El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ve «complicado» llegar a un acuerdo con el Gobierno y los sindicatos sobre la reforma del sistema de pensiones antes de fin de año, para cumplir así con el compromiso del Ejecutivo con Bruselas.

Además, Garamendi ha asegurado este viernes que la patronal no ha recibido todavía «ningún papel» del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. «A mí me preocupa. Creo que el tema de las pensiones, que es un tema muy serio, no es tanto un problema de decir qué pasa este año como el decir qué tenemos que hacer para que esto sea sostenible», ha comentado el presidente de los empresarios.

Garamendi ha insistido en que todos los partidos, y no solo el Gobierno y los agentes sociales, deberían «hablar seriamente y sin tapujos» de la sostenibilidad del sistema de pensiones para hacer «las cosas bien».

En su opinión, el Pacto de Toledo tiene que sentarse para «poner el cascabel al gato» y abordar cuestiones como los años de cotización, las tablas de mortalidad o el factor de sostenibilidad, según ha dicho en una entrevista en ‘Las Mañanas’ de RNE.

«Yo estoy en el ‘baby boom’ (generación nacida entre finales de la década de 1950 hasta la década de 1970), pero me preocupan los ‘babies’, que son mis hijos, las próximas generaciones, que son los que también tienen que tener el derecho a jubilarse. Eso es España y eso es lo que la Constitución nos manda», ha explicado Garamendi.

SMI

El Ministerio de Trabajo y Economía Social convocará en unas semanas a los agentes sociales paran negociar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023. El Gobierno y los sindicatos comparten la intención de subir el SMI y, en concreto, el Ejecutivo aspira a cumplir su compromiso de fijar el SMI de 2023 en el 60% del salario medio español.

El presidente de la CEOE cree que el planteamiento de Trabajo «no es real» y se opone a indexarlo al IPC para evitar generar «la famosa inflación de segunda ronda». «No estoy diciendo que no suba», ha aclarado Garamendi, que se ha mostrado partidario de que el SMI se revise según el sector y el territorio.

Además, ha recordado que la ley establece que es el Gobierno el que fija el SMI, previa consulta con los agentes sociales. El artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores recoge, también, que debe tenerse en cuenta el IPC, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.

Garamendi también ha reprochado al Gobierno que exijan una subida del SMI a los empresarios mientras que los contratos públicos no recogen esa indexación.