Ana Herrán, presidenta de IHE: «Este Gobierno tiene la voluntad de degradar la Administración Pública»

Los altos cargos de la función pública llevan meses enfrentados abiertamente al Gobierno por su propósito de abrir la puerta de los cuerpos superiores a personal interino, contraviniendo las recomendaciones y advertencias que lleva haciendo a España la Unión Europea desde hace tiempo. Uno de los colectivos más beligerantes contra los propósitos de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, es la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).

Su presidenta, Ana de la Herrán, que ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo contra la convocatoria de plazas del cuerpo superior de inspectores de Hacienda del Estado en la que se permite el acceso a tal responsabilidad a personas que no han aprobado la oposición, señala a OKDIARIO que «estos funcionarios interinos que ahora se pretende postular para hacer el trabajo de los inspectores no tienen la preparación suficiente para cumplir esta función», asegura.

«No solo no han superado la oposición correspondiente, sino que tampoco han realizado el curso selectivo en el Instituto de Estudios Fiscales que deben cumplir todos aquellos candidatos que han rebasado con éxito la fase de oposición, y que dura hasta diez meses, para la puesta al día de los futuros inspectores en los casos prácticos y hacer frente en adelante a la responsabilidad que van a tener que afrontar».

En opinión de Herrán, «esto representa un cambio muy claro de las reglas del juego que va a perjudicar al contribuyente, que se va a sentir cada vez más indefenso ante unos funcionarios carentes de los mínimos conocimientos para desarrollar su trabajo; va a desembocar, sin duda, en una gran indefensión jurídica y va a realimentar el desprestigio de la Administración Pública, por la que este Gobierno no parece demostrar clase de respeto alguno».

Herrán considera contrario al sentido común que «una persona, sin haber superado el proceso selectivo -que es la garantía de estar en posesión de los conocimientos esenciales para su desempeño profesional, como predica la exigencia constitucional de capacidad para el acceso a la función pública -, pueda desarrollar un desempeño tan sensible como es el que se encomienda a los inspectores de Hacienda». «Es absolutamente inexplicable, salvo que no tengas ningún aprecio por el servicio público con la mayor calidad y excelencia posibles», asegura.

Esta es la razón por la que la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha encargado al bufete de abogados con el que trabaja interponer de manera inmediata un recurso contencioso-administrativo contra la convocatoria de plazas para el cuerpo. A juicio de Herrán, esta decisión «vulnera los principios constitucionales que protegen el ejercicio de las potestades públicas, que deben estar a cargo de personas con la formación ineludible para ejercerlas». E insiste en que hace tiempo que la Unión Europea está advirtiendo a España al respecto, en el sentido de restablecer la normalidad y la profesionalidad en la Administración y acabar de una vez con la temporalidad en la función pública, una exhortación de la UE «que el Gobierno no tiene ninguna intención de cumplir».

Según De la Herrán, «la normativa vigente restringe el ejercicio de las funciones de la Administración que supongan el ejercicio de potestades públicas a los funcionarios de carrera, excluyendo de las mismas a los interinos». Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya denunció hace tres años el abuso de la figura del interino por la Administración española, lo que hace más incomprensible que esta práctica no sólo no se reduzca, sino que pretenda extenderse a «áreas de la función pública en las que jamás se había utilizado». «Porque esta es la primera vez que se ejerce en relación con los inspectores de Hacienda», indica de la Herrán.

La asociación que preside considera que esta iniciativa supone una quiebra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad sobre los que se asienta el acceso a la Función Pública y que, hasta el momento, se respetaban en el acceso al cuerpo de la Inspección de Hacienda. La posibilidad que abre esta convocatoria se juzga como una muestra de voluntad política para colonizar la Administración en general, y la tributaria en particular -mediante la incorporación masiva de interinos- sin que los candidatos sean seleccionados a través de un proceso transparente e igualitario, sino mediante otras fórmulas que pueden responder a motivaciones espurias, criterios opacos y manifiestos abusos.

El Gobierno politiza la Administración

La Asociación de Inspectores de Hacienda rechaza con rotundidad esta medida, no solo por la propia dignidad del cuerpo, sino «como forma de garantizar la independencia y profesionalidad de aquellos funcionarios que tenemos la responsabilidad de obtener los recursos económicos de los contribuyentes para sostener los gastos públicos y el mantenimiento de nuestro Estado de bienestar». Cualquier intromisión política, o la simple falta de la necesaria cualificación de los funcionarios, dará lugar a una quiebra en el principio de igualdad en la contribución al sostenimiento de los gastos, asegura De la Herrán.

A su juicio, y el de la asociación que preside, «la elaboración de una lista de interinos supone no sólo una rebaja de la exigencia, sino también dar pie a la discrecionalidad, a la valoración subjetiva y a la selección injusta del personal de la Administración tributaria, y todo esto casa mal con un funcionario independiente, altamente preparado y que debe asumir el mejor servicio al ciudadano en un área tan relevante y sensible como es el pago de los tributos».