El Constitucional contra los madrileños: miles de contribuyentes en vela por Patrimonio hasta 2026

El retraso del fallo del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto sobre el Patrimonio se prolonga hasta 2026, sumiendo en la incertidumbre a más de 200.000 contribuyentes, especialmente a los madrileños, que seguirán pagando un tributo en entredicho. En un alarde de flema burocrática, el Alto Tribunal ha decidido tomárselo con calma: la pregunta de si este controvertido impuesto es constitucional o no puede esperar otro añito más. Eso sí, mientras Sus Señorías lo meditan, Hacienda sigue cobrando religiosamente y los contribuyentes, a pasar por caja sin chistar.

Madrid, del oasis fiscal al impuesto «solidario»

La Comunidad de Madrid llevó durante años la bandera de ser un oasis libre de Impuesto de Patrimonio gracias a una bonificación del 100% que en la práctica anulaba ese gravamen para sus residentes más acaudalados. Esa ventaja, sin embargo, se esfumó cuando en 2022 el Gobierno central creó un nuevo tributo estatal sobre grandes fortunas que no admite bonificaciones autonómicas, neutralizando de golpe el privilegio fiscal madrileño. 

El pomposamente llamado Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas vino a ser, en la práctica, un Patrimonio paralelo diseñado para que los ricos madrileños volverán a tributar por sus bienes aunque su autonomía quisiera eximirlos. “El impuesto estatal ha anulado la autonomía fiscal de Madrid, porque sus residentes siguen pagando, aunque la comunidad mantenga formalmente su bonificación”, explica Ángel Sánchez, socio y abogado de Golden Partners. 

Dicho de otro modo: el Gobierno encontró la manera de imponerse sobre la política fiscal madrileña y cobrar donde antes la Puerta del Sol había decidido perdonar. No es de extrañar que la Comunidad de Madrid haya llevado esta batalla al terreno jurídico. El recurso ante el Constitucional sostiene que el Gobierno vulneró el principio de legalidad tributaria al aprobar cambios en Patrimonio a través de la Ley de Presupuestos, en lugar de una ley específica. 

Como expone el socio del bufete, “el problema jurídico no reside en la existencia del impuesto, sino en el modo en que se aprobó su reforma; es una cuestión de procedimiento y de respeto al principio de reserva de ley en materia tributaria”. Además, Madrid defiende que el nuevo impuesto estatal de grandes fortunas vacía de contenido su competencia autonómica: en su opinión, la decisión de aplicar o bonificar el Patrimonio debería corresponder a la comunidad, no al Estado.

Justicia tardía, incertidumbre presente

Las razones formales del aplazamiento son conocidas: el Constitucional alega complejidad técnica del caso, acumulación de otros asuntos fiscales (incluyendo la propia tasa sobre grandes fortunas) y la renovación parcial del tribunal, factores que aconsejarían más tiempo para “unificar criterios”. Sea como fuere, el resultado es una incertidumbre prolongada que deja a los contribuyentes en tierra de nadie.

 “La falta de certeza sobre si el impuesto es o no constitucional tiene un impacto directo en las decisiones económicas de los contribuyentes. Nadie sabe si dentro de un año lo que hoy se paga podrá ser reclamado”, indica el letrado. Y así, miles de madrileños con patrimonios de más de tres millones se encuentran haciendo malabarismos fiscales a ciegas: pagar por si acaso, pero sin saber si luego podrán recuperar lo abonado. Lo irónico es que a nadie en el Gobierno le urge resolver este entuerto. Al fin y al cabo, cada día de retraso es dinero que sigue entrando en las arcas públicas. 

Si el Constitucional acaba avalando el impuesto, el tributo quedará consolidado y el Estado se asegura unos jugosos 2.000 millones de euros anuales de recaudación. Y si eventualmente lo tumba, para entonces Hacienda ya habrá hecho caja y solo tendrá que devolver (con cuentagotas) a quienes reclamaron a tiempo. “Solo podrán recuperar lo pagado los contribuyentes que hayan presentado una solicitud de rectificación o una reclamación administrativa. Quien no haya actuado preventivamente perderá ese derecho”, advierte el abogado. Traducido: el que no pague y reclame, pierde. De hecho, es habitual que el Tribunal limite los efectos retroactivos de sus fallos para evitar un roto presupuestario, así que más vale curarse en salud.

La decisión que tome el Constitucional marcará un antes y un después en la financiación autonómica. Si avala el impuesto estatal, se consolidará un modelo de armonización forzosa que reduce la autonomía fiscal de regiones como Madrid, igualando por abajo la competencia tributaria entre comunidades. Si, por el contrario, el Tribunal le da la razón a Madrid y anula el gravamen, la Comunidad recuperaría su libertad para bonificar Patrimonio al 100% y sus residentes dejarían de tributar por este concepto. 

Pero ¡ojo!, que el alivio podría durar poco: el Gobierno ya baraja un “plan B” en caso de revés jurídico. “Podría crear un nuevo tributo sobre la riqueza o un impuesto finalista para financiar el gasto social”, señala el abogado. Eso sí, lo correcto sería hacerlo mediante una ley ordinaria y debate parlamentario, no a golpe de decreto como nos tienen acostumbrados. Al final, los contribuyentes madrileños quedan como convidados de piedra en este pulso político-fiscal entre administraciones. Su mejor opción, por amarga que sea, es seguir la receta que resume el letrado: declarar, pagar y reclamar. O traducido a lo castizo: paga ahora, que ya si eso te lo devolverán (algún día). 

Porque mientras el Constitucional sigue dilatando los tiempos, la realidad es que la “seguridad jurídica” para el ciudadano medio se ha quedado en un eslogan vacío. Y en 2026, cuando por fin llegue el dichoso fallo, veremos cuánto queda en pie del modelo fiscal madrileño. Y cuántos tendrán que dar las gracias, irónicamente, por haber pagado a ciegas para, con suerte, recuperar su dinero con intereses.