El futuro se le pone de color hormiga a FG, excepto que le salve… ¡Villarejo!

El futuro judicial de Francisco González (FG) cada vez se pone más negro y amenaza seriamente con salpicar a sus antiguos colaboradores e incluso a su sucesor en la presidencia de BBVA, Carlos Torres -que es la madre del cordero para el futuro del banco-. Pero ha surgido un rayo de esperanza inopinado para él y todos los imputados en el caso Tándem: les puede salvar… ¡el propio Villarejo!

Por si había pocos indicios de que FG fue quien tomó la decisión de contratar los servicios de Villarejo, ahora lo ha corroborado otro de los principales imputados en la pieza del BBVA que investiga la Audiencia Nacional: el exjefe de seguridad del banco, Julio Corrochano. Éste ha puesto el ventilador en marcha y le ha acusado de ordenarle personalmente la contratación de Cenyt, la empresa del comisario jubilado, para espiar a empresarios, políticos y periodistas para defenderse del intento de asalto de Sacyr en 2004-2005. Y ojo, con conocimiento de Ángel Cano (entonces jefe de recursos humanos y medios) y con colaboración activa de Javier Ayuso (director de comunicación del banco en aquel momento y después de la Casa Real), que fue quien explicó a Villarejo lo que tenía que investigar.

Corrochano se suma así a Antonio Béjar, exdirector de riesgos del banco y principal testigo hasta ahora contra FG, despedido fulminantemente de Distrito Castellana Norte por atreverse a ‘cantar’ en la Audiencia.

Pero es que lo contrario de lo declarado por ambos -esto es, que FG no sabía nada del asunto Villarejo- es absolutamente increíble para cualquiera que  haya trabajado en el banco. «En el BBVA no es que no se moviera un papel sin que lo supiera Paco González, es que no se movía un papel sin que lo ordenara Paco González», según un exdirectivo. Y menos en un asunto tan grave como este supuesto espionaje en un momento de máxima tensión como aquel. Un mal que se repite en muchos bancos y empresas españoles por nuestro modelo de mal gobierno corporativo basado en el cesarismo: se gestionan como cortijos del señorito en vez de como instituciones modernas.

Sombras sobre la salida de Goiri y el nombramiento de Cano

Pero es que la declaración de Corrochano tiene más miga. También dice en un escrito dirigido al juez Manuel García-Castellón que FG le ordenó no compartir información con José Ignacio Goirigolzarri, entonces consejero delegado de BBVA. Esto le exculpa -el actual presidente de CaixaBank estaba allí y no quedaba muy claro hasta ahora si estaba al tanto o no del asunto-, pero demuestra que González ya no confiaba en él ya años antes de que, en 2009, se lo cargara por osar postularse a suceder a FG. El pecado imperdonable de plantear que el césar tendría que jubilarse en algún momento.

Y añade otra sospecha inquietante. Cuando salió Goiri, todo el mundo se quedó muy sorprendido de que su sucesor fuera Cano, un mero jefe de personal que no parecía precisamente el más indicado para el puesto de consejero delegado; sobre todo, cuando en BBVA había numerosos ejecutivos con gran prestigio internacional que podían haber ocupado el puesto antes que él. A la luz de las revelaciones de Corrochano, cabe pensar que Cano fue elegido precisamente por su colaboración -y su silencio- en el asunto de Villarejo. Por cierto, Cano no ha declarado todavía en la Audiencia pese a estar imputado; cuando le citaron, alegó que tenía un viaje y García-Castellón no ha vuelto a llamarle.

La espada de Damocles de la posible imputación de Torres

Por tanto, el futuro judicial de FG (y posiblemente, el de sus colaboradores) tiene cada vez peor pinta. Los problemas para Torres pueden venir por otro lado: el del supuesto encubrimiento de las actividades de su sucesor con la infame investigación interna y el no menos infame informe forensic de PwC. «Si han imputado al director de comunicación, Paul Tobin, por encubrimiento, es poco creíble que lo haya hecho él solo sin el conocimiento o, directamente, la orden de Torres», explica una fuente conocedora de la situación, que apuesta porque el presidente también va a ser imputado.

Si eso ocurre, las normas de honorabilidad del BCE le obligarían a dimitir, lo cual abriría un melón enorme. La solución sería poner un presidente no ejecutivo (los rumores dicen que el elegido sería Jaime Caruana) y un consejero delegado con plenos poderes, pero en Frankfurt no ven en absoluto con buenos ojos que dichos poderes vayan a parar al actual CEO, el turco Onur Genç.

La nulidad de las pruebas tumbaría todo el caso

No obstante, nada de esto podría llegar a ocurrir en función de lo que pase en el juicio que ha comenzado esta semana en la Audiencia Nacional por las tres primeras piezas del caso Tándem, el primero en que Villarejo y sus socios se sientan en el banquillo. Las defensas han pedido, como era de esperar, la nulidad de los audios en que se basa la acusación. Y si la presidenta del tribunal, la ínclita Ángela Murillo, les da la razón, se vendrá abajo toda la causa, incluyendo las piezas de BBVA, Iberdrola y Repsol. FG -y Galán- respirarían muy aliviados.

¿Hay posibilidades de que eso ocurra? No es lo más probable, pero las hay. Primero, porque las defensas tienen argumentos a su favor: Asuntos Internos no volcó el contenido de los ordenadores del excomisario in situ en su chalet ni los precintó, como le había ordenado el juez, y tardó 17 días en poner todo lo decomisado a disposición judicial. También sostienen que estas grabaciones violan la confidencialidad de las conversaciones entre abogados.

En segundo lugar, de Murillo se puede esperar cualquier cosa. Es la magistrada que condenó a los beneficiarios de las tarjetas black pero absolvió a Rodrigo Rato y el resto de acusados por la salida a Bolsa de Bankia, en una sentencia de lo más discutible, por no decir escandalosa. O que provocó con un comentario extemporáneo que se declarase nulo el juicio a Arnaldo Otegi, ya que Estrasburgo consideró que no había sido imparcial.

Así que, con ella, todo es posible. Hasta que el propio Villarejo salve a FG. Pocas cosas más raras se habrían visto.