Bruselas pide restringir el uso de agua en España: afectaría al 65% de la producción agraria

Unión de Uniones, la segunda mayor asociación de agricultores en España, advierte que el último informe de Bruselas sobre la aplicación de la Directiva Marco del Agua (DMA) y la Directiva sobre Inundaciones (DI) en los Estados miembros deja en un mal lugar a España. En concreto, la organización advierte que esta medida propuesta por la Comisión Europea «supondría un golpe directo para las explotaciones de regadío, que, representando sólo el 23% de la superficie cultivada, generan el 65% de la producción final agrícola» española.

La asociación insiste en que las pretensiones de Bruselas sobre la normativa del agua «tendrían un impacto negativo para los productores» y podrían traducirse «en un golpe para agricultores y ganaderos», dado que restringe el uso de este recurso en unos sectores que lo necesitan para llevar a cabo su actividad.

Además, la Comisión Europea ha planteado «limitaciones en la aplicación de fertilizantes y una escalada de costes productivos que comprometería la rentabilidad del sector». Un mazazo más a unos trabajadores y productores que llevan tiempo protestando por las políticas comunitarias y su mala situación económica.

Los agricultores señalan que uno de «los aspectos más preocupantes del informe» europeo «es el endurecimiento de la normativa sobre contaminación difusa, con restricciones en el uso de fertilizantes y plaguicidas».

«Las restricciones planteadas, intensificando los límites ya existentes en el uso de distintos fertilizantes y fitosanitarios, pueden afectar gravemente a la productividad de los cultivos. Sin alternativas viables, la reducción en la fertilización conllevará menores rendimientos, lo que, sumado a la subida de costes de insumos, pondrá en serios aprietos a muchos agricultores», advierte Unión de Uniones.

Por otro lado, la Comisión Europea también propone medidas que perjudican a los ganaderos, pues «plantea limitaciones más severas en la gestión de purines y estiércoles, en su uso como fertilizante y un mayor control sobre la densidad ganadera en zonas vulnerables».

Bruselas restringirá el uso de agua

Sin embargo, pese al resto de restricciones que se quieren imponer ahora desde Europa, Unión de Uniones pone el foco sobre «la regulación del uso del agua en la agricultura», pues Bruselas considera que España debe «revisar las concesiones de agua para riego, ajustar las extracciones a la disponibilidad real y aplicar tarifas más altas para el consumo de agua en la agricultura, penalizando su uso intensivo».

Algo que puede suponer problemas mayores para el campo español, pues el 65% de la producción agrícola proviene de terrenos de regadío, lo que indica que son mucho más productivos y que funcionan como el principal pilar de este sector.

Unión de Uniones señala que las recomendaciones de la Comisión suponen otro ataque a la competitividad del sector agrario europeo, mientras sigue abriéndole las puertas con tratados comerciales como el de Mercosur a productos importados a los que no se les requieren las mismas condiciones ambientales que se exigen en la UE. «Una vez que ya pasaron las elecciones, la Comisión vuelve a pisar el acelerador ambiental y sigue desoyendo el mensaje claro lanzado por el campo en las masivas manifestaciones del pasado año», critican desde la organización.

Los agricultores también consideran que Bruselas no plantea medidas de apoyo claras para afrontar los costes adicionales y las pérdidas de producción derivadas de las nuevas regulaciones: «Estamos otra vez en las mismas… más restricciones, más condicionalidad, cargándolo todo a la misma PAC con menos presupuesto y pagando la sustainability fest los agricultores y ganaderos».

La organización insta a las instituciones europeas a buscar un equilibrio en sus políticas y ha destacado la importancia de realizar un análisis de impacto previo sobre el sector agrario antes de implementar cualquier medida. Además, los representantes del campo exigen garantías acerca de los productos importados y que estos cumplan las mismas exigencias que los producidos en Europa.

Por último, la entidad reclama que no se introduzca ninguna regulación sin prever fondos suficientes para compensar los posibles perjuicios económicos que puedan sufrir las explotaciones agrarias y para apoyar las inversiones necesarias en su adaptación a los nuevos requisitos.