BBVA rechaza entregar los documentos sobre directivos investigados por Villarejo

BBVA ha rechazado entregar al juez que investiga la relación de la entidad con empresas vinculadas al excomisario Villarejo los documentos relativos a la salida del banco de directivos que figuran como investigados, alegando que ello afectaría a derechos de terceros. El pasado 23 de enero, el juez José Luis Calama instó al banco a entregar documentos sobre «la salida de la entidad de todos los antiguos directivos que actualmente figuran como investigados», en todo lo referente «al despido, jubilación, prejubilación y en aquellos casos en que se hubiese pactado algún tipo de indemnización».

Pero el banco, en un escrito fechado el pasado 7 de febrero, rechaza entregar dicha documentación y alega que «no se requiere coactivamente (forzosamente) a BBVA, dejando a salvo su derecho de defensa, la entrega de determinada documentación, sino que se le oficia para que la entregue de modo voluntario». Según sostiene BBVA, se trata «más bien de una suerte de invitación a aportar determinada documentación que afectaría a derechos de terceros».

Además de ser una petición genérica en la que no se solicitan documentos concretos, añade el banco, se refiere a personas físicas que actualmente se encuentran investigadas en la presente causa, pudiendo llegar a afectar también a su derecho fundamental a la intimidad e incluso al secreto bancario. Por ello, «lo procedente es que dicha documentación se solicite individualmente a cada uno de los interesados a través de sus representaciones procesales, para que libremente la aporten, si lo consideran oportuno, y en la forma que estimen pertinente».

Además, los representantes legales del expresidente de BBVA, Francisco González, y del exdirector de los servicios jurídicos del banco, Eduardo Arbizu, presentaron sendos recursos de reforma contra la entrega de dicha documentación, que se encuentran pendientes de resolución.

La «operación Trampa», novena pieza separada del caso Villarejo, gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito. A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de su expresidente Francisco González, al que el juez atribuye presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.