Los pirotécnicos exigen al Gobierno que devuelva al uso público la plaza de Valencia tomada por la acampada

El sector pirotécnico de la Comunidad Valenciana, representado por la Asociación Española de Pirotecnia (AEPIRO), con el apoyo de la Asociación de Comerciantes de Fuegos Artificiales de España (PIROVAL) y con el apoyo de la Asociación Galega de Industriais Pirotécnicos (AGIP), ha exigido a la Delegación del Gobierno de Pedro Sánchez, que dirige la socialista Pilar Bernabé, que ponga «todos los medios» para garantizar la celebración de la mascletá del 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana en la Plaza del Ayuntamiento. Además, exige también al gobierno la «evacuación inmediata de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia» de la acampada de la vivienda y le advierte de posibles «responsabilidades penales y patrimoniales» a los responsables políticos, en clara referencia a la citada Pilar Bernabé.

Nuevo patinazo del gobierno de Sánchez en Valencia. Su negativa a retirar la acampada que se formó en Valencia por radicales de izquierdas bajo el paraguas de la vivienda ha enervado al sector pirotécnico. Una industria que da trabajo a unos 3.200 trabajadores y genera un impacto económico de unos 1.200 millones de euros al año.

La mascletá prevista para el 9 de octubre en la plaza del Ayuntamiento de Valencia con motivo del Día de la Comunidad Valenciana es el principal acto perjudicado por el rechazo de la Delegación de Gobierno a retirar la acampada y con todos los visos de ser suspendido. 

De hecho, la citada industria, en un comunicado emitido este miércoles y al que ha tenido acceso OKDIARIO, expresa su «profunda preocupación e incertidumbre» ante lo que califica de «falta de garantías de seguridad» para el normal desarrollo de los actos. Y califica de «inadmisible e incongruente» la «complicidad institucional» de la Delegación que, según expresa, «debiendo autorizar formalmente los espectáculos pirotécnicos» para ese día, «consiente simultáneamente una acampada ilegal que impide físicamente el montaje seguro de las instalaciones».

El sector exige a la administración competente, «en este caso la Delegación de Gobierno» en la Comunidad Valenciana, «una solución inmediata que garantice de forma estricta la celebración de la mascletá».

Advierten también los pirotécnicos que la «persistencia» de la situación actual, les obligará a exigir «responsabilidades patrimoniales directas a la Administración», en clara referencia al Gobierno de Sánchez, «por todos los daños y perjuicios económicos derivados de la suspensión o alteración de los actos». A la vez que denuncian «la intolerable inacción de la Delegación de Gobierno, cuya pasividad ante una ocupación ilegal que ya es abiertamente indefinida ampara un desborde intolerable del derecho de reunión».

Además, recalcan que «esta flagrante dejación de funciones traspasa la línea de la mera gestión administrativa» y advierten que «al comprometerse de forma crítica la seguridad y los bienes públicos, los hechos darán lugar  a la exigencia de responsabilidades personales, incluso penales, de las autoridades responsables».

Advierten que la ocupación de un espacio público «sabotea directamente un Bien de Interés Cultural (BIC) blindado por el Estado mediante decreto 127/2016 (…) que protege legalmente la Procesión Cívica y los actos oficiales que concluyen en la plaza».

El sector muestra también su preocupación porque «peligra el XX International Symposium on Fireworks», que debe celebrarse en Valencia del 11 al 16 de octubre. «El perjuicio en la reputación y la economía, de no poder arrancar el congreso, es incalculable».