La financiación de la política de Sánchez se complica: el BCE no renovará el 50% de los bonos que venzan

Cada mes vencen 30.000 millones de los bonos públicos que ha ido adquiriendo el Banco Central Europeo en los últimos años, primero con motivo de la pandemia y luego tras la crisis desatada por la guerra de Ucrania. Pero la nueva política del BCE comenzará a ser bastante más restrictiva a partir de 2023. La institución con sede en Fráncfort ha decidido empezar a reducir su abultado balance y dejará de reinvertir el 50% de la deuda que vaya venciendo de su cartera. Esta operación se iniciará a lo largo del primer semestre del año que viene, y en junio se decidirá en un consejo de gobierno al respecto cómo se prosigue con ella, aunque el objetivo último es disminuir las obligaciones contraídas, que superan los 5 billones de euros entre un 30% y un 35%.

La consecuencia directa de la nueva estrategia será el aumento de las dificultades de los gobiernos para encontrar financiación. Tendrán la necesidad de acudir al mercado, y la paralela política de subida de los tipos de interés que ha emprendido el BCE complicará aún más la obtención de recursos a buen precio para financiar los planes de gasto de los gobiernos.

Esta situación se hace especialmente complicada en España, cuyo presupuesto del Estado para 2023 incluye un intenso aumento del gasto público, donde la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, se resiste a presentar un plan creíble de consolidación fiscal a medio plazo, como ha exigido la Comisión Europea. Un país en el que el Ejecutivo ha decidido subir el próximo año las jubilaciones un 8,5%, sin haber completado la reforma del sistema de retiro para hacerlo sostenible, una exigencia ineludible de Bruselas para seguir aportando fondos de ayuda a España, y cuando se han tomado otras iniciativas de aumento del gasto estructural. Por ejemplo, un incremento del ingreso mínimo vital de también el 8,5%.

El BCE se ha hartado de repetir a lo largo del último mes que para que lucha contra la inflación tenga éxito es imprescindible que las políticas de los gobiernos sean solidarias y no caminen en dirección contraria a los objetivos fijados. Es decir, que contengan al máximo el gasto público, porque en la medida en que esto no sea así, las subidas de los tipos de interés serán más intensas y duraderas, afectando cada vez al crecimiento económico e incluso alentando una recesión. Los pronósticos sobre la inflación que maneja el banco central no invitan al optimismo. De momento, ésta se ha situado en el 10% en la zona euro y sólo espera que a finales de junio se estabilice en torno al 7%. Tampoco tiene confianza en que la notable desaceleración económica tenga un impacto significativo sobre la contracción de los precios en los próximos meses. 

Producto de la inusual política de expansión monetaria con el fin de paliar los efectos de la crisis, el BCE acumula en su balance hasta 5 billones de euros en bonos emitidos por los países miembros que ha ido comprando paulatinamente, permitiendo a los estados financiarse a coste cero hasta un punto indeseado, según las fuentes consultadas. La razón es que, gracias a esta inyección de liquidez, se han puesto en marcha demasiadas políticas procíclicas, fomentando el gasto estructural y alimentando la inflación, que es lo que el banco central ha decidido combatir desde julio con sus subidas reiteradas de tipos de interés, que se mantendrán al menos durante el primer semestre de 2023.

Del total de los 5 billones de euros en poder del BCE, 450.000 millones corresponden a la adquisición de deuda pública española, uno de los países más beneficiados junto a Italia de la relajación monetaria. Pero esta estrategia ha tocado a su fin. La institución con sede en Fráncfort está muy preocupada con la dimensión que ha alcanzado su balance, y está determinada a reducirlo progresivamente hacia límites razonables  y más manejables. Este cambio de estrategia hará la vida mucho más difícil a los gobiernos europeos, principalmente a los más expuestos por el alcance de su deuda pública. Entre los llamados países grandes, destacan dos: España, cuyo endeudamiento sobre el PIB es del 113%, e Italia, donde ronda el 150% del PIB, aunque con la diferencia sustancial de que los pasivos italianos están en manos de los propios residentes, mientras que la amplia mayoría de los tenedores en el caso español son extranjeros.