Cae la venta de coches, la industria en recesión, más desahucios… y Sánchez dispara el gasto por el 28-A

Mas gasto en obras y cuestiones sociales -los que más votos dan a los gobiernos- y menos crecimiento económico dibujan un círculo vicioso para la economía española. La consecuencia será un incremento del déficit público muy por encima del 1,3% previsto en los Presupuestos del PP, un desfase que superará los 11.000 millones de euros según los expertos y que deberá corregir el próximo gobierno, sea del signo que sea, tras los comicios del 28 de abril.

Hay que añadir, además, que la falta de un ganador claro forzará un periodo de negociaciones entre los partidos que retrasará la formación de Gobierno hasta junio o julio, después de los comicios autonómicos y municipales de mayo. Más incertidumbre.

Y, mientras, el Gobierno está acelerando la licitación de obra pública además de las ayudas sociales de los viernes, incrementando el gasto. En enero ha aumentado un 92% la licitación hasta los 2.647 millones de euros fundamentalmente por Adif, el organismo que preside Isabel Pardo de Vera, que ya ha sacado a concurso el 18% de lo previsto para todo el año, según los datos de Seopan.

Tras Adif, la Dirección General de Carreteras fue el organismo con mayor importe de licitación, con 353 millones de euros, el 124,6% más. La Administración General del Estado ha licitado en total 982 millones de euros, un 172,4 % más que el año pasado. Las regiones también han incrementado sus licitaciones en casi un 200%.

Junto al aumento del gasto público en obras, está el de los gastos sociales. El último ejemplo es de este mismo viernes. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto de Igualdad de Trato y Oportunidades para mujeres y hombres que incluye la equiparación del permiso de paternidad al de maternidad, hasta las 16 semanas. Ya este año se amplía de cinco a ocho semanas, y a doce semanas en 2020.

Además, se ha aprobado también en ese mismo texto la recuperación de las cotizaciones sociales para los cuidadores de personas dependientes que correrán a cargo del Estado. Según ha señalado la vicepresidenta, Carmen Calvo, las dos medidas tendrán un coste ya este año para las arcas públicas de 610 millones de euros.

Menos PIB

Y todo esto mientras cada día se va conociendo un puñado de datos económicos que anticipan como mínimo un empeoramiento del PIB -la previsión del Gobierno es del 2,2%-. Este viernes se ha conocido que la Industria española está en recesión por primera vez desde 2013, según el índice PMI. También que el superávit por cuenta corriente de la economía española se redujo a la mitad en 2018.

Además, el consumo también da muestras de flaqueza. Las matriculaciones de coches han caído en febrero un 8,8% y acumulan seis meses seguidos de bajadas, mientras los concursos de acreedores han aumentado un 20% el año pasado y los desahucios, un 4,5%.