Las eléctricas reclaman una tarifa que realmente proteja al vulnerable, en lugar de intervenir el mercado

Los responsables en regulación de las compañías eléctricas más importantes han demandado la puesta en marcha de una tarifa que realmente proteja a los consumidores vulnerables, en lugar de la regulada de electricidad -conocida también como PVPC-, o de tomar medidas como las hechas recientemente en España, ya que suponen una intervención en un mercado con unos precios en máximos históricos, que el Ejecutivo no es capaz de frenar.

Durante la jornada «La adaptación del mercado eléctrico para cumplir los retos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec)», el director de Regulación de Endesa, Juan José Alba, ha recordado este jueves que los altos precios de la electricidad en el mercado mayorista no afectan sólo a España, sino a la UE, aunque sólo dos de sus 27 países (España y Rumanía) «han decidido intervenir el mercado de manera bastante seria».

Según Alba, estas intervenciones demuestran una «falta de confianza» en el mercado y en las empresas. «Aunque ha habido vueltas parciales atrás» (se excluyó del recorte de ingresos por el alza del gas a la energía comprometida en contratos a plazo y en nuevos que no lo repercutieran), el «daño está hecho».

Además, ha explicado la necesidad de analizar  si el mercado actual es el adecuado, dado el cambio de la estructura de costes y el ‘mix’ de generación que se está produciendo. En cualquier caso van a seguir siendo necesarios mercados de operación y ajuste, y hace falta un mercado que ponga en valor la tecnología que aporta firmeza al sistema, ante la intermitencia de la producción renovables, cada vez con más peso, ha añadido.

Recorte de impuestos

Ante este problema coyuntural de altos precios, no se pueden tomar medidas estructurales, pero sí se puede reducir la carga fiscal al consumo eléctrico, como dice la UE, y ha animado a profundizar en los recortes de impuestos que se han llevado a cabo y extenderlos en el tiempo.

En su intervención, ha subrayado que la protección al consumidor ante la subida de precios hay que centrarla en el cliente vulnerable, a través del incremento de los descuentos que tiene en la factura de la luz, como el bono social, y no llevar a cabo, como se ha hecho en España, un «recorte indiscriminado» en los cargos a todos los clientes, a los que les subía la luz y a los que pagaban por ella lo mismo o menos.

Este recorte de los cargos, que financian políticas energéticas como las primas a las renovables y el déficit del sistema, generará un déficit al sistema eléctrico que habrá que asumir.

Problemas con la potencia renovable fijada

También ha advertido de obstáculos para que se cumplan los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, como los retrasos en los permisos a renovables o la oposición social a su implantación en muchos territorios, de los que ya hay una lista «para echarse a temblar», y ha señalado que si no se consigue dar la vuelta a este problema, España no será capaz de desarrollar toda la potencia renovable que se ha marcado.

Por su parte, el director de Regulación de Iberdrola España, Patxi Calleja, también ha lamentado que el debate sobre los altos precios de la luz en España está marcado por la «anomalía» del PVPC, la tarifa que tienen, entre otros, los beneficiarios del bono social y que está ligada a los precios del mercado diario mayorista.

La situación «ha llevado a hacernos las preguntas equivocadas» y España ha sido de los pocos países que ha aplicado medidas que intervienen en el mercado, con el consiguiente incremento del riesgo regulatorio.

Si no se confía en España, no llega inversión

Además, ha destacado la importancia de que España sea «confiable» en los mercados, ya que «si hace, como en los últimos meses, una especie de ‘exit’ eléctrico respecto a Europa», va a ser imposible cumplir los objetivos «porque todos los países compiten por atraer inversión».

La directora de Regulación de Naturgy España, Elena Mateos, ha apostado por mercados a plazo con mayor profundidad y duración para hacer frente a los altos precios, y ha dicho que los clientes vulnerables deben gozar de una protección especial que no les da el PVPC, que ha recordado que no es exclusivamente para ellos y los pueden tener otros clientes, algunas empresas o segundas residencias.

Cree que debe existir una «tarifa social» que responda a lo que necesitan los clientes vulnerables con «criterios de política social y no energética».