Exdirectivos del Popular admiten que el banco exigió al Grupo Villar Mir comprar acciones para darle crédito

Las últimas declaraciones judiciales de exdirectivos de Banco Popular en la Audiencia Nacional han confirmado dos de los puntos que más interesan al juez instructor, José Luis Calama: que el banco condicionó la concesión (o ampliación) de crédito a sus clientes a que estos acudieran a la ampliación de capital de 2016, y que estas compras financiadas por el propio banco no se restaron del capital como obligan las normas contables.

La primera de estas circunstancias no fue una práctica exclusiva de Popular -entonces presidido por Ángel Ron-, sino habitual en la crisis financiera en las salidas a bolsa y ampliaciones de capital de las fusiones de cajas de ahorros. E indican la falta de demanda por las acciones de unas entidades que el mercado sabía que tenían grandes dificultades, lo que obligaba a ‘colocarlas’ a los clientes. Y para ello, en muchos casos se les daba un ‘empujoncito’.

Así lo han reconocido varios directivos que han declarado en los últimos días e incluso ha surgido un nombre concreto: nada menos que el Grupo Villar Mir. Fue el exvicesecretario del consejo de Popular (actualmente en la asesoría jurídica de Banco Santander), José Heraclio Peña, quien lo citó el martes al relatar una conversación con Carlos Fernández, entonces director de admisión de riesgos de la entidad. Según Peña, Fernández le dijo que sí que se recibían propuestas que consideraban que venían aparejadas a financiación de acciones. Y en concreto, le habló de una operación con el Grupo Villar Mir.

Según la declaración de Peña, «en esa operación intervino personalmente el consejero delegado», que entonces era Francisco Gómez. Es decir, al ser uno de los principales clientes del banco, la operación tuvo que ser decidida por el número dos en persona. Este jueves prestó declaración el citado Carlos Fernández, al que Calama decidió citar como imputado (acompañado de abogado) por no reconocer esta operativa y decir que «la financiación de acciones estaba prohibida para determinados estamentos». No es la primera vez que Calama lo hace cuando detecta que los testigos están «faltando a la verdad».

Los clientes confirman la operativa

Según otros exdirectivos de Popular, en dicha ampliación se exigió a numerosos clientes empresariales que compraran acciones para mantenerles abiertas las líneas de crédito, concederles nueva financiación, ampliar plazos, conceder carencias, etc. Y, en muchos casos, estas compras de acciones en la ampliación fueron financiadas por el propio banco, ampliando los créditos de los clientes en el importe correspondiente.

Este mismo martes, varias empresas clientes de Popular confirmaron en la Audiencia que las sucursales del banco ligaron la concesión de créditos a pedir más dinero para la adquisición de acciones. Y además, aseguraron que el importe que debían invertir en la ampliación les vino impuesto por el director de la oficina bancaria. Ese habría sido también el caso del expresidente de la constructora OHL y antiguo candidato a la presidencia del Real Madrid.

Esta operativa no es ilegal, pero la norma contable obliga a restar del cálculo del capital (solvencia) esas acciones porque el riesgo sigue estando en el banco mientras no se devuelva el crédito; es decir, es como si la entidad hubiera comprado sus propias acciones y, por tanto, no las puede computar en sus fondos propios.

Las acciones financiadas no se restaron del capital

Y eso es lo que no hizo Popular, según encontró su último presidente, Emilio Saracho, al revisar las cuentas del ejercicio 2016. Saracho restó inicialmente 205 millones al capital por esta razón, pero analizó 426 millones. Las fuentes consultadas aseguran que se financiaron 412 millones solo en la dirección regional centro del banco. Lo que está tratando de averiguar el juez Calama es si efectivamente existió esa financiación y no se restó de los fondos propios, porque en ese caso sí habría un delito de falsedad contable y/o estafa a inversores.

Según Peña, el exdirector financiero de Popular, Javier Moreno Navarro, tenía conocimiento de que se estaban financiando acciones y no hizo nada al respecto. «El señor. Moreno dijo que la financiación de acciones no presentaba ningún problema, pero que había que deducir esas acciones del capital, y que nadie le había comunicado que tenía que deducir esas acciones», añadió Peña ante el juez.

Calama también ha interrogado a los exdirectivos sobre otras prácticas que también podrían ser delictivas al falsear las cuentas de Popular, como «insuficiencia en determinadas provisiones constituidas respecto a riesgos que debían ser objeto de provisiones individualizadas» y restadas de los fondos propios, según dijo el banco al revisar las cuentas, por 123 millones.

El magistrado ha señalado ya las declaraciones de cuatro testigos más y de otros seis imputados, entre ellos los dos que acudieron a declarar como testigos y acabaron investigados: el citado Carlos Fernández y la exdirectora de auditoría interna, Yolanda García.