ver con el 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que a partir de ahora introducirá los delitos de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal) y usurpación (artículo 245 del Código Penal) entre los que se resolverán a través de un juicio rápido. De esta forma, un propietario que sufra un problema de este tipo podrá tener una resolución en menos de 15 días. Hasta la fecha tenían que esperar hasta 24 meses.

Para que este desahucio exprés se pueda producir, la víctima tendrá que presentar una demanda en el juzgado de primera instancia correspondiente por la dirección de la vivienda. En la misma tendrá que adjuntar el documento que acredite la propiedad del inmueble. Desde la admisión de esta demanda se realizará un proceso en el que, gracias a esta ley contra los okupas, el desalojo se producirá en no más de 15 días en caso de que se tenga que resolver a través de un juicio rápido.

Un mes después de presentar la demanda, si es admitida, en cinco días se notificará a los okupas para que acrediten su derecho a estar en la vivienda. Si esto no sucede en un plazo de otros cinco días, serán desalojados en el momento y la vivienda será devuelta a los propietarios. En caso de que presente un justificante, se realizará un juicio rápido que se resolverá en cuestión de días. Estos juicios exprés no repercutirán en el caso de los famosos inquiokupas, que son los que pagan alguna mensualidad del alquiler y se convierten en okupas sin pagar las cuotas correspondientes. La nueva norma tampoco podrá entrar en las situaciones en las que el okupa alegue una situación de vulnerabilidad extrema.

A pesar de que Podemos está intentando poner trabas a la entrada en vigor de la norma que ya está en el Boletín Oficial del Estado, todo hace indicar que los delitos de allanamiento y usurpación pasarán a formar parte de los juicios rápidos a partir del 3 de abril de 2025. Al partido de Irene Montero, Ione Belarra y compañía sólo le vale la aprobación de una ley orgánica para tumbar una nueva norma que aportará más tranquilidad a los propietarios.