Crisis del coronavirus

Sánchez amenaza con disparar el déficit público al 11%, más del 9,7% que dejó en herencia Zapatero

Pedro Sánchez
Zapatero y Pedro Sánchez presentando el libro del exministro Miguel Sebastián.

El déficit público se situará entre los 85.000 y los 120.000 millones de euros, o entre el 7,5% y el 11% si se mide en porcentaje del PIB. Es la estimación que ha realizado el servicio de estudios de CEOE, que ha elaborado un escenario más adverso y otro más optimista en función de cuando acaben las medidas de confinamiento y de la efectividad de las medidas del Gobierno.

Estos datos muestran que el agujero de las cuentas públicas podría ser tan abultado, o incluso más, que el que dejó en su día el expresidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, después de haber aprobado el famoso plan E, un fondo para ayuntamientos que en plena crisis se dedicó a arreglar las aceras o los cementerios.

En aquel momento se superó también ampliamente la cota de déficit del 10% del PIB (concretamente fue del 11,2% en 2009). El agujero presupuestario creció muy rápido. Se pasó del superávit de 2007 a un déficit de entorno al 4% en 2008 a superar el 11% en 2009. Es decir, que el desequilibrio se registró a pasos agigantados en un lapso de tiempo de menos de dos años. Desde entonces las arcas públicas siguen sin recuperarse del todo.

Las previsiones de CEOE muestran, asimismo, que el déficit podría superar la cifra que dejó en herencia Zapatero en 2011, que traspasó el Gobierno a Mariano Rajoy con unos números rojos que iban a ascender inicialmente al 6% del PIB y que finalmente se elevó al 9,74%, llevando a España al borde del rescate y a un primer año de legislatura del PP muy complicado, con fuerte tensión en los mercados de deuda. En aquellos años Bruselas confirmó que se habían estado ocultado los números rojos reales del país.

Volviendo a la situación actual, los cálculos de CEOE explican, por ejemplo, que si no se incurre en errores en la toma de las medidas, siendo estas efectivas, la recuperación es relativamente rápida y consigue minimizarse la intensidad de la caída de la actividad (escenario de caída del PIB del -5%), esto tendría su reflejo en un mejor comportamiento de la recaudación y un gasto público algo más contenido, por lo que el déficit público podría situarse más cerca del 7,5%.

Por el contrario, con una caída del PIB más abrupta (de cerca del 9%), con su correspondiente impacto sobre empleo, recaudación y necesidades de recursos, podría elevarse el déficit «a niveles cercanos al 11% en términos de PIB».

Deuda pública

La deuda pública ascendería hasta el 108% del PIB en el escenario de crecimiento más benigno, mientras que, si la recesión es más profunda, la reactivación más lenta y las medidas menos eficaces se elevaría por encima del 115%. Es decir, que se seguirán superando cotas nunca vistas en el endeudamiento de las administraciones.

No obstante, avisa la patronal, en el supuesto de que la actividad consiguiera recuperar en el año 2021 los niveles de 2019, el déficit debería volver a niveles del 4-4,5% del PIB, y la deuda tendría que comenzar a estabilizarse en niveles del 105% del PIB. Aunque cuando Zapatero gobernaba también se preveían que el incremento del déficit iba a ser temporal y finalmente provocó un problema endémico en las arcas públicas que aún sigue sin solventarse del todo.

Aumento del gasto

La patronal ha elaborado una especie de memoria económica de las medidas del Gobierno, mientras que Pedro Sánchez y sus ministros se han negado a difundirlas con claridad.

Según CEOE, las partidas de prestaciones por los ERTE realizados, el cese de actividad en el caso de los autónomos, los gastos extraordinarios sanitarios, el subsidio extraordinario temporal para empleadas del hogar y el de trabajadores temporales tendrán un coste de entre 5.000 y 6.000 millones de euros.

A su vez, hay que tener en cuenta la pérdida de empleo no transitoria, en el sentido de que no proviene de los ERTE y por lo tanto sí computa como desempleo. Como ya se presentó en el apartado de empleo, se ha estimado que, en el escenario más benigno de contracción económica, el aumento del número de desempleados podría superar el medio millón, mientras que si la recesión es más intensa estaría en torno a los 900.000 parados más. Todo esto, junto con la revalorización de las pensiones (+0,9%) y la subida del salario de los empleados públicos (2%), dispararía el gasto público de forma adicional entre 5.000 y 6.000 millones de euros.

Junto a todas las iniciativas aprobadas, el aumento de las necesidades de gasto podría estar, en función de los supuestos tomados, entre los 25.000 y los 30.000 millones, y ello sin tener en cuenta que aún pueden quedar nuevas medidas por anunciar como el ingreso mínimo vital que podría afectar a cinco millones de personas y desbocar las previsiones.

Mientras tanto, los ingresos tributarios se hundirán sensiblemente, con estimaciones que hablan de caídas en la recaudación de hasta el 50% en algunos impuestos como el IVA en algunos momentos del ejercicio, porcentajes no vistos ni siquiera en la recesión de 2008 ni en la de 2012.

El hundimiento en los ingresos de las administraciones (contemplando las cotizaciones sociales y los principales tributos) podría oscilar entre los 30.000 y los 60.000 millones de euros en 2019.

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