El coste de los impagos de Ribera a las renovables sube 6.500 € cada hora sólo en intereses de demora

Durante los tres minutos que se necesitan para leer este artículo, el coste para España de los impagos a las renovables decididos por Teresa Ribera aumentará en 320 euros sólo por los intereses de demora. Cada hora, la deuda de los españoles con los fondos internacionales que han ganado a España los arbitrajes por el hachazo a las primas de las inversiones en renovables sube en 6.500 euros. Cada hora. Sólo en intereses de demora, según cálculos de los fondos que han ganado a España las reclamaciones de indemnización en el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial.

España acumula 25 laudos en contra, más que ningún otro país del mundo, superando a Venezuela y Rusia. La deuda por los arbitrajes perdidos roza los 1.500 millones de euros, a lo que hay que añadir los intereses de demora, que rozan los 350 millones. Cada mes aumentan en 4,6 millones. La deuda total supera los 1.820 millones.

La situación va a ser peor en 2025 puesto que los fondos calculan que otros cuatro arbitrajes van a ser resueltos contra España en el Ciadi el año próximo, elevando la deuda total por encima de los 2.000 millones. Mientras, el Gobierno de España continúa dejando pasar el tiempo a la espera de que la Comisión Europea finaliza el expediente abierto en Bruselas en 2021 para determinar si abonar esas indemnizaciones por parte de España podría considerarse ayuda de Estado y, por tanto, no hay que pagarlas.

El origen de este conflicto se remonta a 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una ley para pagar una prima del 25% a las inversiones en energías renovables. El objetivo era la expansión de las energías verdes.

Con la llegada de la crisis económica de 2008 y el vaciamiento de las arcas públicas, Mariano Rajoy (PP) decidió cuando alcanzó el poder en 2012 rebajar unilateralmente esas primas hasta el 7%. Los fondos internacionales pusieron el grito en el cielo y decidieron acudir a los tribunales de arbitrajes para reclamar a España una indemnización.

Los arbitrajes han ido finalizando con laudos en contra de España en numerosas ocasiones. Acumula 25 perdidos y más de 10 abiertos todavía a la espera de sentencia. Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, decidió no pagar esos arbitrajes a la espera de que la Comisión le diera la razón.

Los fondos, que han sufrido alguna derrota en los tribunales, decidieron presentar demandas ordinarias ante los tribunales ordinarios en diferentes países, como Reino Unido, Australia o Estados Unidos. Estos juzgados han ido dando la razón a los inversores y han permitido embargos de bienes españoles en esos países.

Por ejemplo, España ya ha tenido que depositar 32 millones de euros en un juzgado de Bélgica para evitar el embargo de los ingresos de la empresa pública Eurocontrol. En otros países ya se han identificado bienes públicos para embargar, como edificios del Instituto Cervantes o emisiones de bonos de deuda pública.

El problema ha pasado ahora a la nueva ministra, Sara Aagesen. Los fondos internacionales han ofrecido al Gobierno un acuerdo para cerrar este conflicto, que no ha sido atendido por la anterior ministra, Ribera.