España recibirá un ‘rescate en la sombra’ que exigirá reformas a cambio y que tardará en llegar

Los préstamos y las subvenciones que recibirá España para afrontar la ruina que dejará el coronavirus no saldrán gratis al Gobierno ni a los contribuyentes españoles, aunque el mensaje oficial del Ejecutivo es que no habría contraprestaciones de ningún tipo.

Sin embargo, según avisan expertos conocedores de la burocracia europea y de cómo se están desarrollando las negociaciones, desde la Unión Europea reclamarán a España y al resto de los países beneficiados -también Italia- que, a partir de 2021 y 2022, se realicen reformas estructurales que se consideren robustas.

Aunque todo puede cambiar en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará, con mucha seguridad, a comienzos de junio y en las negociaciones posteriores, España podría acceder a 140.446 millones de euros del fondo de recuperación planteado Comisión Europea de 750.000 millones. Concretamente, 77.324 millones llegarían a través de transferencias directas y 63.142 millones por medio de préstamos.

Llama la atención, en primer lugar, que si en el plan general el 66% de los fondos serán ayudas directas (500.000 millones), en el caso de España está previsto que este porcentaje sólo sea del 55,05% con las cifras que se manejan en la actualidad. Es decir, que en términos relativos España disfrutaría de menos transferencias a fondo perdido con respecto a los préstamos en comparación que en lo planteado en la hoja de ruta global para el conjunto de la UE.

Una de las fórmulas que se podrían seguir durante la negociación para poner en marcha el fondo de reconstrucción de la UE es la siguiente: para recibir las ayudas directas los Estados tendrían que solicitar un mínimo de dinero en préstamos. Los créditos -que seguirían un sistema parecido al que recibió España en 2012 para salvar a los bancos- siempre exigen a cambio una condicionalidad. Es decir, que los países hagan reformas estructurales en la línea de lo que quiere Bruselas. Se detalle o no en un documento con sello oficial que se haga público.

Aunque en un principio estas reformas no tendrían que ser dictadas directamente por las autoridades comunitarias como ocurrió en 2010 o en la crisis de la deuda de 2012, sí que tendrán que respetar el espíritu, lo que establecerá un cerco a la coalición de Gobierno formada por el PSOE y Podemos, que a cambio de las ayudas europeas tendrán más difícil desmantelar reformas como la laboral o apostar por medidas descontroladas de gasto público, como ha hecho hasta ahora el Ejecutivo español.

La financiación y los nuevos impuestos que se avecinan

Para financiar el paquete de ayudas -vía subsidios y préstamos- el Ejecutivo comunitario tendrá que acudir a los mercados de deuda para captar los 750.000 millones con emisiones de bonos, con un vencimiento máximo de 30 años que se devolvería a partir de 2028 y hasta 2058.

No es la primera vez que lo hace, ya que fue el mecanismo utilizado en la crisis de deuda para ayudar a Irlanda y Portugal, pero entonces se captó una cifra muy inferior. La emisión, estará respaldada por el propio presupuesto comunitario, pero para ir devolviendo el dinero captado en el mercado, finalmente será el contribuyente el que pagará.

Por el momento, se ha planteado que haya un gravamen al plástico, un impuesto a parte de los beneficios del sistema de comercio de emisiones, otro tributo a las multinacionales digitales o una tasa a la entrada de carbono al bloque.

Y aquí es donde también puede salir perdiendo el Gobierno español, que contaba con ingresos como la tasa Google o la tasa Tobin para financiar las arcas públicas, que en realidad desde los organismos internacionales habían avisado que sólo deben lanzarse en el marco europeo. Como Europa se lanzará a imponer sus propios impuestos para pagar este fondo de recuperación extraordinario, las autoridades nacionales tendrán menos margen para crear figuras tributarias nuevas -que podrían chocar con las europeas- y tendrán que recurrir a los mismos impuestos de siempre: IRPF, el IVA o Sociedades, que pagan mayoritariamente las clases medias o las empresas que generan empleo en el país.

El papel de Francia

Otro de los aspectos importantes es qué ocurre con Francia, que también ha anunciado que tendrá que elevar la deuda a cifras muy parecidas a la española. Por el momento el país galo recibirá del fondo de reestructuración de 38.772 millones, pero conforme avancen las negociaciones podría subir esta cuantía.

También está en pendiente cuando llegarán estos fondos. Uno de los más optimista es Emmanuel Macron, que considera que el plan podría estar listo a comienzos de julio, aunque existen aún muchas dudas de muchos mandatarios. Uno de ellos fue el primer ministro sueco, Stefan Lofven, que expresó sus dudas de que se pongan a disposición de los países 500.000 millones «en forma de subsidios» y «sin ninguna solicitud de reembolso».

Ante este escenario -partiendo del escenario optimista y de que las negociaciones van por buen puerto- las ayudas no comenzarán a los países hasta finales de 2020 o comienzos de 2021, cuando quizás muchas empresas en España -como ya están avisando muchas organizaciones empresariales- pueden haber cerrado.

¿Serán suficientes los fondos para España?

Lo que está claro es que el dinero que pone sobre la mesa Bruselas puede no ser suficiente para España tras el fuerte aumento del déficit que se avecina y que están calculando los principales servicios de estudio y organismos. De hecho, de cara a sus clientes los economistas son más pesimistas sobre el futuro de las arcas públicas que en los documentos que se hacen públicos para no generar más alarma de la que ya existe, según relatan.

Que el dinero que pone sobre la mesa Bruselas no satisface del todo al Gobierno español es algo evidente si se recuerda que la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, pide desde hace un mes que el fondo de recuperación fuera de 1,5 billones.  Ayer mismo dijo que mejor que se dieran transferencias directas y no préstamos que hay que devolver. Sin embargo, finalmente los fondos serán la mitad de lo que quería el Gobierno de Pedro Sánchez y parte serán créditos. El problema es que, en las negociaciones con los otros países, pueden llegar aún más rebajas.