Un agricultor fue arrestado y multado con más de 1,8 millones de euros por plantar y vender fruta sin permiso

Una inspección agrícola en la provincia de Lérida ha acabado convirtiéndose en un procedimiento penal que puede tener consecuencias muy serias para un productor frutícola de la zona. La Guardia Civil detuvo a un agricultor, que podría además acabar siendo multado con casi 1,8 millones de euros, tras comprobar que en varias de sus fincas crecían miles de árboles de una variedad registrada sin que constara autorización para su cultivo. Según la investigación, la fruta habría sido comercializada durante distintas campañas sin pagar las regalías correspondientes.

El caso gira en torno a la variedad Nectadiva, desarrollada por la empresa francesa Agreo Selections Fruit y protegida por el sistema europeo de obtenciones vegetales. Este régimen otorga al obtentor derechos exclusivos de explotación durante un largo periodo, lo que obliga a cualquier agricultor interesado a firmar una licencia y abonar un canon por cada planta o por la producción obtenida. En este caso, los investigadores sostienen que el agricultor que fue detenido y multado habría reproducido la variedad mediante técnicas de injerto, multiplicando los árboles sin autorización y eludiendo así el pago de los derechos correspondientes.

Un agricultor fue arrestado y multado con más de 1,8 millones de euros

Fueron los análisis los que terminaron de cerrar el círculo. Los agentes recogieron ramas y hojas en tres fincas distintas relacionadas con el agricultor y enviaron las muestras a laboratorio. No fue sólo una comprobación visual o una simple sospecha por el aspecto de la fruta, sino una prueba genética completa.

Cuando llegaron los resultados, no hubo margen para la interpretación. El perfil coincidía con la variedad registrada. No era una nectarina parecida ni una línea cercana, sino la misma Nectadiva protegida. En este tipo de procedimientos, el ADN funciona casi como una huella dactilar ya que si encaja, es muy difícil discutirlo.

Con ese informe sobre la mesa, la causa dejó de ser una irregularidad administrativa y pasó a tener recorrido penal. En España, reproducir y vender una variedad protegida sin permiso no se considera una simple falta burocrática. Puede acabar en los tribunales como un delito contra la propiedad industrial, con consecuencias que van bastante más allá de una multa.

A qué sanciones podría enfrentarse

El agricultor salió en libertad tras prestar declaración, pero el proceso judicial sigue abierto y lo realmente delicado empieza ahora. Porque más allá de la detención, lo que está en juego es el coste final del caso. La ley contempla penas de prisión que pueden llegar a los tres años cuando se acredita la vulneración de derechos sobre una variedad protegida, además de una sanción económica que, en su tramo más alto, ronda los 288.000 euros.

Pero esa cantidad sería solo una parte del problema. El titular de la nectarina puede reclamar lo que dejó de ingresar durante todo el tiempo en que los árboles estuvieron produciendo sin licencia. Eso incluye las regalías correspondientes a cada uno de los 5.000 ejemplares y a cada campaña comercializada. Si el juez acepta esas reclamaciones y ordena además la retirada o destrucción de la plantación, el golpe económico podría dispararse hasta cifras que superen el millón de euros, una cantidad difícil de asumir para cualquier explotación agrícola de tamaño medio.

Cómo funciona la protección de variedades vegetales

El desarrollo de una nueva variedad frutal implica años de investigación, ensayos y selección genética. Las empresas obtentoras registran esas variedades para proteger la inversión realizada y garantizar que solo quienes cuentan con licencia puedan explotarlas comercialmente.

En la práctica, el agricultor autorizado paga un canon por cada planta adquirida o un porcentaje ligado a la producción. Ese sistema permite financiar nuevas investigaciones y mantener estándares de calidad y trazabilidad. Plantar sin licencia rompe ese equilibrio y genera competencia desleal frente a quienes sí cumplen con las condiciones establecidas.

En una provincia como Lérida, uno de los principales núcleos frutícolas de España, el control sobre este tipo de variedades es especialmente riguroso debido al elevado número de cultivos protegidos que se trabajan cada temporada.

Un caso que inquieta al sector

Más allá del desenlace judicial, el caso ha generado preocupación entre productores y cooperativas. El uso de pruebas genéticas como elemento central de la acusación demuestra que las autoridades cuentan con herramientas técnicas cada vez más precisas para detectar plantaciones no autorizadas.

Las asociaciones del sector recuerdan que el respeto a las licencias no es sólo una cuestión económica, sino también sanitaria. Las plantas certificadas pasan por controles estrictos antes de llegar al campo, lo que reduce el riesgo de enfermedades y garantiza homogeneidad en la producción. El material vegetal reproducido al margen de esos circuitos puede no estar sometido a los mismos estándares.

El juicio determinará ahora el alcance de la responsabilidad del agricultor y las sanciones definitivas. Pero el mensaje ya ha calado en el sector: la reproducción de variedades protegidas sin autorización no es una simple irregularidad administrativa, sino una infracción que puede acarrear consecuencias penales y pérdidas económicas de gran magnitud.