Requerimiento de Catalá al Gobierno: si los acampados causan incidentes el ‘9 d’Octubre’ iniciará acciones legales

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha enviado un requerimiento a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en el que la insta a adoptar las medidas de seguridad que sean necesarias para el normal desarrollo de la jornada de los actos del 9 d’Octubre, el Día de la Comunidad Valenciana, en Valencia. María José Catalá advierte a la delegada que, si no adopta «las medidas a su alcance para garantizar la seguridad y la integridad de las personas en la Plaza del Ayuntamiento y para que se celebren los actos conmemorativos» de ese día «de acuerdo con la relación agendada y autorizada previamente, se llevarán a cabo las acciones legales que procedan», según consta en el citado requerimiento al que ha tenido acceso OKDIARIO.

En síntesis: el Ayuntamiento de Valencia ha transmitido a la Delegación del Gobierno de Pedro Sánchez que, si en el transcurso de los actos del Día de la Comunidad Valenciana que se celebrarán en la Plaza del Ayuntamiento se producen incidentes a causa de la acampada instalada en la citada plaza, tomará acciones contra el Gobierno. Y, más concretamente, contra su delegación en la Comunidad Valenciana y la titular de esta, Pilar Bernabé, por desprotección.

El pasado sábado, decenas de radicales de izquierda que tomaban parte de una manifestación por la vivienda se dirigieron al Palau de Les Arts, en Valencia. En torno a 60 de ellos derribaron las barreras de seguridad y penetraron en el interior. El personal tuvo que esconderse en los baños mientras algunos de los invasores intentaban acceder a un congreso de inversiones inmobiliarias. Nueve policías resultaron heridos en los incidentes al intentar restablecer el orden. Uno de ellos, el jefe de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que detuvo con un brazo el lanzamiento de una valla de seguridad.

Cinco de los manifestantes resultaron detenidos. Este lunes, esos mismos detenidos fueron puestos en libertad con cargos, pero sin medidas cautelares, y recibidos a su salida de los juzgados con aplausos y abrazos.

Aquel mismo sábado, parte de los manifestantes se dirigieron a la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Allí, se hicieron fuertes y organizaron una acampada que sigue instalada con más de 100 tiendas, cuando faltan apenas 72 horas para que den comienzo los actos del Día de la Comunidad Valenciana. Esos actos tienen uno de sus epicentros en la citada plaza, con una procesión cívica, un lanzamiento de fuegos artificiales y otros eventos. Toda Valencia estará allí.

El Ayuntamiento sostiene que la seguridad de los participantes en la procesión cívica y de los asistentes no está garantizada, porque la Delegación del Gobierno no ha respondido a su petición de seguridad por policías nacionales uniformados ni al ofrecimiento de colaboración por la Policía Local.

Este martes, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha hartado. Si la delegada del Gobierno no garantiza la seguridad de los participantes en los actos y de quienes acudan pacíficamente a presenciarlos, ese día en ese lugar, tomará acciones legales.

En el cuerpo del escrito, el nudo central del requerimiento enviado por el Ayuntamiento de Valencia a la Delegación del Gobierno de Pedro Sánchez, el consistorio advierte que «la responsabilidad de garantizar la seguridad e integridad de las personas en el marco de la concentración/asentamiento realizado en la Plaza del Ayuntamiento corresponde a la Administración General del Estado a través de la Delegación de Gobierno».

Y advierte, también, que «a la vista de las circunstancias descritas en el presente documento, procede indicar que, en el caso de que se produjeran incidentes en los próximos días que afectaran a la seguridad e integridad de las personas, esa Delegación del Gobierno sería responsable, por cuanto no ha dispuesto presencia policial uniformada hasta el momento y no ha atendido al ofrecimiento de colaboración de la Policía Local de Valencia».