El PP pide al juez que abra juicio oral contra el hermano de Ximo Puig por fraude de subvenciones
Dice que la conducta descrita en informes y manifestaciones "puede conducir a considerar la existencia de un verdadero grupo criminal"
Afirma que los investigados "incurrieron en un clarísimo fraude para conseguir resultar adjudicatarios de grandes cuantías"
El PP ha solicitado al Juzgado de Instrucción 4 la apertura de juicio oral contra Francis Puig, hermano del ex presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig por un presunto fraude en la obtención de subvenciones procedentes de la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña, entre los años 2015 y 2018, así como del Gobierno de Aragón en 2018.
Los populares están personados en el procedimiento que sigue contra el hermano de Ximo Puig , a través de la senadora Eva Ortiz. Esta última, fue, durante la pasada legislatura, la presidenta del Grupo Popular en las Cortes Valencianas.
La petición del PP está formulada a través del escrito de alegaciones y solicitud de transformación en procedimiento abreviado. Es decir, en el que las partes, y en este caso la mencionada acusación particular, debe manifestar si solicita o no la apertura de juicio oral.
El escrito de alegaciones
En la parte final del citado escrito de alegaciones, este sostiene que «la conducta descrita en los informes de la Guardia Civil y en la querella y sus ampliaciones, así como lo que resulta de las manifestaciones de la Sra. Aular, obrantes en autos, puede conducir a considerar la existencia de un verdadero grupo criminal constituido por el Sr. Puig y el Sr. Adell Bover y las personas jurídicas de los grupos empresariales de ambos dos, con los correspondientes efectos jurídico-penales».
El escrito hace suyo un informe de la Guardia Civil del que se desprende, sumadas las cantidades, que tres empresas relacionadas con el hermano del ex presidente valenciano, Comunicacions dels Ports S. A., Mas Mut Produccions S. L. y Canal Maestrat S. L. acumularon más de 1,2 millones de euros en subvenciones recibidas de los tres gobiernos antes mencionados.
Ese mismo escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el PP centra sus alegaciones en dos informes elaborados por el Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil en los años 2022 y 2024. Dos documentos que suman 834 folios y a los que se remiten en su totalidad haciendo suyas las afirmaciones que contienen, sin perjuicio de otras a las que les conducen «conjuntamente con el resto de los documentos y declaraciones obrantes en autos».
Ayudas al fomento del valenciano
En cuanto a las ayudas para el fomento del valenciano en medios de comunicación y las subvenciones estructurales para la edición de medios en catalán, el PP entiende que «ninguna duda cabe alcanzado este punto del procedimiento que los investigados Sr. Puig y Sr. Adell Bover incurrieron en un clarísimo fraude para conseguir resultar adjudicatarios de grandes cuantías en las subvenciones que nos ocupan, acudiendo para ello a distintas argucias (…) que se han evidenciado a lo largo de toda la instrucción».
Considera, también la citada acusación particular en otra parte de sus alegaciones, en este caso referida a los supuestos métodos desplegados para el presunto fraude en subvenciones, que «los querellados se han valido de distintos mecanismos para asegurar incrementar ficticiamente los gastos en que incurrían sus mercantiles para así poder justificar subvenciones obtenidas a las que no hubieran tenido derecho o, de tenerlo, en un importe muy inferior».
«Doble utilización de gastos»
Y que las presuntas vías para llevar a término ese presunto fraude han sido una «doble utilización de gastos», las «facturas cruzadas entre sociedades», una «múltiple utilización de contenidos» y el «falseamiento de gastos beneficiándose de la ausencia de control».
En cuanto a la «doble utilización del gasto», el escrito argumenta, entre otras cuestiones, que «se valían de la presentación duplicada de las facturas tanto ante la Generalitat Valenciana como ante la Generalitat de Catalunya, así como también de la doble imputación de las nóminas de los trabajadores de las sociedades».
En torno a las «facturas cruzadas entre sociedades», sostiene que se trata de facturas «que no se corresponden con trabajos reales o que, de serlo, se trata de trabajos que ya han sido subvencionados en otra sociedad, de modo que con esta técnica se consigue duplicar los gastos a efectos de justificación de la subvención».
Y esgrime que «aún cuando los trabajos hubieran sido reales, que no es el caso, el encargo a una sociedad distinta de las actividades objeto de la subvención hubiera constituido un supuesto de subcontratación de la subvención, también impedido legalmente, de modo que aún en ese supuesto se confirmaría el fraude».
Por lo que hace referencia a la «múltiple utilización de contenidos», el escrito defiende que «existe una absoluta confusión de contenidos entre los medios de comunicación» de dos empresas: Mas Mut Producciones (MMP) y Comunicacions dels Ports (CDP). «Se trata de la reutilización en distintas empresas del mismo objeto subvencionable -los contenidos- para hacerlos pasar por nuevos en cada una de ellas, ya que los gastos para su creación se imputan de forma total en todas las empresas, y no parcialmente atendiendo a porcentajes».
En el supuesto «falseamiento de gastos beneficiándose de la ausencia de control» explica que «sucede, por ejemplo, en la anualidad de 2016, en la que CDP introduce como gasto hasta 4 veces la misma factura de MMP, justificando sólo con esa factura un total de 25.251 €. Un dinero que, dicho sea de paso, ya habría sido subvencionado una vez (a MMP, que obtuvo su propia subvención)».
Finalmente, suplican al juzgado que tenga por presentado el escrito de alegaciones y que acuerde conforme a lo manifestado «dictando auto de transformación en procedimiento abreviado para la consiguiente y posterior apertura de juicio oral».