Treinta y un magistrados del Supremo deciden quién paga los 2.300 millones del impuesto hipotecario

Treinta magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 4 de ellos mujeres y 26 hombres, junto a su presidente Luis María Díez-Picazo, se reúnen este lunes para decidir el futuro de 2.300 millones de euros, que son los que Moody’s ha calculado que tendrá que afrontar quien tenga que pagar la factura del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, conocido popularmente como ‘impuesto hipotecario’.

El auto que salga del Pleno de hoy determinará, entre otros, si la polémica sentencia que dictó la Sala Tercera del Supremo tendrá carácter retroactivo. Algo que obligaría a devolver el impuesto abonado desde hace cuatro años. No obstante, también podría establecer que nadie tenga que hacerse cargo de estos 2.300 millones y que el cambio en la interpretación del impuesto solo se produzca con posterioridad a la sentencia. Esta decisión no evitaría las demandas por vía civil que los despachos de abogados están preparando, pero sí otorgaría mayor estabilidad dado que ni las Haciendas de las comunidades autónomas ni los bancos tendrían que afrontar el impuesto hipotecario con carácter retroactivo.

Otra opción, algo más complicada según los expertos, es que se estableciera un pago anterior superior a cuatro años. Por no tratarse de una cláusula abusiva como en el caso de las cláusulas suelo -cuando el tribunal de Luxemburgo estableció que si es abusiva, lo ha sido siempre, y por tanto la retroactividad es plena y aplica a todas las hipotecas vivas- sino del cambio de interpretación de un impuesto, de una modificación de su sujeto pasivo, plantear un pago años atrás sería complejo jurídicamente.

Por no hablar de las negativas consecuencias de establecer pagos en los años anteriores, bien para la propia banca (que tendría que provisionar) o bien para las comunidades autónomas, que son las que cobraron este impuesto. El déficit de las autonomías también está en juego, y 2.300 millones son un 0,23% del PIB aproximadamente.

Un Pleno no experto en la materia

Un vistazo a los nombres de los magistrados que decidirán sobre este impuesto que puede tener efectos inmediatos tanto en los balances de los bancos como -bastante más probable- en las cuentas públicas y el déficit de las comunidades autónomas arroja una primera conclusión: los magistrados no son especialistas en materia impositiva y menos ante una argumentación tan compleja como la de quién es el sujeto pasivo del impuesto.

Algunos de los magistrados han participado durante este año en otros juicios y sentencias de enorme complejidad contencioso-administrativa, como lo fue la sentencia del Tribunal Supremo que estableció la regulación definitiva de las licencias VTC, blindando la proporción de una licencia de VTC por cada 30 de taxis. Magistrados como Eduardo Espín Templado -el ponente- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Eduardo Calvo Rojas, María Isabel Perelló Doménech, Diego Córdoba Castroverde, Ángel Ramón Arozamena Laso y Fernando Román García participaron en estas deliberaciones de altísima complejidad técnica. Todos ellos decidirán también este lunes en otro bizantino debate sobre el impuesto hipotecario.

La posición de los afectados

José Luis Martínez, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), espera «que se clarifique, que se resuelva y que vuelva la certeza al mercado hipotecario. Pero, sea la decisión que sea, los bancos van a asumir la Ley como han hecho siempre». «Esto es un cambio de criterio en una norma fiscal. Es una relación entre el contribuyente y Hacienda en la que los bancos no son parte. Los bancos no han cobrado ningún impuesto y, por tanto, si ahora cambia la norma los bancos seguirán cumpliendo la Ley», continúa Martínez.

«Pero lo más importante es que se clarifique. Tienen que volver las normas claras y si queremos tener un mercado hipotecario que funcione bien no deberíamos tener cambios inesperados en las normas, sino que deberíamos tener una certeza jurídica», señalan desde AEB.

Ileana Izverniceanu, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cree que, en caso de que el Supremo decida a favor de los bancos, será una decisión «inaudita» que supondrá «una marcha atrás sin precedentes en contra de la propia jurisprudencia del Tribunal y que perjudicará a más de 14 millones de familias en España». «La sentencia pondría en cuestión la independencia de poder judicial frente al poder de la banca y crearía una situación de desconcierto e inseguridad jurídica en la sociedad», continúa la citada portavoz.

OCU, en este caso, pediría la inmediata dimisión del presidente de la Sala Tercera, Luis Miguel Diaz Picazo, por «una gestión pésima sin precedentes que habría perjudicado a millones de consumidores». Sin embargo, desde la asociación esperan que, llegado el caso, al igual que ocurrió en su momento con la sentencia de la cláusula suelo, que el Tribunal de Justicia Europeo corrija esta sentencia y «aplique la Ley». «Ahora más que nunca, OCU considera necesaria la eliminación del AJD por tratarse de un impuesto injusto que encarece la hipoteca», concluyen.

Hablan los afectados

José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), espera «que se clarifique, que se resuelva y que vuelva la certeza al mercado hipotecario. Pero, sea la decisión que sea, los bancos van a asumir la Ley como han hecho siempre». «Esto es un cambio de criterio en una normal fiscal. Es una relación entre el contribuyente y Hacienda en la que los bancos no son parte. Los bancos no han cobrado ningún impuesto y, por tanto, si ahora cambia la norma los bancos seguirán cumpliendo la Ley», continúa Campuzano.

«Pero lo más importante es que se clarifique. Tienen que volver las normas claras y si queremos tener un mercado hipotecario que funcione bien no deberíamos tener cambios inesperados en las normas, sino que deberíamos tener una certeza jurídica», señalan desde AEB.

Ileana Izverniceanu, portavoz de la OCU, cree que, en caso de que el Supremo decida a favor de los bancos, será una decisión «inaudita» que supondrá «una marcha atrás sin precedentes en contra de la propia jurisprudencia del Tribunal y que perjudicará a más de 14 millones de familias en España». «La sentencia pondría en cuestión la independencia de poder judicial frente al poder de la banca y crearía una situación de desconcierto e inseguridad jurídica en la sociedad», continúa Izverniceanu.

OCU, en este caso, pediría la inmediata dimisión del presidente de la Sala Tercera, Luis Miguel Diaz Picazo, por «una gestión pésima sin precedentes que habría perjudicado a millones de consumidores». Sin embargo, desde la asociación esperan que, llegado el caso, al igual que ocurrió en su momento con la sentencia de la cláusula suelo, que el Tribunal de Justicia Europeo corrija esta sentencia y «aplique la Ley». «Ahora más que nunca, OCU considera necesaria la eliminación del AJD por tratarse de un impuesto injusto que encarece la hipoteca», concluyen.