Escrivá, el ministro que empezó enfrentándose a Iglesias y deja la Seguridad Social con una deuda récord

José Luis Escrivá será defenestrado si Sumar acepta la oferta del PSOE de cambiar a Irene Montero en el Ministerio de Igualdad por Nacho Álvarez en el Ministerio de Seguridad Social que adelanta hoy OKDIARIO, a pesar de que se ha postulado para continuar. Escrivá comenzó su gestión enfrentándose a Pablo Iglesias, pero ha terminado asumiendo los postulados de Podemos y dejando la Seguridad Social con una deuda récord inasumible.

Escrivá y Nadia Calviño fueron los fichajes independientes que anunció Pedro Sánchez para tranquilizar a los mercados tras su acuerdo de coalición con Podemos. El primero era un economista ortodoxo de prestigio que había sido director de uno de los servicios de estudios más prestigiosos de España, el del BBVA, y posteriormente presidente de la AiREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), puesto desde el que había sido el azote de las cuentas públicas de los Gobiernos del PP.

Por tanto, se suponía que aplicaría esa ortodoxia al mayor problema que amenaza el futuro de España: el creciente déficit del sistema de pensiones provocado por una cuestión demográfica -cada vez habrá más jubilados y vivirán más años, mientras que cada vez nacen menos niños- y por el elevado paro y los bajos salarios.

De hecho, comenzó enfrentándose con Iglesias por asuntos como el ingreso mínimo vital (en el que Escrivá acabó imponiéndose, pero que a la postre ha sido un fracaso), la semana laboral de cuatro días, la contrarreforma laboral o el impuesto a las grandes fortunas (en estas dos medidas el ministro fue derrotado). Incluso llegó a decir que las pensiones tendrían que bajar para hacer frente a la jubilación de la generación del baby boom.

Sin embargo, poco a poco fue abandonando la ortodoxia y tragándose los diferentes sapos que le imponía Podemos con la aquiescencia de Sánchez. De hecho, ha acabado siendo el principal defensor de estas políticas de extrema izquierda, al igual que le ha ocurrido a Calviño.

Así, ha abandonado cualquier medida de reducción del gasto en pensiones, ha aceptado sin rechistar actualizarlas con el IPC (aunque eso ha implicado disparar el déficit con el alza del 8,5% de este año), se ha negado a comunicar a los ciudadanos la estimación de cuánto les quedará de pensión para no incentivar los planes de pensiones privados y ha sido cómplice de la trampa de transferir dinero del Estado (impuesto y deuda) a la Seguridad Social para ocultar su deuda real.

Pero quizá lo más grave es cómo ha sorteado la exigencia de Bruselas de acometer una reforma de las pensiones para hacerlas más sostenibles: su propuesta incluía las medidas introducidas por Mariano Rajoy que ya no estaban en vigor porque el propio Escrivá las había derogado. Por lo demás, sólo planteaba ampliar progresivamente el periodo de cómputo de las pensiones a 30 años (algo totalmente insuficiente para reducir el gasto de forma apreciable) y hacía descansar todo el ajuste en las subidas de las cotizaciones.

Algo que ya ha empezado a aplicar este año. Como se recordará, el Gobierno puso en marcha esta primavera el llamado «destope» de las bases máximas de cotización (sin subir en la misma medida la pensión máxima), lo que en la práctica implica una subida generalizada de las cotizaciones para todos los trabajadores, y la introducción del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que supone un recargo adicional sobre las mismas.

Deuda de la Seguridad Social

Con todo, lo más grave de la gestión de Escrivá es la herencia que deja: un agujero histórico de la Seguridad Social que los economistas cifran en cerca de 100.000 millones después de un aumento estratosférico del 88% en cuatro años, debido a la citada subida de pensiones con el IPC y a la insuficiente creación de empleo.

Finalmente, ante el hundimiento de las aportaciones a los planes de pensiones por la reducción de la desgravación fiscal a sólo 1.500 euros -también por imposición de Podemos-, a Escrivá se le ocurrió crear un fondo público para incentivar los planes de pensiones de empresa entre las pymes y los autónomos. Una idea que, de momento, ha generado un interés cercano a cero entre los trabajadores teóricamente beneficiarios de estos productos.